Magistrados de Minnesota, Míchigan y Colorado rechazan sendas demandas que recurrían a una cláusula de la Constitución que prohíbe a un insurrecto presentarse a la presidencia
Tres jueces de tres Estados, Minnesota, Míchigan y Colorado, han echado por tierra las aspiraciones de quienes pretenden impedir que Donald Trump se presente el año que viene a las elecciones presidenciales basándose en su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y a partir de una previsión incluida en la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense.
La última en hacerlo fue este viernes por la noche la jueza Sarah Wallace, que se negó a eliminar el nombre del expresidente de las papeletas de las primarias republicanas en Colorado, a dos meses de que estas den comienzo en Iowa.
La Constitución no prohíbe a un investigado por un delito federal ser presidente; tampoco aspirar a ello, aunque, como es el caso, se enfrente a 94 cargos en cuatro causas distintas, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio, por delitos electorales y por su manejo de papeles clasificados. Ni siquiera existe esa salvedad en el texto fundamental si este acaba en la cárcel.
Pero la decimocuarta enmienda sí aporta una excepción en su sección tercera, conocida como la “cláusula de descalificación”, que dice: “Ninguna persona podrá ser […] presidente […] si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también advierte que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.
Aprobada en 1868, la enmienda sirvió para otorgar la ciudadanía a toda persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, también las que habían sido esclavizadas, y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sección tercera estaba pensada para evitar la reincidencia de los sublevados de la Confederación, vencidos en la Guerra Civil (1861-1865). Se ha aplicado en muy contadas ocasiones, solo dos desde 1919.
La jueza de Colorado justificó su decisión alegando que, según su interpretación, la decimocuarta enmienda no puede aplicarse a los presidentes. Su decisión sí concluye que “Trump participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, que él mismo incitó”. Tampoco escatima en su reprimenda, al decir que sabía que “[Su] retórica incendiaria [de aquel día], viniendo de un orador que habitualmente abrazaba la violencia política y que había inflamado la ira de sus partidarios antes de la certificación [del triunfo legítimo de Biden], probablemente incitaría a la anarquía y el desorden inminentes”.
La cláusula tercera habla de senadores y congresistas, pero no alude específicamente al cargo de presidente, opina Wallace. “Tras considerar los argumentos de ambas partes, este tribunal está convencido de que, por lo que sea, los redactores de ese texto no quisieron incluir a quien hubiera prestado juramento presidencial”, escribe en su argumentación.
El del viernes fue el tercer jarro de agua fría en algo más de una semana para los defensores de una teoría legal defendida en un artículo científico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firman William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores, que argumentan que la cláusula de descalificación está lejos de ser un anacronismo decimonónico y que no caben dudas de que los actos de Trump encajan en su descripción.
El Supremo de Minnesota justificó que Trump pudiera aspirar a las primarias diciendo que es a los partidos políticos a quienes corresponde en exclusiva la decisión tienen la decisión de quién figura en sus papeletas. A los pocos días, un juez de Michigan se desentendió de la responsabilidad de decidir sobre el asunto, que considera que corresponde al Congreso.
Posibilidad de recurso
Los demandantes de Colorado podrán recurrir la decisión al Tribunal Supremo estatal, así como llevar el caso hasta el de Washington, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis contra tres. Tres de sus miembros son nombramientos de los años de Trump en la Casa Blanca (2017-2021).
La demanda la había presentado una organización de Washington llamada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés), con experiencia en enfrentarse judicialmente a Trump. En una entrevista con EL PAÍS en septiembre pasado, Donald Sherman, su vicepresidente, declaró: “Hay evidencias abrumadoras de que la cláusula puede activarse en este caso. El concepto es sencillo de entender, aunque la litigación no lo vaya a ser”. CREW logró que se aplicara el año pasado la cláusula para impedir en Nuevo México el desempeño de un cargo público a Cuoy Griffin, fundador del grupo Cowboys for Trump.
“Aplaudimos el fallo de hoy en Colorado, que es otro clavo en el ataúd de las impugnaciones electorales antiestadounidenses”, expresó este viernes un portavoz de Trump, Steven Cheung, en un comunicado. “El votante tiene el derecho constitucional de votar por el candidato de su elección”.
El expresidente encabeza con un notable margen todas las encuestas de intención de voto para ser designado candidato por el Partido Republicano en la cita con las urnas de noviembre de 2024.
