EL PAÍS tuvo acceso a imágenes que evidencian la manipulación de los cuerpos. El Ejército defiende la incursión millitar
El miedo aún navega por el río Putumayo a dos semanas de un operativo del Ejército colombiano que dejó once muertos, entre ellos varios civiles de la comunidad Alto Remanso, ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador. En cada conversación allí está latente una advertencia de muerte: aquí entras, pero nadie te garantiza que puedas salir.
Los muertos, que el presidente Iván Duque señaló como disidentes de la guerrilla de las FARC, ya están sepultados en distintas regiones del país; pero las inconsistencias sobre el operativo y también del manejo de los cadáveres en un caso que tiene en la mira del Congreso al ministro de Defensa, Diego Molano, siguen emergiendo.
La verdad de lo que ocurrió la mañana del 28 de marzo en la vereda Alto Remanso a las 7 de la mañana está lejos de ser clara y es el reflejo de la complejidad del actual conflicto colombiano: el resurgimiento de grupos armados sin ideología clara y que hacen presencia entre las comunidades, los cultivos de hoja de coca, la ausencia estatal y una historia de desconfianza en las instituciones militares. Por eso, tanto la ONU, Human Rights Watch, como organismos de control en Colombia exigen al Ejército esclarecer quiénes eran las víctimas y cómo se desarrolló la operación.
Este diario, que visitó la zona, conoció imágenes que muestran cómo al menos uno de los cuerpos, el del menor de edad, Brayan Santiago Pama, fue movido en la escena en dos oportunidades. En una fotografía se le ve en tierra, boca arriba y vestido de jean, camiseta negra y en medias, junto a otro cuerpo. A sus pies se observan tres armas largas. En otra imagen ya aparece dentro de un bote, sin armas; y en una tercera, se ve en el mismo bote con un fusil sobre su cuerpo. En otras, se observan chalecos camuflados limpios sobre los cuerpos con sangre.
¿Quiénes eran los 11?
Pama tenía 16 años y fue una de las decenas de personas que se reunieron desde el sábado 26 de marzo en un bazar comunitario para recoger dinero para el pueblo, según la invitación que circuló entre la población. Serían tres días de campeonato de fútbol trinacional (Colombia, Perú y Ecuador), pelea de gallos, música, comida y bebida. El lunes, tras el operativo, solo quedaron restos de una fiesta, licor, sangre y muchas dudas.
Después de la pandemia, el joven había abandonado temporalmente el colegio, donde alcanzó hasta noveno grado, para trabajar en una finca que tenía su padre en El Alto Remanso. Según testimonios de varios pobladores, cuando sonaron los disparos corrió hacia su casa y cayó muerto unos metros antes de poder refugiarse en ella. También relataron que su cuerpo fue movido del lugar donde murió. En Puerto Leguízamo, estudiantes y sociedad civil acompañaron sus exequias. La Defensoría del Pueblo ha alertado en varias oportunidades del riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados en la zona.
Junto a su féretro despidieron también al gobernador Indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche. Un día después del operativo, cuando se supo que él era uno de los muertos que el Gobierno presentó como disidentes, se encendieron todas las alarmas de organizaciones sociales en Bogotá y fuera del país. “Tenemos evidencias creíbles que indican que cuatro de los muertos eran efectivamente civiles. Todavía hay incógnitas sobre cómo murieron y cuál fue el objetivo de este trágico operativo militar”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
En Puerto Asís y también en Puerto Leguízamo hablan del trabajo que hacía el gobernador para revitalizar la lengua Kicwa, un pueblo indígena en vías de desaparición; recuerdan que era el médico tradicional de la comunidad, que enseñaba religión a los niños y que le gustaba el fútbol. A eso habría ido al bazar. Panduro participó en el campeonato de fútbol y se quedó tomando licor. Cuando empezaron los disparos, corrió para salvarse y cayó antes de llegar a la cancha.
En la vereda reconocen también a Divier Hernández y a Ana María Sarrias, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa. Él recibió un disparo en la frente y ella, según fuentes forenses, murió desangrada por un tiro entre las piernas. Sarrias pertenecía a la iglesia pentecostal y cayó cerca de la ribera del río. “Nos impidieron el paso. Ese día tuvieron como a 60 personas detenidas en la plaza y no las dejaban mirar para atrás. A mi me dio rabia y después de 8 horas me rebelé y dije ‘mátenme si me quieren matar’ pero tengo que ver a mi hijo”, contó Argemiro Hernández, padre de Divier. “Ahí lo vi con un disparo en la sien, lo abracé”, narró. La pareja dejó dos niños, de 2 y 6 años.
En el parque Cementerio de Puerto Asís, una estructura aún en construcción, reposan los cuerpos de Óscar Oliva Yela y José Antonio Peña Otaya. Sus tumbas se ven apenas cubiertas con cemento y un par de corazones o una frase escrita de forma improvisada para recordarlos. De ellos se sabe que el primero había recibido turno en el bazar y que su compañera, Nora Andrade, resultó herida; y de Peña, que era un campesino que estuvo en la fiesta y estaba tan borracho que no pudo escapar de los disparos.
