TEGUCIGALPA, Honduras — El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se entregó a las autoridades posiblemente para enfrentar una extradición y cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Es el final de una espectacular caída para uno de los hombres más poderosos de Centroamérica.

Hernández, quien lideró el país durante ocho años y dejó el cargo hace menos de un mes, fue escoltado por agentes de seguridad desde su casa el martes, vestido con un chaleco antibalas y esposado.

“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”, dijo Hernández en un mensaje de audio publicado en su perfil de Twitter a las 5 a. m. del martes.

“Estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley”, dijo en otro mensaje de Facebook poco después.

Camiones de policía y camionetas SUV negras con vidrios polarizados rodearon su casa la noche del lunes, solo minutos después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país reveló que habían recibido de Estados Unidos una solicitud de extradición de un político. Los medios locales mostraron imágenes de una unidad táctica de la policía con pasamontañas y armas desenfundadas lista para entrar por la puerta de su casa durante toda la mañana.

Una solicitud de extradición presentada por la Corte Suprema de Honduras y vista por The New York Times asegura que Hernández había participado en una “conspiración violenta de narcotráfico” que había transportado 500 toneladas de cocaína desde 2004 procedente de Venezuela y Colombia y con destino a Estados Unidos por vía de Honduras. El documento asegura que Hernández recibió millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar los envíos y proteger a los traficantes de ser procesados.

El hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Otro traficante convicto de cocaína, Geovanny Fuentes, quien implica al expresidente en el comercio de drogas, recibió una sentencia similar la semana pasada.

No está claro si Hernández será extraditado a Estados Unidos ni cuándo sería ni tampoco si será acusado de crímenes en su país. Se espera que la Corte Suprema de Justicia de Honduras se pronuncie sobre si concede la solicitud de extradición.

El juez de la Corte Suprema de Justicia que se designó el martes para atender el caso de Hernández está afiliado al partido del expresidente y tiene antecedentes de absolver a sospechosos en casos de corrupción, indicó Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo independiente creado por el Congreso.

Hasta ahora, Honduras, que depende intensamente de la asistencia estadounidense, jamás ha rechazado un pedido de extradición de Estados Unidos, dijo Marlon Duarte, abogado residenciado en Tegucigalpa que ha participado en cinco casos de extradición. Lo que no tiene precedentes es un caso en contra de un presidente reciente y Hernández conserva apoyo considerable en el poder judicial, dijo.

Hernández nombró a los magistrados actuales de la Corte Suprema y ellos han sido acusados de corrupción en el pasado.

La batalla legal que decidirá el futuro de Hernández podría prolongarse durante semanas o incluso meses, dijo Duarte.

“Estamos poniendo a prueba las instituciones del país”, dijo. “Estamos a punto de ver si el sistema judicial es parte de la misma estructura criminal de la que se acusa haber creado al presidente”.

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había acusado a Hernández de convertir al país en una “narco dictadura”. En noviembre obtuvo la victoria electoral con la promesa de transformar el sistema de corrupción e impunidad que prosperó durante la presidencia de Hernández y que contribuyó al éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Sin embargo, la velocidad con que cayó Hernández ha sorprendido a la mayoría de los hondureños. El expresidente es integrante del Parlamento Centroamericano, un estatus que técnicamente le concede fuero y lo protege ser enjuiciado y su partido sigue siendo una fuerza con poder en el Congreso de Honduras.