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Irán y su posible adhesión al FATF

Los defensores de la iniciativa, en su mayoría miembros de la corriente política conocida como reformistas, entre los que se encuentran el presidente del país, Masud Pezeshkian, subrayan los beneficios económicos y financieros de sumarse al FATF. Argumentan que, en un mundo interconectado, la integración en infraestructuras globales es clave para facilitar transacciones internacionales, atraer inversión extranjera y aliviar las restricciones bancarias que han lastrado la economía iraní. Sostienen, además, que avanzar hacia una mayor cooperación con organismos internacionales es un paso necesario para superar los desafíos económicos y reducir el aislamiento del país.

Además, los reformistas aseguraron durante la campaña electoral que impulsarían un acercamiento diplomático con Occidente, especialmente a través de un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos. En este contexto, la ratificación del FATF sería, a su juicio, una clara señal de buena voluntad.

En el otro extremo, los críticos, que pueden agruparse dentro de la corriente ideológica conocida como “principalistas”, consideran que el FATF es una herramienta de presión extranjera que podría comprometer la soberanía nacional. Algunos lo califican incluso de “segundo Tratado de Turkmenchay”, en alusión al acuerdo del siglo XIX que debilitó a Irán frente a Rusia. También advierten que la adhesión podría violar artículos clave de la Constitución iraní, diseñados para impedir injerencias externas en los asuntos internos del país.

Más allá de las posturas enfrentadas, este artículo busca examinar las posibles implicaciones de la adhesión de Irán al FATF, tanto positivas como negativas, y ofrecer un análisis sobre el papel de esta organización en el sistema financiero internacional.

Historia y funciones del Grupo de Acción Financiera 

El Grupo de Acción Financiera no es un tratado ni una convención, sino una organización intergubernamental. Estas entidades, conformadas por Estados soberanos u otras instituciones internacionales, desempeñan un papel clave en la gobernanza global y en la configuración del derecho público internacional.

El FATF fue creado en 1989 por iniciativa de los países miembros del G7 con el propósito inicial de evaluar y fortalecer las regulaciones contra el lavado de dinero en los mercados financieros internacionales. No obstante, los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión en su mandato. Desde entonces, la organización amplió su enfoque para incluir la vigilancia de los flujos financieros con el objetivo de detectar y prevenir la financiación del terrorismo.

Dentro del FATF, predomina la visión de que los grupos terroristas no solo operan por razones ideológicas, sino que también necesitan recursos económicos para sostener sus actividades. En respuesta, la organización ha desarrollado mecanismos de supervisión permanente para identificar y bloquear sus fuentes de financiamiento.

La función y el impacto del Grupo de Acción Financiera 

En su portal oficial, el FATF se define como una organización política internacional cuyo propósito es impulsar la voluntad política necesaria para reformar leyes y regulaciones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su misión es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir estas amenazas y proteger la integridad del sistema financiero global.

Debido a su amplio mandato y facultades, el FATF elabora informes y listas de evaluación que determinan el nivel de riesgo de inversión en distintos países. Estas clasificaciones no solo influyen en las decisiones financieras, sino que también pueden tener implicaciones políticas y económicas de gran alcance.

Los informes del FATF son una referencia clave para instituciones financieras e inversores internacionales. Su impacto se debe, principalmente, a dos factores:

  1. Reducción del riesgo de inversión, al seguir las recomendaciones de una organización especializada.
  2. Evitar sanciones por incumplimiento de las normativas del FATF, que pueden restringir el acceso a mercados financieros globales.

En definitiva, el FATF desempeña un papel clave en la regulación de los flujos financieros internacionales. Su influencia va más allá del ámbito técnico y lo convierte en un actor central en la arquitectura financiera y política global.

Miembros del Grupo de Acción Financiera 

El FATF está compuesto por 39 miembros, entre ellos 37 países y 2 organismos regionales. Además, cuenta con varios observadores, incluidas importantes organizaciones internacionales.

Países miembros

Los países que integran el FATF abarcan diversas regiones del mundo. Entre ellos se encuentran:

Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.

Organismos miembros

  • Unión Europea (UE)
  • Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG)

En conjunto, estos miembros representan 39 jurisdicciones dentro del FATF.

Miembros observadores

El FATF también cuenta con países y entidades con estatus de observador, entre ellos Arabia Saudí e Israel.

Organizaciones internacionales observadoras

Varios actores internacionales colaboran con el FATF en la supervisión y aplicación de regulaciones globales. Entre ellos destacan:

  • Naciones Unidas (ONU)
  • Fondo Monetario Internacional (FMI)
  • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Estas instituciones trabajan junto al FATF en la implementación de normativas y estrategias financieras a nivel global.

A favor y en contra de la membresía de Irán en el FATF

A favor

Los defensores de la adhesión de Irán al Grupo de Acción Financiera sostienen una visión global y estratégica sobre el tema. Consideran que formar parte del FATF es un paso necesario dentro de un proceso más amplio hacia la globalización económica. Argumentan que, en un mundo cada vez más interconectado, ningún país puede aislarse sin enfrentar costos y pérdidas significativas.