De los demás muertos, cuyas identidades conoció EL PAÍS, se sabe que había un excombatiente de las FARC, que había sido condenado por porte de estupefacientes. Del resto, nadie habla.
¿Cómo ocurrió?
Ante las críticas, el Gobierno colombiano evita responder sobre los civiles muertos y esgrime que se trató de una “operación legítima” contra alias ‘Bruno’, un hombre de las disidencias de las FARC también conocidas como Comandos de la Frontera, que según el Ejército se encontraba en la fiesta. El ministro Molano difundió un video donde un francotirador lo tiene supuestamente ubicado. Varios testimonios de la comunidad admiten que ‘Bruno’ sí estuvo en la región, pero no se encontraba el día de la fiesta que terminó en muerte y que ese video correspondía a días atrás.
En esta zona del bajo Putumayo, donde hay 22.041 hectáreas sembrados de hoja de coca, hacen presencia dos grupos armados que se disputan el control del narcotráfico en límites con Ecuador. De un lado, los Comandos de la Frontera, que según analistas del conflicto están integrados por disidencias de las FARC de la llamada Segunda Marquetalia junto a desmovilizados de los paramilitares; y, por otro lado, el frente Primero Carolina Ramírez, otra ala de las disidencias de las FARC y vinculado a alias ‘Gentil Duarte’.
Desde finales de diciembre se han presentado enfrentamientos con bajas de ambos lados y con la población civil en el medio. “De una u otra manera llegan a nuestras comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y estas se ven involucradas en algunos casos porque toca, porque les toca hacer algún tipo de favor a estos grupos, por ejemplo”, dijo el alcalde de Puerto Leguízamo, Rubén Arturo Velásquez, para explicar el contexto de la muerte de civiles en medio del operativo del Ejército. En la comunidad no niegan la presencia de al menos una persona armada.
“Hay inconsistencias”
Desde el tuit del presidente Iván Duque anunciando que “neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más”, mucho ha cambiado en la historia.
La Defensoría del Pueblo confirmó que sí había civiles entre los muertos y la Fiscalía desmintió al gobierno en relación con los capturados. “Solo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”, informó la Fiscalía. Esas personas, que estuvieron en hospitales, recuperaron la libertad pero dicen estar atemorizadas por el señalamiento del Gobierno de Iván Duque.
“Hasta ahora, la versión de los hechos que han presentado el Ministerio de la Defensa contiene graves inconsistencias y errores. Urge que las autoridades colombianas realicen una investigación creíble, imparcial y exhaustiva sobre estos hechos”, agregó Pappier, quien dijo que el ministro les debe una disculpa pública “a las personas que tildó injustamente de “criminales”.
Aún no es claro quién disparó primero. El Ejército, en un documento enviado a la Procuraduría y divulgado por Caracol Noticias, dice que se dio la orden de disparar una vez identificaron un objetivo y que el combate ocurrió cuando desde un burdel “se empiezan a escuchar ráfagas y disparos de fusil en varios sentidos por parte del enemigo porque no tenían identificada nuestra posición”.
De esa manera, dice el informe, resultó herido el soldado Robinson Beleño, el único herido de los militares. Él, sin embargo, ha dado otra versión. “Se inició el combate, avancé unos 10 metros cuando me encontré de frente con un bandido vestido de civil, por eso me hiere, porque confié que era un civil, pero sacó un fusil y me impactó”, dijo Beleño y aseguró que se salvó porque se cubrió. Ahora se recupera después de un implante de arteria en el hospital militar.
Pero entre los pobladores aseguran que los soldados llegaron vestidos de negro y con los rostros tapados y que antes de empezar a disparar encerraron a algunas mujeres en casas de madera. Para ellos, hay muchas más sombras y afirman que muchas pruebas pueden haber sido alteradas. Según varios testimonios, los cuerpos no solo fueron movidos, sino envueltos en sábanas y cortinas, que los mismos soldados pidieron a la comunidad. Los cuerpos tampoco habrían llegado a los forenses con las manos protegidas para las pruebas de absorción atómica lo que permitiría determinar si dispararon, como afirma el Gobierno.
La defensora de derechos humanos y directora Asociación Minga, Diana Sánchez, dice que aún suponiendo que dentro del bazar hubiera hombres de grupos al margen de la ley e inclusive con armas, “se trató de un operativo altamente desproporcionado para el contexto en el que se dio (un bazar comunitario)”. Sánchez agrega que fue, además, un falso positivo, como se conoce en Colombia a un episodio oscuro de su historia en el que militares asesinaron a al menos 6.402 civiles y los presentaron como guerilleros muertos en combate. “Se trató de un falso positivo inocultable, pues los cuerpos de las 11 personas fueron manipulados y presentados a la opinión como “criminales de disidencias de las FARC”, denunció.
Las investigaciones y un debate de control político en el Congreso apenas empiezan, pero en Putumayo y también en Bogotá solo hay una cosa clara, el operativo fue un fracaso porque terminó con la muerte de civiles, en medio de dudas de legitimidad y sin obtener el objetivo buscado, la captura de alias ‘Bruno’. El miedo permanece.
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