La delegación de la UE en La Paz afirma que, junto con la Iglesia, ayudó a “pacificar el país en tiempos de extrema tensión”.
La representación de la Unión Europea (UE) y otras misiones diplomáticas de ese continente acreditadas en Bolivia negaron este jueves haber alentado una “conspiración” o un “golpe de estado” contra el expresidente boliviano Evo Morales, derrocado en noviembre de 2019 tras haber ganado las elecciones de ese año.
“La delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados miembros de la UE en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado”, señaló en un comunicado la oficina del bloque europeo en La Paz.
El texto sostiene que, en el marco del conflicto social y político que se desarrollaba entonces, “la UE, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones que involucraron a actores claves de todos los partidos políticos, incluyedo representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión y facilitar una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”.
La nota responde a las reiteradas denuncias del partido oficialista, el MAS, que responsabiliza entre otros a la UE de haber alentado el golpe institucional contra su líder Morales, luego de los comicios en los que este alcanzó su cuarto mandato y fueron tildadas de “fraude” por la oposición.
El entonces presidente fue obligado a renunciar. Se exilió entonces en México y luego en Argentina, hasta que retornó a Bolivia un día después de la asunción de su exministro de Economía, Luis Arce, como ganador de los comicios presidenciales de octubre de 2020.
Tras el derrocamiento de Morales, la UE reconoció rápidamente a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y emitió un informe en el que habló sobre supuestas “anomalías” en las actas electorales de 2019.
Este martes, en un documento enviado al parlamento, el procurador general boliviano, Wilfredo Chávez, señaló: “No somos colonia ni del Vaticano ni de la Unión Europea, ni de nadie. Bolivia es un Estado independiente”. Y afirmó que “la participación de esos actores, al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es ilegal, una participación delincuencial“.
Actualmente, el Gobierno de Luis Arce impulsa acciones judiciales contra la exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien se encuentra detenida desde marzo pasado, acusada de “conspiración” y “terrorismo” en el marco del golpe de Estado, así como contra varios de sus entonces ministros y jefes de las Fuerzas Armadas.