Además, recuerdan que Irán ha sido víctima de actos terroristas y ha sufrido daños considerables debido a la amenaza de grupos extremistas. Desde esta perspectiva, afirman que la membresía en el FATF ofrecería al país herramientas más eficaces para combatir el terrorismo y mitigar su impacto interno.

Otro punto clave que destacan los partidarios es la necesidad de facilitar las transacciones financieras internacionales. La adhesión al FATF permitiría a Irán integrarse mejor con los bancos globales, reduciendo el riesgo de sanciones y restricciones financieras. Argumentan que, sin esta membresía, el país podría enfrentar severas limitaciones en sus relaciones comerciales, afectando la inversión extranjera, las exportaciones y las importaciones.

En definitiva, los defensores de la adhesión creen que Irán necesita formar parte de un sistema financiero global bien regulado para mejorar su estabilidad económica y reducir la presión de actores internacionales.

En contra

Los opositores a la adhesión de Irán al Grupo de Acción Financiera critican principalmente la falta de transparencia de la organización. Consideran que aceptar sus normativas equivaldría a imponerse una sanción autoinducida, ya que obligaría al país a adaptarse a un conjunto de reglas diseñadas por un organismo en el que algunos de sus miembros más influyentes son adversarios tradicionales de Irán.

Además, advierten que la información sobre las transacciones financieras de Irán quedaría al alcance del FATF, lo que permitiría un análisis detallado de sus fortalezas y vulnerabilidades económicas. Temen que esta información sea utilizada para diseñar estrategias en su contra, como ha ocurrido en el pasado con filtraciones de datos sensibles que han generado perjuicios significativos para el país.

Otro argumento clave de los opositores es la posible amenaza a la seguridad nacional y el impacto en el llamado Eje de Resistencia en la región. Señalan que la definición de terrorismo en las normativas del FATF no se ajusta a la perspectiva de Irán ni a su visión sobre los grupos que apoya. Temen que la adhesión obligue a limitar o cortar lazos con aliados estratégicos, comprometiendo su política exterior.

En este sentido, para muchos de los principalistas en Irán, la categoría de “terrorismo” constituye una construcción ideológica que tiene como fin identificar y disciplinar a poblaciones enteras consideradas “incontrolables”, como ocurre con Palestina o el propio Irán.

Visión intermedia

Más allá de las posturas extremas, algunos expertos adoptan una posición intermedia, reconociendo tanto los beneficios como los riesgos de cooperar con el FATF. Argumentan que la relación con esta organización podría generar oportunidades económicas, pero también implicar desafíos políticos y estratégicos que requieren un análisis riguroso por parte del Gobierno y el Parlamento.

Si bien el FATF ha diseñado un marco normativo con 40 recomendaciones para proteger los intereses de sus países miembros, algunos sostienen que la situación particular de Irán hace que su adhesión sea distinta a la de otras naciones. Por ello, consideran que cualquier decisión debe tomarse con cautela, asegurando que no comprometa los intereses nacionales.

Consecuencias de la membresía de Irán en el Grupo de Acción Financiera 

Como se ha señalado previamente, la adhesión de Irán al Grupo de Acción Financiera  podría generar tanto efectos positivos como negativos de manera simultánea. Sin embargo, al analizar el impacto en los ámbitos global, nacional y regional, se pueden identificar los siguientes efectos clave:

A) Efectos positivos

Eliminación de la lista negra

Uno de los beneficios más significativos sería la salida de Irán de la lista negra del FATF. Esta medida mejoraría sustancialmente las relaciones financieras internacionales del país, al reducir la percepción de riesgo que actualmente dificulta las inversiones y transacciones comerciales con Irán. Con ello, el acceso al sistema financiero global se ampliaría, facilitando inversiones extranjeras y operaciones bancarias internacionales.

Aumento de la inversión extranjera

La membresía en el FATF también podría incentivar un mayor flujo de inversión extranjera. Los informes del FATF son considerados una referencia clave para los grandes inversores internacionales, quienes los utilizan para evaluar riesgos financieros. Por ello, la adhesión al FATF aumentaría la confianza en la estabilidad y legalidad del sistema financiero iraní, favoreciendo la llegada de capitales externos.

La inclusión de Irán en el FATF ayudaría a evitar su aislamiento económico, permitiéndole una mayor integración en la economía global. Esta participación fortalecería su presencia en el escenario internacional y reduciría la posibilidad de ser relegado de las redes financieras y comerciales mundiales.

La adhesión al FATF simplificaría las transacciones financieras internacionales, especialmente en el ámbito de las exportaciones e importaciones. Muchas operaciones comerciales requieren el acceso a infraestructuras financieras globales que solo están disponibles para los países que cumplen con los estándares de esta organización. Por lo tanto, ser miembro facilitaría el flujo de dinero y bienes a través de los mercados internacionales.

