La revisión que ordenó la sala constitucional no cambia significativamente los resultados, pero el candidato socialdemócrata afronta una ofensiva legal y penal a cargo del exconvicto Manuel Baldizón
La revisión del escrutinio que ha marcado una pausa en el proceso electoral de Guatemala terminó este jueves sin cambios significativos en los resultados preliminares que el Tribunal Supremo Electoral presentó luego de las votaciones del 25 de junio. El segundo conteo confirma una segunda vuelta presidencial entre el socialdemócrata Bernardo Arévalo y Sandra Torres, la ex primera dama que busca atraer el voto entre los grupos conservadores del país.
La candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza se coloca en el balotaje previsto para el próximo 20 de agosto con la preferencia del 15,8 % de los votantes. Arévalo, del Movimiento Semilla, ascendió desde los últimos lugares en las encuestas y logró el 11,7 % de los 5,5 millones de votos válidos en la elección más incierta y atropellada de la era democrática en Guatemala. Los analistas consideran que Semilla captó el voto del hartazgo ciudadano frente a la corrupción y de quienes identifican al movimiento como un cambio de rumbo frente al Gobierno autoritario de Alejandro Giammattei, que ha forzado al exilio a más de 100 operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas.
La bocanada de esperanza por el avance de Semilla se interrumpió la noche del viernes 30 de junio, cuando nueve partidos políticos acudieron a la Corte de Constitucionalidad para denunciar vicios e inconsistencias en los resultados de las votaciones y pedir un amparo que dejara en pausa la adjudicación de cargos hasta que las discrepancias se resuelvan.
El sábado por la tarde, la sala constitucional ordenó a todas las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinios y cotejar los datos que se consignaron en las actas de cada mesa de votación con los valores que se ingresaron en el sistema informático de transmisión de datos.
La revisión de los resultados a nivel nacional terminó la noche del jueves sin oscilaciones relevantes. En la votación presidencial, las rectificaciones no representan variaciones por arriba del 0,5 % de los resultados que ha divulgado el Tribunal Electoral. El siguiente paso consiste en que las juntas envíen sus informes a las cortes de justicia para acreditar que cumplieron con lo que se les ordenó, explica la inspectora general del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Claudia Ardón. La oficialización de los resultados y la convocatoria de la segunda vuelta dependerán de las decisiones que tomen los magistrados del TSE frente a los recursos de nulidad o impugnaciones que presenten los partidos políticos, detalla la inspectora.
Lo ordenado por la Corte establece que los resultados deben quedar depurados en los 15 días posteriores al fallo, de forma que se garantice el desarrollo de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 20 de agosto. Mientras, ningún partido puede hacer campaña.
Semilla, bajo riesgo
El resultado del escrutinio dejó satisfecho a Bernardo Arévalo, el diputado y presidenciable de Semilla, aunque advierte del riesgo inminente de que se acuda a “argucias legales” ―como las que se usaron con el fin de apartar de la contienda a tres candidatos― para “tratar de sacar de la segunda ronda” al Movimiento Semilla y que ascienda el candidato del partido del Gobierno, Manuel Conde, o que la elección no se defina y que no haya relevo del mandato presidencial, dijo Arévalo el jueves, durante una visita al centro ferial en la capital guatemalteca, donde se revisaban los datos.
La decisión de la sala constitucional, que ordenó el nuevo examen de los cómputos, ha sido cuestionada por exmagistrados constitucionales y exconstituyentes, porque la resolución del amparo que plantearon los partidos políticos le correspondía a la Corte Suprema de Justicia y porque la Corte habilita el recuento de votos, un mecanismo que no está regulado en la ley electoral.
Precisamente, el reclamo para que las juntas abrieran las urnas y volvieran a contar los votos marcó el arranque de las audiencias de revisión. El fiscal del partido en el Gobierno, Héctor Aldana, exigió, a gritos, que se abrieran las cajas para cumplir con la orden de la sala constitucional.
Las juntas se mantuvieron firmes y no cedieron ante las pretensiones del partido Vamos porque abrir las urnas supone un riesgo muy alto para el proceso, ya que la ley electoral establece que cualquier violación de las bolsas con las papeletas constituye una causa para pedir la nulidad de la elección.
Varias organizaciones de la sociedad civil, como Movimiento Pro Justicia y las misiones de observación electoral locales y extranjeras respaldaron el trabajo de las juntas, que se integran por ciudadanos que prestan sus servicios sin ninguna retribución económica.
El bloque de los nueve partidos que denunció inconsistencias se desgranó conforme el avance de los cotejos. Tanto el partido Cabal, que postuló a la presidencia al diplomático Edmond Mulet, como Podemos, de Roberto Arzú, desistieron del amparo, que continúa su curso ante la Corte Suprema de Justicia.
Una batalla personal
Ante el desgaste que causó la acción para tratar de traerse abajo las elecciones y que no se comprobaron mayores diferencias en los escrutinios, la batalla en torno a los comicios parece haber quedado a cargo de un solo partido: Cambio, la apuesta política del exconvicto Manuel Baldizón, que cumplió una condena por lavado de dinero en Estados Unidos y en Guatemala enfrenta dos procesos penales, uno por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y por el conocido como caso Transurbano.
Baldizón y su hijo Jorge Baldizón Vargas libran una batalla “más bien personal” que tiene como objetivo “procurarse impunidad”, según sostiene el analista político, Xavier Soria.
En febrero de 2022, el diario digital elFaro reveló la declaración del llamado Testigo A, que señala al presidente Alejandro Giammattei por financiar supuestamente su campaña de 2019 con sobornos de José Benito, que fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Jimmy Morales.
El Testigo A ―Jorge Baldizón Vargas, según varias fuentes― presenció una reunión en la que Benito habría ofrecido un aporte de 2,6 millones de dólares a cambio de mantenerse el cargo de ministro durante el primer año de gobierno de Giammattei, lo que le permitiría seguir operando una estructura de corrupción en el departamento que contrata obra pública. El Ministerio Público anunció investigaciones por la filtración de la declaración que se ofreció como anticipo de prueba, pero no dio ningún detalle sobre los presuntos sobornos para la campaña de Giammattei.
Cuando el Gobierno de Giammattei está por finalizar y el reexamen de las votaciones anuló la posibilidad de que el candidato oficialista, Manuel Conde, avance hacia el balotaje, el protagonismo de Manuel Baldizón adquirió otro matiz, de acusado pasó a acusador.
La ofensiva de los Baldizón se libra en varios frentes: han presentado nuevas acciones para insistir en el recuento de votos; presentaron denuncias penales contra los integrantes de las juntas electorales por no cumplir las órdenes de la sala constitucional; advierten que revisarán la conformación del Movimiento Semilla y han presentado una querella por varios delitos contra el diputado Samuel Pérez, que logró su reelección por el Movimiento Semilla. El diputado reaccionó con la publicación de un video en el que señala a los Baldizón por tratar de “bloquear la candidatura de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta” o bien procurar la cancelación del partido.
