La Junta Nacional de Justicia juramentó a Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, basándose en información incompleta y falsa sobre la conducta del nuevo funcionario.
En 2014, el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta denunció a Fernández Jerí ante el Ministerio Público con base en la declaración de la ciudadana Yanet Guerrero Mego, por haber pretendido cobrarle una coima de 80.000 soles a cambio de excarcelar a su padre.
El caso fue archivado en el 29 de noviembre de 2017 por el fiscal supremo “cuello blanco” Víctor Rodríguez Monteza, sin investigar los hechos y ni siquiera recoger el testimonio de la denunciante.
Durante el proceso de evaluación ante el JNJ, Fernández Jerí, por supuesto, no mencionó el incidente.
Al conocerse que Fernández Jerí postulaba al cargo de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, La República entrevistó a Yanet Guerrero y ella confirmó que Fernández Jerí, cuando ejercía como fiscal superior de Lima, le solicitó un soborno para ayudarla a que su progenitor saliera de prisión.
Ante esta situación, el JNJ decidió suspender el nombramiento de Fernández Jerí, por lo que citó a Guerrero para que ofreciera una declaración en directo.
Cuando ocurrieron los hechos, Fernández Jerí ejercía como fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en materia ambiental, adscrito al despacho del fiscal de la Nación de entonces, José Antonio Peláez.
Lo encubrieron
Efectivamente, Yanet Guerrero, en una sesión ante la JNJ efectuada el 3 de mayo último, reiteró que Fernández Jerí le requirió el dinero y ofreció detalles muy precisos sobre las circunstancias del caso.
Fernández Jerí alegó ante la JNJ que el caso en su contra había sido archivado. Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción no había sido notificada.
Fue la fiscal suprema Bersabeth Revilla, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos, quien revisó la carpeta fiscal y verificó que no se le notificó a la Procuraduría Anticorrupción la resolución de Rodríguez Monteza.
La Procuraduría Anticorrupción al tomar conocimiento formal y no estar de acuerdo con el archivamiento, solicitó la elevación de los actuados para que otra Fiscalía Suprema revise el caso.
Pero el 11 de julio último, el titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Pablo Sánchez Velarde, declaró infundado el recurso presentado por la Procuraduría Anticorrupción y retorna el expediente a la Segunda Fiscalía Suprema.
La Procuraduría Anticorrupción, al no estar de acuerdo con la resolución de Pablo Sánchez, interpuso nulidad. El 10 de agosto, Pablo Sánchez declaró improcedente la nulidad.
Precisamente, la JNJ se basó en la resolución de Pablo Sánchez para rehabilitar a Fernández Jerí y ratificarlo como jefe de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, una posición clave que debería ser asumida por un profesional impoluto, no una persona señalada por haber intentado cobrar una coima de 80.000 soles.
La República detectó que la resolución del fiscal supremo Pablo Sánchez, en la que sustentó la JNJ para nombrar a Fernández Jerí, contiene falsedades sobre el caso:
- El fiscal supremo Sánchez afirma que no se consiguió demostrar que Yanet Guerrero viajó a Lima en la empresa de transportes Civa el día que según ella se reunió con Juan Fernández Jerí y este le solicitó los 80.000 soles. Es falso, porque Guerrero acreditó que se desplazó a Lima un día antes de la cita acordada con Fernández Jerí.
- Sánchez sostiene que el levantamiento de las comunicaciones no encontró llamadas telefónicas entre el abogado Richard Guerrero Dávila –el intermediario de Yanet Guerrero con Fernández Jerí– y la secretaria de este, Nilda Caja Culqui, para concertar el encuentro. Sin embargo, está probado que las llamadas telefónicas fueron directamente entre Yanet Guerrero y Nilda Caja, no entre Richard Guerrero y Nilda Caja.
- En la resolución, el fiscal Sánchez refiere que “las personas involucradas en las tratativas negaron que se hayan realizado estas o no involucraron a los funcionarios denunciados”. Pero estas no fueron citadas para ratificar o desmentir sus dichos primigenios.
Además de lo señalado incorrectamente en la resolución del fiscal supremo Pablo Sánchez, los integrantes de la JNJ votaron sobre el caso de Fernández Jerí sin contar con toda la información sobre su caso.
Decisión sin información
Cinco de los siete miembros votaron a favor de la ratificación del nombramiento de Fernández Jerí, pero dos de ellos, Antonio de la Haza Barrantes y Aldo Vásquez Ríos, lo hicieron en contra. En la fundamentación de su voto, Aldo Vásquez alegó que los integrantes del JNJ no habían recibido la información completa sobre el caso de Fernández Jerí.
“Disiento de la decisión de concluir la fase de deliberación que acordó el mismo Pleno sin que la JNJ haya recibido aún la carpeta fiscal relativa a la investigación realizada respecto del señor Juan Fernández Jerí, y sin que se tenga conocimiento sobre el resultado del recurso de nulidad”, argumentó Aldo Vásquez.
“En consecuencia, mi voto es por reiterar el pedido de los actuados en el expediente relativo a la investigación fiscal seguida respecto del señor Juan Antonio Fernández Jerí, solicitar al Ministerio Público información sobre el pronunciamiento de la instancia correspondiente y reservar la emisión de la resolución de nombramiento correspondiente”, concluyó.
Pero la mayoría del JNJ prefirió no esperar los informes sobre el caso contra Fernández Jerí por haber intentado cobrar 80.000 soles para excarcelar a un ciudadano, y lo designó en un cargo cuya principal misión es la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, Antonio de La Haza Barrantes, quien en un principio había votado por el nombramiento de Fernández Jerí, determinó revocar su voto porque consideraba que la situación, a su entender, “no es suficientemente consistente el relato del señor Fernández Jerí”.
Fuente: La República
