La corrupción rompe décadas de estabilidad en la región más rica de Bolivia

Ahora están divididos y se acusan mutuamente en su bastión político y económico, apenas un año después de haber sufrido una nueva y dura derrota electoral nacional a manos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Conocidos por décadas por su capacidad para controlar y reconocidos generalmente como factores importantes del desarrollo de Santa Cruz desde mediados del siglo XX, estos grupos se atribuyen el haber convertido a esa región en la más próspera de Bolivia, con una economía impulsada primero por los hidrocarburos y luego por los negocios agroindustriales.

Pero han sido criticados también por haber hecho negocios a partir de generosas y gigantescas concesiones gubernamentales de tierras, y asumir el control de las principales empresas de servicios de la región, como las de electricidad, agua y telefonía, aparte de controlar sin objeciones el Comité Cívico de la región, uno de los grupos derechistas más influyentes del país, y los gobiernos autónomos formales de la ciudad y el departamento.

Pero la convivencia pacífica entre los grupos cruceños parece seriamente golpeada por el llamado “caso items fantasmas”, destapado por un pleito conyugal y convertido en una guerra de todos contra todos en la que antiguos aliados o al menos vecinos del poder ya no pueden ni mirarse las caras.

En incontenible sucesión de revelaciones, una mujer acusó a su propio cónyuge Antonio Parada de tener riquezas no justificadas. Este se defendió denunciando supuestos manejos irregulares en su anterior empleo, la Alcaldía cruceña, señalando más precisamente a la exalcaldesa Angélica Sosa (2020-2021), quien a su vez lanzó la pelota a su mentor y antecesor, el exalcalde Percy Fernández.

Este exalcalde de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), ahora de 82 años y con 20 en el puesto en dos períodos desde 1990, no respondió personalmente porque está recluido en su vivienda, enfermo y sin posibilidad de acudir a un juicio según su familia, pero dejó firmados documentos que enlodarían a otros políticos de la región.

Uno de esos documentos, según Sosa, sería un pacto firmado en 2015 con el partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de Jhonny Fernández, para asegurar la mayoría del Concejo Municipal cruceño a cambio de 600 puestos de trabajo en la Alcaldía, que en realidad habrían sido para funcionarios “fantasmas” que cobraban sueldos sin trabajar.

Esos puestos serían parte de los al menos 800 “items fantasmas” por cuya gestión la fiscalía abrió proceso contra Parada, quien fue hasta el año pasado el jefe de Recursos Humanos del gobierno municipal cruceño y ahora está refugiado en Brasil.

Jhonny Fernández, quien no es pariente de Percy sino un millonario recién llegado del occidente, es el alcalde de Santa Cruz tras ganar las elecciones de marzo de 2021.

No negó ni confirmó el pacto de UCS con SPT, pero se sumó a la investigación de la fiscalía prometiendo colaborar al esclarecimiento del caso y recuperar los dineros malversados en los “items fantasmas”, que sumarían varios millones de dólares según estimaciones iniciales de medios locales.

El caso estaba concentrado en la Alcaldía de Santa Cruz, la más rica del país, hasta que resultó salpicado por una denuncia paralela del actual gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, contra su predecesor, Rubén Costas (2006-2021), que abrió un nuevo frente de investigación y cruce de denuncias.

Camacho dijo que la gestión de Costas desvió a principios de 2021 fondos de la lucha contra la pandemia de COVID-19 a la campaña electoral de su partido Demócratas, puntualmente a la candidatura de su delfín Roly Aguilera a la gobernación cruceña.

El partido de Costas negó la acusación y replicó denunciando que quien se benefició con fondos públicos en campaña fue Camacho, a través de un acuerdo de “items fantasmas” con la exalcaldesa Sosa.

Y para más entrevero, los partidos de Costas y Camacho dijeron por separado que en realidad el exalcalde Percy Fernández tuvo un acuerdo político con el Movimiento Al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el actual presidente Luis Arce.

Costas y Camacho tienen otra coincidencia: son expresidentes del Comité Cívico de Santa Cruz, enemigos declarados del MAS y de Morales y partidarios de convertir a Bolivia en un estado federal.

Ambos están citados a declarar a la fiscalía en la primera semana de enero.

El analista Gonzalo Balcázar dijo a la Agencia Sputnik que consideraba “sin precedentes” lo que llamó “desmoronamiento de un discurso de identidad regional que tenía entre sus fundamentos la idea de que los malos y corruptos son los del occidente, los del Gobierno nacional, en otras palabras, el MAS”.

“Lo claro, en principio, es que la corrupción es ambidextra, afecta tanto a la izquierda como a la derecha y aparece según la ocasión política”, añadió el sociólogo e investigador del centro de investigación Comunidad Cívica de El Alto.

Advirtió que ningún caso de corrupción debería estigmatizar a regiones, sino que debería concentrarse en sus autores directos y sus círculos de apoyo o de influencia, aunque en Santa Cruz la cuestión era mirada todavía como algo regional.

Morales utilizó Twitter para opinar que el escándalo “demuestra la existencia de un sistema perfeccionado de corrupción de algunos políticos de la oligarquía cruceña que durante años robaron la plata del pueblo boliviano para enriquecerse, financiar campañas, generar conspiración y golpe de Estado (en 2019)”.

Más directo, el ministro de Obras Públicas y destacado dirigente de movimientos populares de Santa Cruz, Edgar Montaño, dijo que el caso puso en evidencia una grave división entre las “logias”, como se conoce comúnmente a los grupos de poder de esa región.

“Esto es una pelea de logias, se ve una traición, peleas entre grupos de poder que quieren, evidentemente, uno tras del otro, acaparar con toda seguridad el poder aquí en Santa Cruz (…). Se dieron la espalda y el señor Camacho no dudó un solo minuto en darle la cuchillada al señor Costas”, dijo en rueda de prensa.