Es periodista español especializado en extrema derecha. Coordinó el informe “De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español” de la Fundación Rosa Luxemburgo.
VALENCIA, España — Faltan pocos días para las elecciones autonómicas en Madrid, y el debate político ha dado un giro inesperado. “Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital”, advertía una carta anónima, acompañada de cuatro proyectiles de un fusil usado durante décadas por el ejército español, enviada al Ministerio del Interior a nombre de Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron cartas amenazantes también. Tres días después, era la ministra de Industria, María Reyes Maroto, la destinataria de otra misiva, en esta ocasión acompañada de una navaja. Y al día siguiente, dos nuevos sobres con balas fueron interceptados. Uno dirigido otra vez contra Gámez, y el otro, a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy se ha revelado un nuevo mensaje de amenaza, que incluía dos balas, esta vez contra el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
El clima de crispación de estos últimos años, con la normalización de la extrema derecha en el debate público, ha llevado una peligrosa deriva de inquietantes consecuencias. Desde su entrada en las instituciones por primera vez desde los años ochenta, la extrema derecha se ha dedicado a deslegitimar al gobierno, a marcar la agenda con su discurso de odio —que las cartas parecen replicar— y a difundir constantemente noticias falsas o información engañosa. El reflejo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en la política española ha sido constante, y aunque el magnate haya dejado la Casa Blanca, el estilo, que le dio fuerza a la extrema derecha en su país, empieza a instaurarse con fuerza en España a través de Vox.
Sin embargo, ni con las balas y las navajas encima de la mesa, la cordura se impuso en el debate político de estos días. La condena casi unánime a las amenazas no ha estado exenta de matices. La derecha no estuvo a la altura y llegó a menospreciar estas amenazas. Menos aún la ultraderecha, al principio negándose a condenarlas, después haciéndolo tímidamente mientras sugería un posible montaje, como hizo Santiago Abascal, líder de Vox
El envío de la navaja a Reyes Maroto fue obra de un hombre ya identificado, que padece una enfermedad mental y que se ha declarado seguidor de Vox, aunque no tiene relación con este partido. Esta persona ya había enviado mensajes a otros destinatarios, como a la agencia de verificación maldita.es, manifestando su ideología. A pesar del menosprecio de esta amenaza y del intento de algunos políticos de derechas y medios afines de despolitizarla basándose en los problemas mentales del autor de la carta, la condena debe ser un imperativo unánime y sin peros, para políticos y ciudadanos, de izquierdas y de derechas, que crean de verdad en la democracia.
Sería ingenuo pensar que la amenaza totalitaria terminó con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. No solo por el aceptado revisionismo histórico en torno a la dictadura o la frecuente deslegitimación de los resultados de las urnas cuando gana la izquierda, algo que ya ocurrió cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero en 2004, sino por la peligrosa banalización que lo acompaña, considerando los discursos de odio opiniones respetables en democracia. Pero más inquietante resulta aún que, el mismo gobierno que ahora recibe las balas, no se haya tomado esto suficientemente en serio.
El gobierno de Pedro Sánchez podría haber mostrado más firmeza cuando ha sido advertido de la infiltración ultraderechista en las Fuerzas Armadas de España. No solo ante el manifiesto firmado por casi un millar de militares exaltando a Franco y contra su exhumación del Valle de los Caídos en 2019. También contra los militares retirados que pedían en un chat un golpe de Estado y fusilar a 26 millones de españoles, o contra aquellos en activo que realizaban el saludo nazi en los cuarteles mientras cantaban himnos fascistas. O investigar a profundidad la reciente denuncia pública de militares sobre la posible presencia de una célula neonazi en el ejército.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas y agencias de seguridad de diversos países vienen alertando sobre el terrorismo de extrema derecha a nivel internacional. La sucesión de preocupantes ataques racistas, la infiltración neonazi en ejércitos europeos así como el asalto al Capitolio de Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden, han puesto el foco sobre esta creciente amenaza para la seguridad. También el auge de los partidos de extrema derecha en Europa desde hace unos años ha impulsado consensos entre el resto de las formaciones partidistas en países como Alemania y Francia para aislarlos y establecer lo que se conoce como cordones sanitarios, evitando así pactar con ellos o permitirles acceder a las instituciones, algo que no ha sucedido todavía en España.
La amenaza de la ultraderecha en España viene de lejos, y va más allá de los exabruptos de militares y de las cartas amenazantes. En 2015 se juzgó a un grupo neonazi entre los que había varios militares, y que poseía un gran arsenal de armas. Fueron absueltos tras considerarse ilegales las escuchas que permitieron su arresto antes de que cometieran algún crimen. Tres años después, a los pocos meses del primer gobierno de Sánchez, la policía arrestó a un hombre que tenía armas de fuego y advirtió en un chat su intención de asesinar al presidente. La Audiencia Nacional rechazó juzgar ambos casos como terrorismo.
Estos y otros ejemplos han sido recogidos en un extenso informe, que tuve la oportunidad de coordinar, recién publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo, organización a favor de la democracia. El reporte analiza el recorrido de la derecha radical en España y explica su evolución desde el despegue a principios de este siglo del ala neocón del PP, que había sido la casa común de todas las derechas, hasta la irrupción de Vox en 2018. Desde entonces, la extrema derecha no ha parado de crecer y de instaurar su agenda. Además, la batalla cultural que ha emprendido este espectro político a lo largo del planeta, cuestionando derechos humanos y tratando de romper los consensos democráticos que los protegen, está dando sus frutos; en buena medida han conseguido normalizar el discurso de odio que sirve como excusa para quienes hoy envían balas.
España afronta una encrucijada sin precedentes tras las reiteradas amenazas de muerte a varios políticos. Las elecciones de Madrid, que a menudo son un termómetro para la política nacional, permitirán diagnosticar cómo los políticos, periodistas y la sociedad civil reaccionan ante esta peligrosa deriva. Aunque han condenado las cartas, el PP y Ciudadanos no pueden seguir banalizando las amenazas ni normalizando a la extrema derecha, con la justificación de que la necesita para gobernar.
El país, que demasiadas veces se tropieza sin querer con los fantasmas de su pasado, está a tiempo de enfrentar la tentación totalitaria con madurez democrática y firmeza, demostrando que la democracia, esta vez, si que es capaz de vencer al odio.
