Jerusalén – El derribo de estructuras palestinas, sean casas o comercios, es una práctica regular de las autoridades israelíes, que a su vez imposibilitan que los residentes palestinos de la ciudad puedan obtener los permisos de construcción. Sin embargo, en apenas tres meses de Gobierno de Netanyahu –el más extremista en la historia de Israel– estas demoliciones se han disparado, acelerando los desplazamientos forzosos y los deseos anexionistas de la coalición.
Zakariya Muhssen y su tío Hassan no querían “comprar un automóvil o viajar al extranjero”; habían ahorrado para edificar un futuro, en su caso, una estructura con dos apartamentos contiguos al inmueble en el que vive su familia.
Y a esa tarea se volcaron de lleno desde junio del año pasado.
“Pero ahora todo está destruido, nuestros sueños están paralizados”, lamenta el joven Muhssen, horas después de presenciar cómo dos excavadoras custodiadas por soldados israelíes hicieron trizas su casa en Al-Issawiya.
En el registro local de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la vivienda de Zakariya y su tío ha pasado a ser la primera demolición del año en este barrio, sobre un total de 79 edificaciones palestinas destruidas en Jerusalén Este ocupado en lo que va de 2023.
Una cifra disparada, pues solo en los primeros tres meses —enero, febrero y marzo— se produjeron la mitad de todas las demoliciones de 2022 en la parte Este (fueron 144). Se trata de una realidad que señala directamente al actual Ejecutivo de extrema derecha. Si bien esta práctica es una política israelí regular, desde que asumió la coalición supremacista y ultrarreligiosa de Benjamin Netanyahu más familias palestinas han contemplado el derribo de sus hogares.
La Municipalidad de Jerusalén, principal autoridad responsable, sostiene que estas construcciones son “ilegales”, ya que se erigieron sin permisos de edificación. Salvo que rara vez otorga dichas licencias a los solicitantes palestinos de la ciudad que, ante la dificultad burocrática, se ven obligados a construir sin papeles.
Aunque los datos sobre demoliciones son poco claros, en 2019 la ONG Peace Now detalló que entre 1991 y 2018 apenas un 16,5% de los permisos en Jerusalén (9.536 de 57.737) fueron adjudicados a barrios palestinos.
En cuanto al trámite de las habilitaciones, los palestinos sienten que, aunque jueguen de acuerdo a las reglas, es una partida que difícilmente pueden ganar y que conlleva vivir bajo el riesgo y nerviosismo de una demolición inminente.
Zakariya y su tío presentaron su pedido a la Municipalidad, pero esta les rechazó “de todas las formas posibles” con motivos que fueron desde la molestia que causaría a sus vecinos la construcción —”son mi familia, que me desea el bien, y conocía y aprobó los planes”— hasta un supuesto plan de instalar allí una calle, algo complicado de imaginar porque el edificio choca con una ladera y no hay espacio suficiente para un nuevo camino.
Deudas enormes y desplazamiento forzado, entre los impactos por los derribos
Cuando llega la tan temida orden de demolición, los palestinos de Jerusalén Este ocupado se enfrentan además a una cruel disyuntiva: destruir sus edificaciones por su cuenta —casas, negocios, granjas—; o dejar que lo hagan las propias autoridades israelíes, que al final les enviarán una cuenta por el derribo.
Muy a su pesar, Zakariya y Hassan optaron por la primera opción y, durante seis días, deshicieron el trabajo de los ocho meses anteriores. Solo quedaron en pie dos columnas que “sostenían el otro edificio”.
No obstante, y sin aviso previo, alrededor de las 6:30 de la mañana un centenar de soldados llegaron a la residencia de los Muhssen para custodiar a dos bulldozers que destruyeron esos dos pilares restantes, causando a la par más destrozos en cañerías y cableados del edificio familiar.
“Para hacernos pagar más vinieron con dos excavadoras y muchos soldados que no hacían falta —recrimina con tristeza Zakariya—. No había necesidad de que cien militares vinieran a un pequeño vecindario (el de Al-Issawiya), se treparan a las casas de la gente y cerraran el área. Solo querían costarnos más dinero“. En total, les cobraron 100.000 shekels por el operativo, que se sumaron a los 18.000 shekels de multa previa por construir sin permiso.
Es decir, lo equivalente a unos 30.000 dólares de deuda.
Con sus ahorros convertidos en hierros retorcidos y escombros, Zakariya confiesa: “Es difícil pensar qué haré en el futuro”.
“Nuestra principal preocupación ahora es ver cómo pagaremos las multas y seguiremos con nuestras vidas”, relata. “Mi padre, mi tío y yo pagamos mucho dinero que estuvimos ahorrando durante mucho tiempo. Queríamos dar un paso adelante y no nos dejaron dar ni medio paso“.
