La reforma habría debilitado el poder de la Corte Suprema para revisar o derogar leyes, permitiendo que una mayoría simple de un miembro en la Knesset (parlamento) anulara tales decisiones.
Los críticos aseguran que la propuesta habría fragilizado gravemente la democracia del país al debilitar el sistema judicial.
Voceros del gobierno dijeron que los integrantes de la Corte habían tomado “sus manos todos los poderes” y calificaron la decisión como antidemocrática.
El partido Likud, al cual pertenece el Primer Ministro, dijo que la decisión iba “en oposición al deseo de unidad de la nación, especialmente en tiempos de guerra“.
Final de Recomendamos
Israel invadió a Gaza luego de un ataque del grupo Hamás en el que fueron asesinadas al menos 1.200 personas. La decisión de la Corte coincide con el anuncio del gobierno de que espera que la guerra en Gaza continúe a lo largo de 2024.
Netanyahu ha enfrentado por esto una fuerte oposición a su gobierno, considerado como el más derechista de la historia de Israel
En julio, el gobierno había aprobado lo que ahora se conoce el proyecto de ley de “razonabilidad”.
Esta decisión le quitó el poder de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de Israel para cancelar decisiones gubernamentales que consideraran “extremadamente irrazonables”.
La ley provocó ira y división en gran parte de la población, lo que empujó a cientos de miles de manifestantes a tomar las calles para pedir que se derogara la reforma.
Los manifestantes también solicitaban la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu.
“Un daño severo y sin precedentes”
Sus organizadores afirmaron que las protestas que tenían lugar semanalmente fueron las mayores en la historia de Israel.
En ese momento, cientos de reservistas militares -incluidos pilotos de la Fuerza Aérea- amenazaron con negarse a presentarse para el servicio militar, lo que llevó a advertencias de que esto podría perjudicar las capacidades militares de Israel.
Según un comunicado de la Corte Suprema, 8 de 15 jueces fallaron en contra de la ley.
El texto subrayó que la reforma habría causado “un daño severo y sin precedentes a las características básicas del Estado de Israel como Estado democrático”.
El ministro de Justicia de Israel y arquitecto de la ley, Yariv Levin, criticó a los jueces por “tomar en sus manos todos los poderes” y calificó su decisión de revocarla como antidemocrática.
Pero el líder de la oposición, Yair Lapid, acogió con satisfacción el veredicto y afirmó en X (anteriormente conocida como Twitter) que el tribunal superior del país había “cumplido fielmente su papel de proteger a los ciudadanos de Israel”.
Uno de los organizadores de las protestas a gran escala contra la ley del año pasado también celebró el fallo del tribunal.
Shikma Bressler afirmó en un vídeo que el Tribunal Supremo les había quitado por el momento “la espada de la dictadura que llevamos al cuello”.
La ley de “razonabilidad” fue parte de una serie más amplia de reformas judiciales introducidas por el gobierno de Netanyahu.
El gobierno también ha intentado ganar mayor poder sobre el nombramiento de jueces y eliminar el requisito de que los ministros obedezcan los consejos de sus asesores legales.
Netanyahu ha argumentado que los cambios son necesarios para restablecer el equilibrio entre los jueces y los políticos.
