La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos arribó a Lima, capital peruana, para presentar su informe sobre las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de este año en la región.
Según algunas de las conclusiones de la institución, el gobierno interino de Dina Boluarte, en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, han encubierto delitos de lesa humanidad, por lo que, en consecuencia, es considerado una dictadura.
La entidad también confirmó que se habían producido violaciones de derechos humanos contra los manifestantes peruanos, así como el uso irregular de armamento por parte de los policías y militares, sumado a la discriminación racial contra los pueblos originarios y campesinos.
Los representantes de los organismos de derechos humanos también lamentaron la complicidad entre el Ejecutivo y la Fiscalía, así como la falta de interés del gobierno hacia las demandas de los peruanos.
Finalmente, la Misión Internacional de DD.HH. exigió al gobierno que se investigue y se sancione a los culpables de las muertes en las protestas.
A pesar de que uno de los pedidos principales de los manifestantes es el adelanto de elecciones, el Congreso de la República volvió a rechazar por quinta vez el proyecto de ley de esta iniciativa, demostrando una vez más que la crisis política y social en Perú no llegará a su fin.
