Los asesinatos destaparon el mayor escándalo dentro de las Fuerzas Militares del país. Los oficiales y soldados implicados recibieron condecoraciones, permisos o compensaciones por las muertes.
Veintiún militares, incluido un general, admitieron su responsabilidad en la ejecución de cientos de civiles que presentaron como caídos en combate, según dio a conocer el Tribunal de paz de Colombia el último viernes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “recibió el reconocimiento de verdad y responsabilidad de 21 integrantes del Ejército Nacional (…) por el asesinato” de unas 247 personas, señaló la magistrada Catalina Díaz en rueda de prensa.
Los asesinatos se produjeron en la región cocalera de Catatumbo (120), fronteriza con Venezuela, y en la costa Caribe (127). También hay un civil que confesó ser “colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas”.
Conocidos como falsos positivos, estos asesinatos destaparon el mayor escándalo dentro de las Fuerzas Militares. Los oficiales y soldados implicados recibieron condecoraciones, permisos o compensaciones por esas muertes.
Entre los uniformados que reconocieron su culpa está el brigadier general Paulino Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30 que opera en la zona fronteriza.
Citado por la JEP, Coronado presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado” en “los execrables actos cometidos (…) conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes” y “dejando profunda desolación entre sus seres queridos”.
Surgido del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, este tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto de más de medio siglo que deja nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.
El pacto negociado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.
La magistrada añadió que dos coroneles negaron los cargos, por lo que serán llevados a juicio. De ser hallados culpables, podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión.
El tribunal determinó que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008 tras ser llevados con engaños a zonas alejadas donde vivían. El alto mando castrense y el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2008) siempre han negado que fuera una acción sistemática.
En enero, la JEP también imputó a ocho altos mandos de las antiguas FARC por el secuestro de 21.396 personas. Los exrebeldes, que reconocieron su responsabilidad ante el tribunal, aún no han recibido su sanción. El tribunal espera dictar sus primeras sentencias en 2022.
