“Nuestra tierra se está secando y nuestra agua está contaminada”, dice Nati Machaca, una de las manifestantes que monta guardia en un bloqueo de carretera en la aldea de Purmamarca, en lo alto de los Andes.
Machaca es portavoz de los grupos indígenas que viven en Jujuy, una provincia en el norte de Argentina.
Jujuy se encuentra en lo que se ha llegado a conocer como el “triángulo del litio”, una franja de los Andes que abarca la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran los yacimientos de litio más grandes del mundo.
El metal se usa para fabricar baterías recargables en todo tipo de dispositivo, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles.
Se ha vuelto especialmente cotizado para los automóviles eléctricos, que también usan litio en sus baterías y se están volviendo cada vez más populares.
Argentina es el cuarto productor mundial de litio, pero algunos residentes de Jujuy señalan que, además de no recibir beneficio de la industria, su estilo de vida está amenazado como resultado.
La extracción de litio requiere grandes cantidades de agua, como unos dos millones de litros por tonelada.
Los lugareños como Nati Machaca, que viven de la tierra y crían ganado en esta región predominantemente rural, temen que esa minería esté secando el suelo y contaminando el agua.
“Si esto sigue, pronto vamos a morir de hambre y a enfermarnos”, advierte.
La postura de los más de 400 grupos indígenas que habitan estas montañas se complica por el hecho de que muchos de ellos no tienen títulos de propiedad legales de las tierras donde han vivido durante siglos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles en los años 1500.
Machaca es un ejemplo de esto. Ella vive en una parcela de tierra que su abuelo compró al terrateniente para el que trabajaba.
“Entonces eran todo acuerdos de palabra”, explica, “pero no hay pruebas”.
Ella y muchos en la misma situación, que no tienen documentos legales para respaldar sus reclamos sobre la tierra, podrían enfrentar el desalojo según una polémica reforma constitucional aprobada en junio por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
