La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, denunció este jueves a título personal por traición a la patria al expresidente Rafael Correa (2007-2017) por señalar que el asalto a la Embajada de México para detener a su exvicepresidente Jorge Glas podría constituir un motivo de declaración de guerra.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, solicita el inicio de investigaciones contra Correa por haber elucubrado en diversas entrevistas con las represalias que podría tomar un Gobierno que ve invadida una de sus embajadas, como ocurrió con la sede diplomática de México en Quito después de que le hubiese otorgado asilo a Glas. Como acto urgente también reclama que se suspenda las cuentas de Correa en las redes sociales X y Facebook, donde es muy activo.
“Fácilmente México, la segunda economía latinoamericana, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional [de Ecuador], y nos haría quebrar en dos meses“, señaló Correa en la entrevista citada por la ministra en su denuncia.
Para Ivonne Núñez, esto “crea una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”.
“Las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender el cierre del puerto de Guayaquil, fomentado cualquier forma de que México reprima a Ecuador, y demás expresiones del denunciado, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión y sancionarse como lo que son, delitos en contra del orden público“, aseguró.
Y es que incluso la titular de la cartera de Trabajo apuntó a que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla que la libertad de expresión tiene límites como “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas”.
Al enterarse de esta denuncia, Correa cargó contra el Gobierno: “¡En qué manos estamos! ¡Sinvergüenzas!“, escribió en su perfil de la red social X. El exmandatario reside en Bélgica con la condición de refugiado al declararse un perseguido político y víctima de lawfare, al igual que Glas.
La irrupción policial a la fuerza en la Embajada de México llevó a que el Gobierno mexicano rompa relaciones con Ecuador y lo denuncie ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar vulnerado el derecho internacional y su soberanía.
Para el Gobierno de Noboa, Glas no podía recibir asilo por encontrarse imputado por presunta malversación en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto registrado en Ecuador en 2016.
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel, fruto de dos condenas por cohecho en el caso Sobornos, donde también fue sentenciado Correa; y por asociación ilícita en el caso Odebrech.
Glas, que fue vicepresidente de Correa y a inicios del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), había salido de prisión gracias a una polémica resolución judicial que dio la libertad de manera cautelar a la espera de que recibiese el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’, lo que la Justicia no le otorgó.
