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La Justicia argentina rechaza excarcelar al líder de la agrupación que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner

La Justicia de Argentina rechazó este martes la excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido por el atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, informó la agencia Télam.

Carrizo es el presunto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como ‘la banda de los copitos’, y fue capturado por supuestamente estar detrás de la organización del intento de magnicidio.

El abogado del sospechoso, Gastón Marano, había solicitado la liberación de su defendido por considerar que nunca se opuso ni ofreció resistencia a su detención, y que al momento de declarar como testigo, facilitó el contenido de su teléfono celular de forma voluntaria. Ahora, la Cámara Federal porteña denegó el planteo por segunda vez.

Fue precisamente el contenido de ese teléfono el que complicó la situación procesal de Carrizo. Primero, se supo que le contó por mensaje a un familiar suyo que había aportado un arma calibre 22 para el atentado. Luego, se descubrió que planeaba “matar al jefe de La Cámpora”, la agrupación política que lidera el hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner.

De momento, hay cuatro personas detenidas por su presunta responsabilidad en el hecho. Primero fue capturado Fernando Sabag Montiel, de 35 años, que intentó asesinar a la vicepresidenta disparándole fallidamente a la cabeza; posteriormente, las autoridades arrestaron a su pareja, Brenda Uliarte, quien también se encontraba en el lugar del incidente. Y luego la Policía detuvo a Agustina Díaz, amiga de Uliarte. Por último, cayó Gabriel Carrizo.

Desde el Gobierno señalan la necesidad de investigar los vínculos políticos de estos jóvenes, ya que no creen que hayan actuado por cuenta propia. En principio, habrían formado parte de un grupo denominado Revolución Federal, compuesto por liberales nacionalistas, macristas y radicales antiperonistas.

La idea se sostiene hasta ahora por una serie de indicios. El abogado de Carrizo, Gastón Marano, era hasta el viernes asesor del senador Ignacio Torres de Juntos por el Cambio (JxC – Macrismo) en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Además, Marano trabajó como supervisor consular para la embajada estadounidense en Argentina, y tomó varios cursos y capacitaciones en ese país, según su propio ‘currículum vitae’, que puede verse online en la página de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó.

Como profesional, Gastón Marano comparte estudio con Brenda Salva, otra abogada que se ofreció a defender a Gabriel Carrizo en forma gratuita, y que también trabajó como asesora de una diputada de Juntos por el Cambio, Karina Ethel Bachey, hasta que renunció hace dos semanas.

Salva también trabaja como periodista y columnista del canal La Nación +, de tendencia derechista y uno de los más críticos del Gobierno.

Revolución Federal y los mensajes de odio

Este martes, la titular del Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación (INADI), Victoria Donda, denunció por amenazas y apología del delito a Johnatan Morel, supuesto líder de la agrupación libertaria Revolución Federal.

Según informó Télam, Morel participó en un violento ‘escrache’ contra Fernández de Kirchner el 21 de julio pasado, frente al Instituto Patria. Allí, la vicepresidenta fue amenazada de muerte ante la mirada de la policía de la ciudad de Buenos Aires, 40 días antes del intento de magnicidio en la puerta de su casa.

Morel fue además quien fabricó una guillotina con el logo del Frente de Todos (oficialismo) junto a la leyenda “Presos, muertos o exiliados”, que se exhibió durante una protesta contra el Gobierno en Plaza de Mayo, el pasado 26 de agosto.

Sin embargo, la jueza de la causa que investiga el atentado rechazó investigar a la organización, por considerar que no existen pruebas que relacionen a Revolución Federal con el intento de magnicidio.

Fuente: RT Actualidad

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