El guía camina por la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura argentina, acompañado de una decena de visitantes. Sus palabras tienen otro matiz estas semanas. Se nota cuando repite una idea a lo largo del recorrido: “Para quienes niegan que haya pasado, aquí están las pruebas”. El clima que respiran los organismos de derechos humanos a días de las elecciones presidenciales está cargado de preocupación. El puntero en las encuestas y ganador en las primarias, Javier Milei, y su equipo, han lanzado comentarios negacionistas hacia el terrorismo de Estado que entre 1976 y 1983 dejó 30.000 víctimas. Un posible triunfo de la fórmula de La Libertad Avanza, completada con Victoria Villarruel, defensora de la idea de que la dictadura fue solo un “conflicto armado interno”, amenaza la continuidad del consenso social que construyó el país a lo largo de cuatro décadas de democracia.

Las semanas desde su victoria en las primarias han servido a Milei de tierra fértil para sembrar ideas. Este miércoles, durante su cierre de campaña, el candidato dijo que Argentina había atravesado un “desierto de 40 años”, el tiempo que lleva el país en democracia, para probablemente “pasar a la libertad” a partir de diciembre. Una línea del discurso que pasó desapercibida entre los fanáticos despistados, pero que sirvió de guiño a los grupos que simpatizan con los militares y justifican la dictadura. Al mismo tiempo fue una granada para quienes, desde el regreso democrático, se han volcado a trabajar por la memoria.

Carlos Pisoni, hijo de desaparecidos en la última dictadura, reconoce que es un momento “muy complicado” para el país. “Nunca imaginamos que podíamos tener candidatos negacionistas”, comenta al teléfono. “En 40 años dimos una gran batalla para que la memoria, la verdad y la justicia sean políticas de Estado; que hoy tengamos una candidata como Villarruel es una afrenta a la democracia”. La candidata a vicepresidenta, una defensora de “la vida, la libertad y la propiedad”, organizó hace apenas un mes un homenaje a “las otras víctimas” de la violencia política de los años setenta, un evento fuertemente repudiado y calificado por los organismos de derechos humanos como “una provocación”.

Argentina comenzó a juzgar lo sucedido en la dictadura a partir del juicio a las Juntas Militares en 1985. Desde entonces, 1.192 represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Las políticas implementadas en memoria, como la conversión de la Escuela de Mecánica de la Armada en un museo de la Memoria —recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad— o el enjuiciamiento de militares y empresarios aliados, lograron sobrevivir a Administraciones de varios colores y convertir al país en un referente internacional en estos temas.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) apareció una primera grieta, recuerda Horacio Pietragalla, actual secretario de Derechos Humanos. En ese entonces, el Supremo argentino abrió la puerta a la liberación de los genocidas a partir del acceso a un beneficio conocido como 2×1, que les reducía los años de detención en la cárcel. La sociedad se movilizó masivamente en rechazo y la iniciativa se vino abajo por la presión social. Pietragalla entiende ese momento como un ejemplo del “fuerte consenso social” que hay respecto al tema, aunque admite que existe un sector que “se engancha con el negacionismo” de la dictadura. Sin embargo, el grueso de los votantes de La Libertad Avanza desconoce en profundidad las posturas de los candidatos, asegura. “Irrumpen con estas provocaciones para captar votos. Siempre que hay crisis económica, hay sujetos que tratan de capitalizar el enojo”. Y agrega: “Conocemos a Villarruel hace 20 años, la sociedad no la conoce”.

Para entender el apoyo a Milei hay que analizar cualitativamente el voto, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). La abogada señala que esas revisiones plantean que “no necesariamente hay una adhesión ideológica” en este tema por parte de los votantes de Milei. Pero, “aún sin adherir a esos postulados, están dispuestos a votarle”. Este grupo se suma a otro, presente desde los setenta, que siempre avaló el negacionismo. “Nunca tuvimos un consenso absoluto”, dice.

Las Madres de Plaza de Mayo marcharon esta semana, como lo hacen todos los jueves desde 1977, en la icónica plaza para reclamar por la desaparición de sus hijos en la dictadura. El ambiente se notaba políticamente tenso. Irene Molinari, una de las referentes más jóvenes de la asociación, dio unas vueltas junto a sus compañeras y luego tomó el micrófono. Los candidatos de ultraderecha “no son negacionistas”, aseguró, “son cómplices, porque apoyan a los genocidas”. Los asistentes aplaudían y se decían entre ellos, con más esperanza que convencimiento: “El domingo vamos a ganar”. Sea cual sea el resultado, “la lucha continúa en cualquier escenario”, comentaba uno de los más cercanos a las madres.

“Es una tarea de todos los argentinos reflexionar qué hay detrás de Milei″, decía más tarde Molinari en entrevista con este periódico, “tenemos que hablar con aquellos que piensan que nos va a traer el cambio, porque es un cambio nefasto para todos”. En la plaza, todos los oradores de la tarde del jueves insistían en la cifra, “fueron 30.000″, un número que se estableció como parte del consenso, pero cuestionado por los defensores de las Fuerzas Armadas y ahora por Milei. Otra de las madres que tomó el micrófono fue Visitación Folgueiras de Loyola, que asistió a dar el recorrido en su cumpleaños número 99. Con dificultad, pero mucha actitud, se puso de pie para agradecer la compañía de quienes se acercaron a verlas. “¿Cómo no voy a estar tranquila si tengo unas compañeras que siempre van a defender esta bandera preciosa?”, dijo agitando el pañuelo blanco que minutos antes llevaba en la cabeza, el símbolo de una lucha de más de 40 años.