Durante una sesión en la Corte Suprema de Brasil se escucharon este miércoles los argumentos a favor y en contra para los reclamos de tierras que decenas de indígenas aseguran son necesarios para su supervivencia, mientras que el Gobierno de Jair Bolsonaro defiende la seguridad jurídica de los agricultores en dichas zonas
Un grupo de indígenas brasileños reclaman desde 1988 cientos de hectáreas de tierras que les pertenecieron hasta la llegada de colonos europeos que se asentaron en sus territorios ancestrales.
Es el caso de la comunidad Xokleng, que habita en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Los indígenas de este pueblo que participaron en la sesión en la Corte Suprema esperaban ansiosamente el fallo que podría restaurar el territorio que perdieron hace décadas.
La Corte analiza si el Gobierno estatal aplicó una interpretación demasiado estrecha de los derechos indígenas al reconocer únicamente las tierras ocupadas por comunidades nativas en el momento en que se ratificó la Constitución de Brasil, en 1988.
El derecho a las tierras ancestrales, determinado en la Constitución
La Corte Suprema de Brasil reanudó este miércoles el juicio sobre la llamada “tesis del marco temporal” para la demarcación de tierras Indígenas, luego de haber sido suspendida el pasado 26 de agosto.
El caso del reclamo de tierras se desató cuando el Gobierno estatal interpretó limitadamente los derechos indígenas para poder desalojar a la comunidad Xokleng de una reserva natural en sus tierras ancestrales.
Según APIB, la mayor organización indígena de Brasil, la llamada “tesis del marco temporal” es “una tesis ruralista que restringe los derechos indígenas. Según esta interpretación, considerada inconstitucional, los pueblos indígenas sólo tendrían derecho a las tierras que estaban en su poder el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución. Esta tesis es defendida por empresas y sectores económicos interesados en explorar y apropiarse de tierras indígenas”.
Pero, a esta figura se le opone la llamada “teoría del indigenato”, consagrada en la Constitución de 1988. Según ella, como cita APIB, “el derecho indígena a la tierra es original, es decir, es anterior a la formación del propio Estado brasileño, independientemente de una fecha concreta de la posesión de la tierra (“marco temporal”) e incluso el procedimiento administrativo de demarcación territorial”.
Poco después de la interpretación del Gobierno, la decisión fue apelada por Funai, la agencia de asuntos indígenas de Brasil que lo hizo en nombre de los miembros de la comunidad Xokleng.
Por su parte, Luiz Eloy Amado, abogado de APIB, aseguró que la regla era inconstitucional porque no había un plazo en la Carta Magna de 1988, que garantizaba el derecho a las tierras ancestrales.
“La cuestión de la tierra es fundamental para los pueblos indígenas de Brasil”, dijo Amado a la Corte este miércoles, y agregó que unas 800 reclamaciones se paralizarían si el tribunal no rechaza el plazo de 1988.
Sin embargo, el procurador general del Gobierno, Bruno Bianco, argumentó que el la “tesis del marco temporal” brindaba seguridad jurídica a los agricultores, muchos de los cuales han vivido durante décadas en tierras que alguna vez estuvieron habitadas por nativos que fueron expulsados por la llegada de los colonos europeos.
Luego de varias horas de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal suspendió la sesión hasta el jueves. No obstante, se espera que el caso se prolongue durante varios días más.
