La fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez ha confirmado que existe una orden de detención contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) desde el pasado 16 de octubre por el por el “delito de trata de personas agravado” y que ha sido imputado formalmente.
Gutiérrez ha indicado a los medios de comunicación que, pese a la existencia de la mencionada orden, la Policía boliviana no ha podido detener al expresidente por desconocer su domicilio actual y por la conflictividad ocasionada por los bloqueos de carreteras que sus seguidores efectuaron en el centro del país durante 24 días.
“Hoy presentamos una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra por el delito de trata de personas agravado (…), estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares“, ha informado Gutiérrez.
La fiscal ha afirmado también que se ha solicitado la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo. Una orden de aprehensión en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre y no ha podido ejecutarse por varias razones, como consta en “muchos informes” que ha recibido de la Policía en los cuales se reporta que no ha sido posible dar con su paradero.
“Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí”, ha explicado la fiscal. Además, los policías informaron que trataron de buscar en otros domicilios y después de “labores de vigilancia, no fue posible dar con su paradero“.
Cuando se emitió la orden de captura para Morales, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras por 24 días especialmente en el centro del país para defenderlo, una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, mencionó la fiscal.
Otras de las razones por las que no se ejecutó la orden de aprehensión fue por proteger a los agentes de seguridad, debido a que durante el bloqueo de carreteras algunos de ellos fueron brutalmente golpeados y heridos. “Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos“, concluye un informe de la Policía, leído por la fiscal. “Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)”, ha precisado la fiscal.
De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia, por una relación con una menor de 15 años, de la que nació una niña. Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se “lucraron” con ella al entregarla al expresidente a cambio de “favores”. La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
