El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar mediante concurso público, las concesiones mineras; reducir su plazo de 100 a 30 años, máximo y condicionarlas a la disponibilidad hídrica.
Con ello, el Gobierno mexicano continúa en camino hacia una reforma estructural en materia minera, que inició con la nacionalización del Litio.
La propuesta enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal busca poner fin al extractivismo voraz de las empresas mineras y recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, según lo destacaron en el documento.
Entre las propuestas de la iniciativa está dejar al único mecanismo de otorgamiento de una concesión, por 15 años, y de la prórroga –por otros 15– supeditado al cumplimiento que haya tenido la concesionaria de sus obligaciones sociales y fiscales.
Mientras el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta continuar sentando bases para el fin del extractivismo voraz en México, desde el activismo insisten en la necesidad de medidas integrales que también atiendan la violencia en que esos intereses económicos están inmersos.
