El Gobierno ofrece diálogo pero despliega militares y policías en Quito para contener a los manifestante, movilizados por la crisis económica
Quito aguardaba la noche de este lunes la llegada de las multitudinarias marchas indígenas con un fuerte despliegue de militares y policías en puntos claves de la capital de Ecuador, como el palacio presidencial o la Asamblea Nacional. Las marchas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas desde hace ocho días pretenden tomarse el centro histórico para protestar por la carestía económica nacional y para presionar al Gobierno ecuatoriano hasta que alivie las estrecheces provocadas por el encarecimiento de los alimentos y de los combustibles. Como reacción y con las imágenes aún frescas de las violentas movilizaciones de octubre de 2019, que duraron 20 días, el presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción en las provincias afectadas por el paro general y por el bloqueo de carreteras.
Rige el toque de queda en la ciudad andina desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana para limitar la libertad de circulación y reunión en la calle. Las restricciones estaban vigentes en tres provincias de la zona andina ecuatoriana desde el viernes pasado, ya que se preveía que las manifestaciones se intensificarían durante el fin de semana. Este lunes, con el avance de las marchas hasta los puntos de entrada de Quito, el Ejecutivo reemplazó ese estado de excepción por uno nuevo extendido a las seis provincias en las que el bloqueo de carreteras y las paralizaciones forzadas de actividad productiva han generado pérdidas millonarias, según los cálculos y aseveraciones gubernamentales.
Con esa maniobra, además, el mandatario latinoamericano sortea un golpe de gracia político que pretendía configurar contra él su oposición en la Asamblea. Legisladores de Pachakutik, el brazo político de las organizaciones indígenas, habían juntado los votos suficientes con la bancada de UNES, afines al expresidente Rafael Correa, para cuestionar y desactivar el estado de excepción y con eso, dejar en el aire la fuerza del Estado contra los manifestantes. Con el formalismo de reemplazar el decreto del pasado viernes por uno nuevo este lunes, Lasso ganó tiempo y aplazó esa interpelación en su contra a otro día que no coincida con las jornadas más intensas de protesta.
“Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo”, lanzó el presidente en un vídeo en Twitter. “Pero ellos no quieren la paz; ellos buscan el caos. Quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”.
En ocho días de marchas y enfrentamientos, los manifestantes han protagonizado episodios violentos contra ciudadanos y transportistas que quieren atravesar las vías. La policía, por su parte, ha reprimido el avance de las marchas con gases lacrimógenos y en ambos bandos denuncian tener decenas de heridos. Este lunes se ha confirmado la muerte de un joven de 22 años que se precipitó por una quebrada a las afueras de Quito.
Las movilizaciones responden a una agenda de 10 puntos, entre los que las organizaciones indígenas reclaman al Gobierno por no haber auxiliado a la población con subvenciones o ayudas para contrarrestar el encarecimiento de la vida que sobrevino a la subida del precio internacional del petróleo. La escasez de fertilizantes, el alza de precios de materias primas agrícolas y productivas y el coste del transporte han empobrecido a las familias con menos recursos en los últimos meses. Además, la administración de Lasso no ha sabido resolver problemas estructurales de Ecuador en un año de gestión, como la corrupción y el desabastecimiento de medicinas en el sistema de salud pública, o el deterioro del mercado laboral. La asfixia económica es el detonante que arguyó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para convocar a un paro nacional.
“Compañeros y compañeras, no podemos deslegitimar nuestras luchas, no se pueden confundir con vandalismo”, requería Leonidas Iza, presidente de la Conaie, este lunes cuando se esperaba su llegada a Quito como colofón a la semana de protesta. “No dejemos una imagen (de violencia) como la que pretenden posicionar; este pueblo es de paz. Este pueblo también tiene dignidad y se ha rebelado para resistir”.
Después de ocho días, ni el presidente ecuatoriano ni el líder de los manifestantes han encontrado un espacio de diálogo pese a que ambos dirigentes políticos reconocen que es la vía para concluir las protestas y mejorar las condiciones sociales del país. Lasso ha accedido a congelar los precios de gasolinas de uso masivo, como el diésel del transporte, a condonar deudas de hasta 3.000 dólares a deudores de la banca pública y subsidiar la mitad del coste de la urea utilizada en la agricultura. Iza, que fue detenido por interrupción de servicios públicos y liberado el segundo día de las movilizaciones, exige garantías de que se cumplirán todas sus peticiones antes de sentarse a hablar con el presidente Lasso y de hacer un llamado a relajar la atmósfera de tensión en Ecuador. Los manifestantes, a medida que avanzan hacia Quito, vociferan que el Gobierno de Lasso debe caer.
