Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador se negó el sábado a archivar el informe que instaba a cesar el juicio político contra el presidente del país, Guillermo Laaso, por acusaciones de peculado.
La asambleísta Gabriela Molina (Unión por la Esperanza, UNES) aseguró que la responsabilidad política del mandatario sí se probó. Lasso “conocía de la corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y permitió una prórroga del contrato”, precisó.
Tras la votación, el presidente de dicha comisión, Fernando Villavicencio, aliado del mandatario, cerró inmediatamente la sesión, pese a que asambleístas de UNES habían presentado una moción para revisar el informe y recomendar el impeachment de Lasso.
Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz (UNES) afirmó que el informe no tiene carácter vinculante porque no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y añadió que, aunque no se aprobó ese texto, el procedimiento continuará ante el Pleno de la Asamblea.
El artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa de Ecuador estipula que cuando no hay consenso en una comisión, el tema debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional.
Ahora, el proceso dependerá del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien tendrá que convocar a los asambleístas para discutir el asunto “por el bienestar de Ecuador y de la democracia. Se prevé que Saquicela convoque al Pleno de la Asamblea en un plazo de 48 horas y los asambleístas decidan si continúan adelante con el trámite. Se necesita 70 votos para ello. De alcanzarse esa cantidad de sufragios, Saquicela convocaría a otra sesión del Legislativo para decidir, con el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores (92 de 137), la censura y destitución de Lasso.
La acusación por presunto delito de peculado indica que, pese a que el líder derechista conocía las irregularidades en un contrato para transporte de crudo entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker, y de saber que era lesivo para el Estado ecuatoriano, Lasso se cruzó de brazos e hizo de la vista gorda, incluso prorrogó dicho pacto hasta el 2024.
