Las autoridades chilenas expulsaron de su país a 120 personas procedentes de Venezuela y Colombia, el mayor número de deportaciones en un solo día. Bajo el marco de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería, lanzada por el presidente Sebastián Piñera, el país espera deportar este año a un total de 1.500 personas indocumentadas.
“Ordenar la casa”. Ese es el lema del presidente chileno Sebastián Piñera con el que impulsa las deportaciones de cientos de inmigrantes en estado irregular.
Las autoridades expulsaron el jueves 4 de noviembre en un vuelo chárter a 120 inmigrantes venezolanos y colombianos, el número más alto de personas deportadas en un solo día.
“Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados”, aseguró el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.
Según el Ministerio del Interior, los ciudadanos fueron regresados a sus naciones de origen tras ingresar a territorio chileno de forma irregular o cometer delitos como robo, homicidio o tráfico de migrantes.
El grupo de 71 venezolanos y 49 colombianos fue trasladado en el séptimo vuelo de este año dispuesto por la Administración de Piñera para ese fin.
Pero en lo corrido de 2021 ya van 800 personas regresadas a sus países y la meta del Gobierno chileno es completar al menos 1.500 deportaciones antes de finalizar el año.
“Hemos sido claros que en el Ministerio del Interior: no vamos a renunciar en cumplir con nuestro deber de expulsar a extranjeros que no cumplen la norma en Chile (…) serán expulsados quienes cometan delitos y quienes ingresen clandestinos”, enfatizó Bellolio.
El marco jurídico de las expulsiones de inmigrantes
Las operaciones son realizadas bajo la nueva Ley de Migración y Extranjería promulgada por el mandatario chileno el pasado 11 de abril.
“El objetivo es poner orden en nuestra casa a través de una política ordenada, segura y regular (…) No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, aseguró Piñera en ese momento.
La norma exige obtener las visas de trabajo desde el extranjero y no en el territorio chileno, con el fin de regular la entrada de foráneos. Además, facilita las expulsiones administrativas, lo que ha recibido un aluvión de críticas desde distintos sectores.
La oposición considera que, contrario a lo esperado, las nuevas regulaciones fomentan un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados; mientras que el oficialismo asegura que es la mejor vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio.
La iniciativa reemplaza la legislación de 1975 que según el actual Gobierno ya no respondía a los desafíos y necesidades del país. Fue presentada por primera vez en el anterior periodo de Piñera en la Presidencia, entre 2010 y 2014, y tardó ocho años en aprobarse tras quedar estancada en el Congreso.
Finalmente, el texto fue avalado este año en un momento de mayor auge migratorio en medio de la pandemia de Covid-19.
En la frontera norte con Bolivia, entre febrero y marzo de este año, las autoridades registraron la entrada irregular de más 1.000 inmigrantes, lo que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
Organizaciones de derechos humanos exigen poner fin a las deportaciones
Diversas organizaciones como Human Rights Watch han protestado por lo que consideran una grave violación a los derechos humanos al denunciar la separación de familias, impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, así como deportaciones sumarias los fines de semana, cuando las cortes de apelación se encuentran cerradas.
HRW destacó que la Corte Suprema anuló varias órdenes de expulsión debido a que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”. Sin embargo, en casi todos los casos la anulación tuvo lugar después de que las personas ya habían sido regresadas a sus países.
En reiteradas ocasiones, HRW ha exigido al Gobierno chileno que detenga las deportaciones.
En Chile, un país que hasta las protestas de 2019 fue considerado atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, se estima que actualmente hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población.
Los venezolanos constituyen el grupo de migrantes más numeroso, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
