El pleno de la Corte Constitucional (CC) sesionó el miércoles de manera extraordinaria para analizar el proyecto de dictamen elaborado por los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada. De los nueve magistrados que la conforme seis votaron a favor y tres en contra.
Para que se diera curso a la iniciativa, se requerían los votos positivos de al menos seis de los nueve jueces. Ahora el trámite pasará a la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación.
El pedido de enjuiciamiento al jefe de Estado, Guillermo Lasso, es impulsado por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (antes de Pachakutik), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano) y Rodrigo Fajardo (antes de Izquierda Democrática), bajo la acusación de presuntos delitos contra la seguridad del Estado y corrupción.
El documento fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el viernes 24 de marzo y fue enviado a la Corte.
El mismo viernes, la Corte Constitucional sesionó para designar, mediante sorteo, al juez sustanciador de la causa, que recayó en la jueza Teresa Nuques, sin embargo, el proyecto de ley que presentó no obtuvo los votos requeridos, así que la causa pasó a los magistrados Ortiz y Lozada, como nuevos ponentes.
Tras la decisión definitiva de los magistrados, la Corte Constitucional publicó un comunicado anunciando la admisibilidad parcial para el enjuiciamiento.
“El pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado”, se indica en el texto.
Respecto al presunto delito de concusión, el pleno estableció que los cargos formulados por los asambleístas “no cumplen” con las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En tanto que la formulación del delito de peculado sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad de la ley.
Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, dijo que, a pesar de que el Gobierno no coincide con la decisión de la Corte Constitucional “respetamos el dictamen de admisibilidad del juicio político”, lo que de ninguna manera valida los argumentos planteados por el Legislativo en contra del mandatario.Aseguró también que las acusaciones de la Asamblea no han tenido sustento ni jurídico ni político.
Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones. En ese lapso podría postularse a la reelección, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero tras una consulta popular enfocada en la seguridad.
