Ecuador ha tensado al máximo la tensión diplomática con México. El viernes por la noche, la polícia ha ingresado por la fuerza a la Embajada en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado en la sede desde mediados de diciembre. Horas antes, el Gobierno de Daniel Noboa había advertido a México de que no entregaría a Glas el salvoconducto que necesita para abandonar su país como asilado político.

“Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel”, escribió en un comunicado el ministerio de Exteriores ecuatoriano. El argumento de Ecuador es que el exvicepresidente fue condenado por delitos comunes y que debe someterse a la justicia ordinaria de su país. Por la noche, miembros de Ejército ecuatoriano rodearon la sede diplomática.

El anuncio profundiza la crisis diplomática entre los dos países, después de que la Administración de Daniel Noboa declarara este jueves persona non grata a Raquel Serur, la embajadora mexicana en el país, y ordenara su expulsión. En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador ha descartado responder con las mismas medidas: “Nosotros no vamos a romper relaciones, ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur”.

Tras la negativa de Ecuador a entregar un salvoconducto a Glas, la canciller mexicana, Alicia Barcena, recordó que el derecho de asilo es “sagrado para México”. “Confío en que el Gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes”, advirtió.

La tensión diplomática entre Ecuador y México se ha precipitado esta semana, pero se fragua desde hace meses. Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador en los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se presentó el 17 de diciembre en la embajada mexicana “expresando temor por su seguridad y libertad personal”, según indicó la Secretaría de Exteriores. La policía ecuatoriana tenía orden de detenerlo para que compareciera sobre el desvío de fondos millonarios destinados a la reconstrucción de la costa de Ecuador tras el brutal terremoto de 2016. Su abogado dijo que la citación era parte de una “persecución política”.

Sobre Glas, que estuvo al frente de todos los ministerios de los sectores estratégicos entre los Gobiernos de Correa y Moreno, ya pesaban dos sentencias: una de seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y otra de ocho años por cohecho por el caso Sobornos. De la condena a 14 años, solo cumplió cinco en la cárcel. En 2022, un juez —ahora también detenido por corrupción en el sistema judicial— le otorgó la medida cautelar. El político había estado en libertad hasta que en diciembre recibió la orden de captura y se refugió en la embajada mexicana.

El 1 de marzo, el Gobierno de Daniel Noboa solicitó a México permiso para entrar con las fuerzas de seguridad a detener a Glas. La policía vigilaba los exteriores de la embajada a la espera de instrucciones. El Ejecutivo de Ecuador había sustentado que México no podía conceder al exvicepresidente el asilo diplomático porque este no se podía otorgar a quienes “se encuentren inculpados, procesados o condenados por delitos comunes, sin haber cumplido las penas respectivas”. Sin embargo, México no permitió la entrada de los agentes y el caso se había quedado congelado hasta el anuncio de este viernes.

“Se informa que, luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Exteriores, “lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954″. En su respuesta, la Cancillería mexicana recuerda a Ecuador que está obligado a respetar la decisión de asilo y a dar el salvoconducto. Noboa ya ha dicho en varias ocasiones que no van a otorgar el permiso de salida de Glas de la embajada, que está rodeada de policía.

Sobre eso también se pronuncia la Secretaría de Exteriores: “El Gobierno de México rechaza el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la embajada de México en Quito, la cual, según declaraciones de autoridades del Ecuador, es una medida de rechazo e inconformidad por declaraciones de autoridades mexicanas. Esto constituye un claro hostigamiento a su embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de protección de los inmuebles diplomáticos”. El comunicado termina pidiendo a Ecuador que respete la soberanía y “cese el amedrentamiento”: “De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país”.

El Gobierno mexicano ya acoge en su territorio a otros siete funcionarios de Correa que se habían refugiado previamente en la Embajada en Quito, entre ellos a la mano derecha del expresidente, Ricardo Patiño, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. También la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, los asambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, y Edwin Jarrín, quienes no tenían procesos penales en su contra; sin embargo, se declararon perseguidos políticos y abandonaron el país en 2019.

La escalada

La cuerda se ha terminado de romper esta semana tras unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. El miércoles, el presidente mexicano hizo referencia a Ecuador al tratar sobre la violencia que sufren los candidatos electorales, justo después del asesinato de la aspirante a la alcaldía de Celaya (Guanajuato) Gisela Gaytán. “Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas, como 10 puntos arriba…”, dijo el mandatario en referencia a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, cuyo líder es Rafael Correa, quien ha mostrado afinidad política con el mandatario de México.

“Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube”, continuó López Obrador sobre el homicidio de candidato presidencial Fernando Villavicencio y la llegada al poder de Daniel Noboa. “El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que los candidatos —y esto lo difunden todos los medios— van con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento”, señaló el mandatario.

La respuesta del Gobierno de Ecuador al día siguiente fue contundente: ordenó que la embajadora abandonara el país. “Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”, dijo el Ejecutivo de Noboa, que tampoco quiso romper relaciones diplomáticas.

Ante la medida, López Obrador ha afirmado este viernes que ha dado instrucciones a la Fuerza Aérea Mexicana para recoger a la embajadora: “Dieron 72 horas para que abandonara Ecuador, entonces hoy va a salir un avión a traerla”. “Raquel Serur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM, filosofa, compañera de un gran filósofo, Bolivar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social, y Raquel la queremos mucho y es una mujer integra con ideales, con principios”, ha defendido el presidente a la diplomática que llevaba desde 2019 en Quito.