La sentencia que obliga a Washington a enviar a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera enreda una complicada negociación ya abierta para definir un plan conjunto en Centroamérica
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a aupar el tema migratorio en la agenda bilateral. El máximo tribunal estadounidense dictó a finales de agosto que el Gobierno de Joe Biden debe reactivar el programa Quédate en México. Implantado por Donald Trump, el mecanismo obligaba a los solicitantes de asilo a esperar respuesta en las ciudades fronterizas mexicanas. El fallo, que da la razón a un juez conservador de Texas, llega en medio de una fuerte crecida del flujo de migrantes y con una complicada negociación ya abierta entre ambos países para definir un plan conjunto en Centroamérica. La decisión del Supremo añade más presión diplomática. Ambas partes se reunirán el próximo jueves 9 de septiembre en Washington en una cita de alto nivel. En principio, el encuentro está previsto que gire en torno a cuestiones comerciales y económicas, pero fuentes de la Cancillería confirman que el asunto migratorio también estará sobre la mesa.
El Supremo incluye explícitamente a México en su decisión al reconocer que se trata de un plan binacional que no puede ser aplicado unilateralmente por Estados Unidos y necesita de la colaboración del vecino del sur. La primera respuesta de México fue ambigua. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador pareció apostar por plegarse ante la decisión: “Siempre vamos a procurar tener una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”. Por otro lado, la Cancillería emitió un comunicado subrayando que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que la política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.
El Gobierno de López Obrador celebró en junio el desmantelamiento del programa, que simbolizaba el giro de la nueva Administración en sintonía con postura de México de apostar por la cooperación internacional con programas sociales en los países de origen. “Teóricamente el balón está en la cancha de México que tiene total soberanía para decidir si colabora o no. Por eso se abre una ventana de oportunidad para apoyar el proyecto de Biden y no continuar con este programa de Trump que ha provocado mucho sufrimiento y que además es una simulación que busca desincentivar la petición de asilo”, apunta Ana Saiz, abogada y directora de la ONG Sin Fronteras.
Organizaciones como Human Rights Watch han constatado abusos sistemáticos por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos contra los más de 70.000 solicitantes de asilo enviados a México desde enero de 2019. Del total de solicitudes, tan solo el 1% fueron admitidas por Estados Unidos. Este mismo jueves, la alta comisionada de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Gillian Triggs, denunció una “presión sin precedentes” sobre los migrantes. Unas declaraciones que coincidieron con los vídeos de funcionarios mexicanos arrinconando y maltratando a los miembros de la enésima caravana que trataba de avanzar hacia el norte desde Chiapas.
Unas imágenes que contradicen los discursos y los planes sociales del Gobierno mexicano. López Obrador arrancó su mandato lanzando un histórico programa de permisos temporales de trabajo y residencia para los migrantes. Pero desde el órdago de Trump exigiendo mano dura, organizaciones y académicos cuestionan que exista una verdadera voluntad política. La profesora de Estudios Globales en la universidad neoyorquina The New School, Alexandra Délano, no es muy optimista: “Presumo que México va a continuar manejando la política migratoria priorizando el control de fronteras y la seguridad más allá de los problemas humanitarios. Tiene pocos incentivos para hacerlo. Las críticas de la sociedad civil apenas suponen costos políticos y optará por facilitarle las cosas a Estados Unidos a cambio de contraprestaciones”.
Desde el día siguiente al fallo del Supremo, 24 de agosto, comenzaron de nuevo las trabas en la frontera con una declararon que suspendía nuevos ingresos y paralizaba las solicitudes de asilo ya en marcha. En paralelo, Washington decidió a principios de agosto extender indefinidamente el llamado Título 42, una excepción que por razones sanitarias permite la deportación inmediata sin trámite alguno de migrantes. La abogada y directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuhner, también cree que México se plegará ante el regreso del programa. “La prioridad de México por razones económicas es la reapertura de la frontera [que por la crisis de la covid lleva cerrada por vía terrestre más de un año salvo para residentes o casos especiales] y la entrega de vacunas. Por eso va a hacer lo que sea en cuanto a contención a cambio de conseguir sus objetivos”.
