Santa Cruz (Bolivia), 13 nov. El cabildo ciudadano de este domingo en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, determinó mantener el paro indefinido, que ya lleva 23 días, y dio 72 horas para que se emita una ley sobre la distribución de los recursos “con los datos finales” del censo, que el Gobierno estableció para marzo de 2024, y la liberación de los detenidos durante en los conflictos.

Centenares de personas llegaron hasta el Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz con banderas verde y blancas o la tricolor boliviana y otros con carteles pidiendo federalismo para esa región, al considerar que no son escuchados por el Gobierno de Luis Arce.

“Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024, que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año, tenemos que ir por más”, dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

En ese sentido, afirmó que “exigimos que el contenido del decreto supremo N° 4824, se formalice en una ley, la que debe incluir que la distribución de recursos se realizará con datos finales, no preliminares; y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones de 2025”.

Luego Calvo, quien cumple detención domiciliaria, hizo cinco preguntas a la población concentrada que respondió afirmativamente al unísono.

En el acto también participaron el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, los líderes del Comité Pro Santa Cruz, entre otros, mientras que el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, escuchó las determinaciones entre la multitud que asistió al cabildo.

DETERMINACIONES

El cabildo definió mantener la huelga indefinida y dio 72 horas para que se liberen a los “detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la represión policial” durante los 23 días del paro, que inició para exigir la realización del censo en 2023.

Concluyeron en instruir a los legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice “la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones presidenciales en 2025”.

Asimismo acordaron exigir a los otros departamentos bolivianos para que “se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025”.

También dio 72 horas a los otros ocho departamentos del país para que se unan formalmente al reclamo de esa región, caso contrario esa región asumirá sus propias reivindicaciones en “beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz”.

Además aprobaron que se convoque a una “comisión constitucional” en el Comité Pro Santa Cruz para que “revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.

“Pedimos al pueblo cruceño que recupere sus fuerzas porque sabemos que su espíritu sigue intacto. Vendrán muchas otras batallas que lidiar, la lucha continúa”, manifestó Calvo en el mensaje grabado.

El viernes el presidente Luis Arce anunció a la población a través de un mensaje presidencial que la fecha definitiva del censo es el próximo 23 de marzo de 2024 y que desde septiembre se podrán repartir los recursos a los departamentos con base en los resultados preliminares de esta encuesta nacional que se realiza cada 10 años.

En tanto el ministro de Planificación y Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aclaró que en diciembre se enviarán los datos oficiales sobre población al órgano electoral para que defina la redistribución de los escaños parlamentarios, una de las principales preocupaciones de los líderes cruceños.

El conflicto por el censo deja hasta ahora cuatro muertos, varios heridos, al menos 15 detenidos en los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan esa medida de presión.