El Gobierno venezolano está cometiendo crímenes de lesa humanidad de percusión por motivos políticos, dijo este martes la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos que ocurren en el país.
Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado. Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.
La misión de la ONU, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente este jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para los miembros de la misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad. El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.
Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.
Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la misión, entre estos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.
“La misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Cox, quien insistió en el clima de terror que vive la población.