De acuerdo al registro de OCHA, Zakariya es una de las 474 personas afectadas por las demoliciones en Jerusalén Este en 2023, que asimismo han ocasionado el desplazamiento por la fuerza de 145 residentes, de los cuales más de la mitad son menores de edad.
Kimberly Lietz, jefa de comunicaciones de la oficina de OCHA para los Territorios Palestinos ocupados, explica que “las demoliciones de viviendas resultan en familias perdiendo su lugar de residencia, acceso a sus medios de vida y a servicios básicos de sus comunidades”, entre ellos la educación de los niños, por lo que “es crítico que la comunidad internacional se junte para abogar por el fin de las demoliciones de estructuras”.
Esta situación, agrega a France 24, “impregna una sensación de miedo en las comunidades” e “incrementa significativamente las necesidades humanitarias, así que trabajamos de cerca con la comunidad diplomática y nuestros socios para garantizar una asistencia apropiada a los desplazados”.
No obstante, Lietz reconoce que la labor de OCHA “es solo un parche” y que “en última instancia, sin el compromiso de la comunidad internacional para instar al fin de estas políticas, vamos a presenciar más y más necesidades humanitarias“.
“El secretario general (de la ONU, António Guterres) ha sido claro acerca de que el régimen de planeamiento y zonificación implementado por las autoridades israelíes es restrictivo, discriminatorio y va contra los protocolos internacionales humanitarios y el derecho internacional” – Kimberly Lietz, vocera de la oficina de OCHA en Jerusalén Este.
Junto a Hizma, Jabel Mukaber es uno de los barrios más amenazados
Dicha “planificación” desigual es la que amenaza a Jabel Mukaber, un barrio palestino ubicado en una colina al sur de Jerusalén Este ocupado, en los alrededores de la Ciudad Vieja. En esta área de 1.800 dunams (180 hectáreas), la construcción de edificaciones está estrictamente limitada.
Por un lado, la Municipalidad jerosolimitana ha designado la mitad del territorio como espacio público sobre el que no se puede alzar ni una casa ni un campo agrícola. Además, la zona se encuentra en la trayectoria de un nuevo camino de circunvalación, el llamado ‘American Road’, que pretende conectar los asentamientos judíos ubicados al norte y sur de Jerusalén —pues construir carreteras para estas colonias y cerca de la Ciudad Santa está cada vez más entre las aprobaciones del nuevo Gobierno.
Y a ello se suma que desde 2017 rige la Ley Kaminitz, que ha otorgado a las autoridades un poder más amplio para proceder contra las construcciones palestinas sin licencia y ha reducido la capacidad de acción legal para detener los derribos. Como resultado, al menos 132 hogares de Jabel Mukaber podrían sufrir una demolición.
Una de ellas es la de Feras Shqerat, imam proveniente de una familia que vivió en el lugar por generaciones. En un terreno legado por su abuelo, dedicó los últimos cinco años a alzar una vivienda para su mujer, sus hijas y la familia de su hermano, a partir de ahorros conseguidos en jornadas de trabajo de “catorce y hasta dieciséis horas”.
“La posibilidad de ver caer tu casa, la casa de tus sueños, de tu familia, en la que viviste durante años… Es un sentimiento muy doloroso”, revela a este medio.
Por temor a una demolición inminente, Feras y su familia han vaciado la casa porque “estas son fuerzas agresoras que pueden venir en cualquier momento”: “Vienen, desalojan a la fuerza a las personas que están en el interior de la casa y luego la demuelen; y con ella los esfuerzos que hicimos durante años“.
Feras denuncia que, como Zakariya, Hassan y tantos otros, presentó un proyecto a la Municipalidad para regularizar la situación habitacional y que, pese a responder a los requisitos necesarios, se encuentra paralizado “por decisión de autoridades superiores”. Su sospecha es que el Gobierno israelí —sostenido hoy por ministros más radicales—, quiere evitar que “las personas se asienten en este lugar”.
“Si avanza la política de escalada liderada por el Gobierno extremista, habrá masacres, no solo humanas, sino de viviendas”, alerta. El objetivo final, añade este clérigo musulmán, es la “reducción de la presencia árabe en Jerusalén” para lograr “una mayoría judía o israelí” que responda “los objetivos y las ambiciones de los extremistas judíos”.
“Es una política de hostilidad contra el otro, de limpieza y barrido del otro, para que se apoderen de la tierra sin habitantes y así dársela a la gente que ellos quieran y que les ayude en sus objetivos”, sentencia Feras.
Fuente: France Press
