Los intentos de inhabilitar a Trump llegan al Supremo de EE UU

Pocas veces un artículo científico en una revista jurídica llegó tan lejos. Lo escribieron para la University of Pennsylvania Law Review dos académicos conservadores que defendían que la respuesta a la pregunta de qué podría parar a Donald Trump en su camino de regreso de la Casa Blanca había estado siempre ahí, oculta en la tercera cláusula de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Ese pasaje poco citado del texto fundamental le impediría volver a figurar en las papeletas en virtud de su presunta responsabilidad en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. La argumentación se materializó en decenas de demandas por todo el país, que cristalizaron en prohibición en dos Estados: Colorado y Maine. Este jueves, el debate sobre si Trump está autorizado o no a presentarse a las elecciones de noviembre llega al Tribunal Supremo, cuyos nueve magistrados se han citado para escuchar los argumentos orales a favor y en contra de aquel artículo científico, en el que ya es uno de los casos (Donald J. Trump contra Norma Anderson et al) de mayores consecuencias políticas de las últimas décadas en Washington.

Promete ser una mañana de discusión sobre derecho, sí, pero también sobre historia. La decimocuarta es una de las enmiendas más influyentes de la Constitución porque fue la que garantizó, tras la abolición de la esclavitud, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. También se aprovechó para prohibir a quienes hubieran participado en una insurrección volver a presentarse a un cargo público. Se aprobó en 1868, tres años después del final de la Guerra de Secesión (1861-1865), y se trataba de asegurarse de que los sublevados no pudieran volver a atacar a la Unión desde dentro. Más allá de esos casos, la cláusula tercera se ha usado en muy contadas ocasiones, la última, hace más de un siglo.

Durante la vista, también resonarán los ecos de la propia historia del Supremo. El precedente más evidente es el fallo del caso Bush contra Gore, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George Bush hijo. Está previsto que los argumentos orales duren este jueves unos 80 minutos, y que de ellos no salga una decisión, pero sí la impresión de por dónde irán los votos de cada uno de los jueces. La composición actual del Supremo es de seis magistrados conservadores y tres liberales. En sus cuatro años en la Casa Blanca, Trump logró una marca poco común: colar en el alto tribunal a tres jueces de su cuerda.

La pelota de la inhabilitación de Trump está en el tejado de esos nueve togados desde finales de diciembre, pero es ahora cuando llegan las prisas: urge conocer el fallo antes del 5 de marzo, jornada conocida como el supermartes, el día de la precampaña en la que más Estados coinciden en votar en las primarias. Así que es crucial saber si el nombre del aspirante republicano favorito en todas las encuestas puede figurar en las papeletas. Uno de esos Estados es Colorado, donde un juez concluyó que el expresidente participó en una insurrección, pero no lo descalificó por considerarlo que el texto constitucional no se refiere al cargo del presidente. El Supremo de Colorado cambió ese criterio después. Maine fue el segundo Estado en sumarse a esa idea.

El texto sometido a discusión dice: “Ninguna persona podrá ser senador o congresista, elector del presidente o vicepresidente, o desempeñar cualquier puesto civil o militar si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. La enmienda añade que solo cabe anular esa prohibición con dos tercios de los votos de cada cámara del Congreso.

Debate jurídico de consecuencias políticas

Los abogados de Trump se agarran a esa confusa formulación para afirmar que no se puede aplicar a la presidencia. También afirman que lo que Trump hizo el 6 de enero no entra en la definición de insurrección y que la decimocuarta enmienda no puede aplicarse sin el acuerdo del Capitolio. Los analistas esperan que el Supremo resuelva la cuestión quedándose solo en lo estrictamente jurídico sin entrar en cuestiones de apreciación política, como si puede considerarse un intento fallido de golpe de Estado lo que pasó en el asalto al Capitolio. Entonces, una turba arengada por el aún presidente durante un mitin marchó hacia la sede de la democracia estadounidense para interrumpir el trámite de la transferencia de poder a Joe Biden, que ganó las elecciones, pese a las teorías de fraude que se han demostrado falsas una y otra vez y que Trump y los suyos se habían dedicado a difundir en los meses previos.

El Supremo se enfrenta asimismo este jueves a una nueva prueba sobre su legitimidad. Su reputación entre la ciudadanía se encuentra en sus niveles más bajos, y en los últimos meses se ha visto en el punto de mira por las acusaciones de corrupción a unos magistrados escogidos de por vida y prácticamente intocables en el ordenamiento estadounidense. Uno de los más cuestionados es el conservador Clarence Thomas, al que se le acusa de haber recibido suntuosos regalos de un poderoso donante republicano que nunca declaró.

Desde los medios de izquierda, también han pedido que Thomas se abstenga en los casos que tengan que ver con la responsabilidad de Trump en el ataque al Capitolio, en vista de que ha quedado probado que su mujer, la activista conservadora Ginni Thomas, presionó con docenas de mensajes de texto a la Casa Blanca y a los legisladores para que anularan la victoria de Biden en 2020. También asistió a la manifestación Stop the Steal [Detengamos el robo] del 6 de enero antes del ataque al Capitolio y le dijo en 2022 al comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque que aún estaba convencida de que los demócratas robaron las elecciones de 2020.

La audiencia del Supremo llega solo dos días después de que el equipo legal de Trump recibiera un duro golpe con la decisión de las tres juezas del Tribunal de Apelaciones de Washington que fallaron de forma unánime que aquel no es inmune legalmente por los actos cometidos durante su presidencia. La resolución rechazaba un recurso del expresidente contra una decisión en el mismo sentido de la jueza federal Tanya Chutkan, encargada del caso penal por cuatro delitos por los intentos del magnate de alterar los resultados de aquellas elecciones y por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. En ese caso, de nuevo, la última palabra le corresponderá al Supremo.