Dos juezas deciden suspender la decisión del órgano electoral de posponer la organización de la consulta popular que decidirá si el presidente continúa o no en el cargo hasta 2024
La enésima batalla entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el máximo órgano electoral ha concluido con una victoria, al menos temporal, para el Ejecutivo. El Instituto Nacional Electoral (INE) había acordado en su Consejo aplazar la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente, que supone una medida histórica para preguntarle a la población si desea o no que el mandatario finalice su cargo en 2024 o lo abandone inmediatamente, y una de las promesas de campaña del líder de Morena. La justificación: la Cámara de Diputados, liderada por el partido oficialista, no les había proporcionado el presupuesto suficiente para el enorme despliegue de casillas que implica. Pero la Suprema Corte ha ordenado este miércoles por la noche, en una decisión exprés e inédita, que la medida siga su curso. Al menos hasta que en enero, a la vuelta de vacaciones, sea debatida por los 11 magistrados del órgano.
El INE decidió el pasado 17 de diciembre aplazar la convocatoria de la consulta prevista para el 10 de abril alegando falta de recursos después del recorte de más de 2.300 millones de pesos asestado por el Congreso al último presupuesto del organismo. El referéndum, previsto para el 10 de abril, es la gran baza del presidente de cara a la recta final del mandato y el bloqueo elevó la tensión contra el INE, una de las dianas favoritas de López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen.
Durante estos días de bloqueo, el presidente abrió la puerta este martes a que la consulta para el revocatorio de mandato pueda ser organizada de manera informal por la ciudadanía. Un modelo que ya cuenta con precedentes. Durante los primeros lances de su Gobierno impulsó un puñado de polémicas consultas populares celebradas al margen del organismo electoral sobre temas tan diversos como la construcción de dos trenes, una refinería, la viabilidad de 10 programas sociales o la marcha atrás de un nuevo aeropuerto. “La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo por mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta”, señaló durante la conferencia diaria matutina.
“Con la concesión de la suspensión [desbloqueo de la decisión del INE] se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, han señalado dos de las ministras de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, ambas propuestas por el mandatario para el puesto.
Las juezas insistieron en que el INE cuenta con 1.503 millones de pesos para organizar la consulta, por lo que hay “un indicador de viabilidad financiera”, y que con estos recursos debe seguir adelante con todas las etapas del proceso. Por su parte, el responsable del INE, Lorenzo Córdova, estimó que para la organización del referéndum se requieren más de 3.830 millones de pesos. El INE puede impugnar la decisión, pero la Corte está de vacaciones, regresa el 3 de enero y las reclamaciones del órgano electoral difícilmente serán resueltas antes de febrero.
Desde el INE se justificaba la cantidad inicial estimada porque la revocación exige una inversión que va desde la capacitación de 12 millones de personas para invitarlos a las mesas de votación, al reclutamiento de 800.000 más para que trabajen voluntariamente como funcionarios de casilla, hasta la impresión del material electoral. “Todo eso cuesta 3.830 millones de pesos. Menos que para una elección federal que es más de 8.000 millones”, explicaba el consejero del INE, Ciro Murayama, a este diario.
La medida histórica de la revocación de mandato ha seguido su curso pese al bloqueo temporal del INE. Una propuesta que requirió una modificación en la Constitución y una ley que lo regulara. Pues si, como está previsto, el 10 de abril de 2022, la población decide que López Obrador no debe continuar en el cargo, por primera vez a través de un referéndum un presidente de México abandonará el puesto y se nombraría a un presidente interino. Sus seguidores se encontraban en la primera fase: recolectando las 2,8 millones de firmas necesarias para la solicitud de la medida esta semana. Y con la decisión de la Corte, los funcionarios del Instituto están obligados de momento a continuar con su parte, que comenzará una vez que se recabe el apoyo suficiente.