Finalmente, la membresía en el FATF promovería una mayor transparencia en el sistema financiero iraní. Esto no solo beneficiaría a las instituciones bancarias y empresariales del país, sino que también contribuiría a un entorno financiero más regulado y confiable. Además, el acceso al conocimiento técnico del FATF podría favorecer la modernización de las infraestructuras bancarias y financieras de Irán, impulsando su competitividad en el largo plazo.

B) Consecuencias negativas

Si Irán se convierte en miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional deberá adoptar y aplicar numerosas regulaciones relacionadas con las transacciones financieras tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la implementación de estas normativas podría resultar problemática. Incluso en países desarrollados que forman parte del FATF, la aplicación de sus estándares ha enfrentado dificultades. Para un país con una infraestructura financiera menos adaptada, como Irán, estos desafíos se multiplicarían.

Existe el riesgo de que el FATF imponga regulaciones complejas y difíciles de implementar en Irán, lo que podría generar restricciones excesivas en su sistema financiero. Además, la organización podría exigir que el país corte lazos financieros con ciertas entidades internas, lo que impactaría su economía y restringiría su margen de maniobra en política financiera.

Según los estatutos del FATF, los países recién incorporados deben implementar gradualmente sus regulaciones, respetando sus particularidades nacionales. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones internacionales, uno de los mayores desafíos es garantizar que estos acuerdos se apliquen de buena fe y sin sesgos políticos.

No hay garantías de que el FATF trate a Irán con transparencia y equidad. Si las regulaciones se implementan de manera selectiva o con presiones externas, podrían surgir complicaciones económicas y políticas que afectarían la estabilidad del país.

Posible contradicción con la Constitución y el principio islámico de “Nafī Sabil”

El versículo 141 de la sura An-Nisa del Corán establece que los no musulmanes no deben ejercer dominio sobre los musulmanes. Este principio, conocido como “Nafī Sabil”, prohíbe cualquier acuerdo que otorgue control extranjero sobre los recursos, la economía o la soberanía de un país islámico.

Este principio está reflejado en los artículos 159 y 151 de la Constitución de la República Islámica de Irán, que prohíben tratados que permitan injerencia extranjera. La adhesión al FATF podría entrar en conflicto con estos principios, si se considera que otorga poder de decisión a actores externos sobre asuntos financieros internos.

Otra preocupación es la posibilidad de que el FATF aplique un trato desigual a Irán. Países como Arabia Saudí y Catar han sido señalados como financiadores de grupos extremistas, pero no han recibido sanciones severas dentro del FATF. A pesar de ello, Arabia Saudita es miembro observador, lo que genera dudas sobre la imparcialidad de la organización.

Irán podría enfrentar mayores restricciones y exigencias que otros países, dado que algunos de los miembros más influyentes del FATF han mantenido históricamente una postura hostil hacia Teherán. Por ello, expertos en derecho y relaciones internacionales advierten que la aplicación de las normativas del FATF no siempre ha sido justa ni equitativa en el ámbito global.

A las puertas de una decisión trascendental, el Consejo de Discernimiento del Interés del Estado, un órgano creado en 1988 para resolver las posibles discrepancias entre el parlamento y el Consejo de Guardianes, se enfrenta al debate sobre los proyectos de ley CFT (Combate al Financiamiento del Terrorismo) y Palermo (Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional). La aprobación de estas normativas representaría un paso clave para que Irán abandone la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), con profundas implicaciones tanto en su acceso al sistema financiero global como en su posición geopolítica.

El Parlamento iraní ya ha debatido la cuestión. El pasado domingo 2 de febrero, los representantes discutieron la adhesión de Irán al FATF, aunque su papel en la decisión final es limitado. Según el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, la Cámara aprobó la entrada en la organización en una legislatura anterior, pero el desacuerdo con el Consejo de Guardianes, encargado de supervisar toda legislación salida del parlamento, bloqueó el proceso, trasladando la cuestión al Consejo de Discernimiento. Sin embargo, tras un año de deliberaciones, no se ha alcanzado una conclusión definitiva y el plazo para su revisión ha expirado.

Aunque se desconoce la resolución que adoptará el Consejo de Discernimiento, un órgano que ejerce ciertas prerrogativas delegadas por el Líder Supremo, una de sus figuras más destacadas, Ali Lariyani—quien además es asesor del Líder—ha dejado entrever su postura en declaraciones a la prensa iraní. En ellas, manifestó su deseo de que la decisión del Consejo “sea favorable para el país”, un comentario que varios analistas han interpretado como un respaldo implícito a la ratificación del FATF.

La adhesión al FATF permitiría a Irán atraer inversión extranjera y facilitar el comercio internacional. La salida de la lista negra reduciría la percepción de riesgo sobre su economía y abriría nuevas oportunidades en los mercados internacionales. No obstante, la membresía también plantea desafíos. La implementación de las normativas exigidas podría resultar compleja, y existen dudas sobre la imparcialidad con la que se aplicarían las reglas a Irán en un contexto de tensiones internacionales.

El debate, por tanto, va más allá del ámbito técnico y entra en el terreno de la estrategia política. Irán se encuentra ante una encrucijada en la que debe sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos antes de tomar una decisión que podría redefinir su futuro económico y diplomático.

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