El presidente argentino busca los votos de la oposición del centro a la derecha para que su reforma del Estado pase la prueba en el Poder Legislativo
El Gobierno argentino ha cedido ante la oposición y ha eliminado más de un centenar de artículos de su megaley de reforma del Estado para buscar consensos en el Congreso. El presidente, Javier Milei, ha bajado su pretensión de exigir hasta cuatro años de delegaciones legislativas especiales, ha eliminado a la petrolera YPF de la lista de empresas estatales que pretende privatizar, y ha aceptado no cobrar derechos de exportación a la producción agropecuaria concentrada en las provincias lejos de Buenos Aires. Con una extensa lista de modificaciones, el Gobierno del ultraderechista espera que su proyecto para desmantelar el Estado argentino encuentre un acuerdo entre las comisiones especiales que lo revisan para que pueda pasar esta semana a la votación formal entre los diputados.
El Congreso lleva dos semanas de sesiones extraordinarias discutiendo la ley ómnibus que Milei envió a los legisladores el pasado 28 de diciembre para cambiar de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. Los 664 artículos del texto original han crispado la temporada de vacaciones de verano en argentina, donde la sociedad ha discutido casi con la misma intensidad que el Congreso las implicancias de una reforma que contempla desde las facultades especiales del Ejecutivo para tomar deuda externa sin el aval del Legislativo o decidir por decreto el cálculo de las pensiones, hasta la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine (INCAA) o una reforma en el sistema jurídico para que los magistrados usen toga y un martillo durante los juicios.
La reforma había encallado en el Congreso sin encontrar consensos: el viernes pasado venció el plazo para que las comisiones especiales dictaminen su paso a la Cámara Baja y, sin lograr los votos necesarios, Milei amplió esa misma noche por decreto el plazo de las sesiones legislativas. El Congreso argentino volverá a sesionar de manera ordinaria en marzo, pero tiene hasta el próximo 15 de febrero para discutir la megaley. El Gobierno espera que sus nuevas reformas tengan el visto bueno de los bloques de centroderecha –el PRO del expresidente Mauricio Macri, la centrista Unión Cívica Radical, y un amplio bloque de peronistas federales y escisiones de fuerzas minoritarias– que le garantizarían la aprobación del proyecto en diputados.
Milei ha aceptado disminuir el periodo de “emergencia pública” con el que buscaba dotar al Ejecutivo de facultades legislativas durante dos años pendientes de una prórroga por dos más –prácticamente todo un hipotético primer mandato– a un solo año cuya prórroga por otro más dependerá de la votación del Congreso. El partido de Gobierno, La Libertad Avanza, ha eliminado a la estatal YPF de la lista de 41 empresas públicas que quiere privatizar, y ha aceptado que otras, como el Banco Nación o la empresa de satélites ARSAT, tengan una “privatización parcial” mientras el Gobierno mantiene su control estatal. La línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, el correo, y los medios públicos de comunicación, como la agencia de noticias Télam, todavía podrán ser privatizadas. También ha aceptado un cambio en la financiación de las pensiones: el Gobierno quería darse la facultad de decidir sobre los aumentos por decreto, ahora ofrece mantener el aumento trimestral por la inflación hasta marzo y, desde abril, un ajuste mensual de las jubilaciones según el Índice de Precios al Consumidor.
“No hemos cedido en nada, hay mejoras que aceptamos”, ha dicho este lunes por la mañana el presidente Javier Milei, que en las últimas semanas ha ido sumando opositores en las calles. A las protestas contra el ajuste fiscal que han convocado a trabajadores, jubilados o inquilinos en las calles se han sumado estos días los trabajadores de la cultura. Este lunes, las protestas de los trabajadores del cine contra la desfinanciación del INCAA o el cierre de la escuela nacional del cine han hecho eco en más de 300 productores, directores y actores de todo el mundo, entre ellos el español Pedro Almodóvar o el mexicano Alejandro González-Iñárritu, que han publicado una carta denunciando el “efecto devastador, incalculable e irreparable” de la ley contra la producción audiovisual. “O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, les ha respondido el presidente.
Tras la edición de un nuevo borrador en la ley, el INCAA mantendrá una asignación específica de fondos y el Gobierno dará marcha atrás en su intención de cerrar el Fondo Nacional de las Artes, que financia becas para artistas. El Gobierno también ha aceptado no cobrar retenciones a las exportaciones de los productores agropecuarios de las provincias alejadas de Buenos Aires, aplazar la discusión de su reforma electoral para las sesiones ordinarias del Congreso, y ha eliminado uno de los puntos más polémicos de su ley, el que definía como manifestación ilegal –y pendiente de penas de cárcel en caso de incumplir el protocolo contra las protestas– cualquier reunión de “tres o más personas” en el espacio público. Pero ha redoblado la apuesta en otras materias. Milei buscaba prohibir la “actividad política” –proselitista o partidaria– de los funcionarios públicos, y ahora ha incluido también a todos los empleados del Estado.
El Gobierno confía en que su ley podrá aprobarse esta semana en Diputados para pasar la siguiente al Senado. Milei ha afirmado que espera que la Cámara Baja discuta el proyecto este jueves, un día después de la huelga general a la que ha llamado la Confederación General del Trabajo que incluirá la movilización de sindicatos y agrupaciones sociales a las puertas del Congreso.
La coincidencia del debate de los diputados y la protesta masiva convocada para este miércoles servirá de termómetro para medir el apoyo social con el que el Gobierno justifica llevar a cabo sus reformas económicas. A pesar de ser minoría en el Congreso, el Gobierno de Milei amenaza desde hace semanas con que el ajuste a los trabajadores será aún más fuerte si el resto del arco político no acompaña sus políticas de shock. Con la inflación en el 25% solo en diciembre pasado, ese apoyo popular en el que se embandera el Gobierno parece empezar a flaquear.
Según un estudio de la Universidad de San Andrés, el 40% de los argentinos rechaza las políticas económicas de Milei. Hay una grieta está expuesta: el 38% sí está de acuerdo con ellas. Pero, frente a puntos específicos de la megaley, este estudio es lapidario: hasta el 60% rechaza la privatización empresas estatales, la delegación de poderes al Ejecutivo, los permisos especiales al Gobierno para tomar deuda o la reforma de leyes medioambientales. Según el estudio, las medidas más populares de la ley no tienen nada que ver con la economía: más de la mitad de los argentinos ven con buenos ojos que se cobre la educación pública a extranjeros no residentes, que se alivien las penas a uniformados que actúen en “legítima defensa”, que se eliminen las primarias abiertas obligatorias durante las elecciones o que cambie el régimen de divorcio para simplificar el trámite. Esas son las únicas medidas tienen un apoyo mayoritario.
