Alfredo Molano Jimeno
La rebelión popular de Ecuador en 2019 fue por el aumento de la nafta. Las inmensas movilizaciones y el paro de actividades durante diez días impulsaron al Gobierno de Lenín Moreno primero a reprimir y, después ante la resistencia, a derogar esa medida de castigo a los bolsillos de la mayoría de la población.
El estallido social en Chile también en 2019 fue por el incremento del boleto del metro, que también fue reprimido con ferocidad. Los casi cuatro meses de revuelta popular derivó no sólo en el freno a esa medida, sino en un potente cimbronazo de la estructura política del país.
En Colombia, ahora, la movilización de miles de personas que han copado las calles en Bogotá, Cali, Medellín y otros puntos de país fue para frenar el proyecto de reforma tributaria profundamente regresivo del Gobierno de Iván Duque. La iniciativa fue retirada del debate parlamentario, pero las protestas y la represión continúan.
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¿Qué rasgo similar tiene cada una de esas impactantes sublevaciones pacíficas?
El hastío de trabajadores, campesinos, pueblos originarios y jóvenes a un modelo económico neoliberal que deteriora la calidad de vida y profundiza la injusta distribución del ingreso.
Impuestos
La propuesta del Gobierno de Colombia fue subir la carga tributaria sobre las naftas de 5% a 19%, e incrementar la de los servicios públicos de 0% a 19%. La reforma contemplaba, además, la ampliación de la base impositiva sobre los salarios.
La pandemia dejó al desnudo los modelos neoliberales de América Latina, en especial a los de Chile y Colombia que eran puestos por la derecha regional, la banca global y organismos financieros multilaterales como ejemplos para el resto de los países.
Los jóvenes salieron a las calles ante la falta de perspectivas económicas cuando esos gobiernos, en lugar de impulsar firmes medidas de emergencia y de protección, avanzaron con políticas sociales regresivas.
El ajuste económico permanente en períodos “normales” consiguen un mayor grado de tolerancia social, pero profundizarlo en pandemia encendió la mecha de una rebeldía latente.
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El Comité Nacional del Paro en Colombia está integrado por sindicatos, organizaciones sociales, docentes, estudiantes, movimientos indígenas y campesinos.
Modelos de desarrollo
El análisis de los últimos 60 años de la economía colombiana se puede dividir en dos grandes períodos: el primero, entre 1960 y 1991, inspirado en el modelo CEPAL, estructuralista, de sustitución de importaciones. En esos años el crecimiento promedio fue de 4,48%, el incremento de las exportaciones anuales de 4,65% y la balanza comercial fue positiva equivalente a 0,51% del PIB.
El segundo período, entre 1991 y 2019, fue una etapa aperturista con un crecimiento menor de 3,35% promedio anual, incremento de las exportaciones de 3,32% y una balanza comercial negativa de -3,3% del PIB. El 2020 de pandemia y en lo que va de este año las cifras son muy negativas en esos indicadores.
Eduardo Verano de la Rosa explica que en los segundos 30 años disminuyó el crecimiento de la industria y la agricultura, lo que da a entender que el modelo económico neoliberal fue menos productivo.
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Colombia adoptó el denominado PAE (Programa de Ajuste Estructural) definido por el FMI, que es un paquete de reformas económicas y políticas que caracterizan ese modelo:
Apertura de la economía a los mercados y al capital internacional.
Recorte del gasto público.
Eliminación de subsidios sociales.
Privatización de empresas estatales.
En general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera en detrimento del desarrollo de empresarios locales.
“El país disminuyó su competitividad, no solo con respecto a los primeros 30 años analizados, sino en comparación con los países vecinos”, indica Verano de la Rosa.
Pone el ejemplo de la agricultura como muestra de ese retroceso. Colombia importó 14 millones de toneladas de alimentos en cada uno de los dos años previos a la pandemia, lo que indica que no ha podido avanzar en el autoabastecimiento.
Para señalar que “la economía no puede depender del petróleo y minería porque demandan poco empleo”.
En 2020 el desempleo aumentó cinco puntos y alcanzó el 15,9% de la población económicamente activa, mientras que la pobreza se ubicó en 38,9%, según datos de la CEPAL.
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Resultados
El presidente Iván Duque Márquez comenzó su mandato presidencial el 7 de agosto de 2018, el cual terminará el 7 de agosto de 2022.
Aunque las reformas neoliberales en Colombia se pueden rastrear desde los años ochenta, es después de la reforma constitucional de 1991 que los gobiernos tomaron las medidas más significativas.
El modelo neoliberal se publicita con un historial de manejo fiscal y macroeconómico prudente, anclado en un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas conocidas.
Sin embargo, los resultados económicos no son buenos en términos de bienestar social y, por consiguiente, en el reparto de la riqueza.
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Las exportaciones están altamente concentradas en materias primas no renovables (petróleo y minería), lo que aumenta la exposición de la economía a los shocks externos de esos precios internacionales. Además, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en ingresos e informalidad del mercado laboral.
Para el Banco Mundial la economía se contrajo 6,8% en 2020 y estima un repunte del crecimiento para 2021-2022, en la medida que el plan de vacunación se desarrolle según lo planeado y que no haya más brotes de COVID-19 que requieran restricciones de movilidad.
Privatizaciones
Uno de los pilares del modelo neoliberal, además de la apertura, extranjerización y financierización, es las ventas de las empresas públicas.
La privatización en Colombia se ha concentrado en tres sectores estratégicos: sector minero energético, comunicaciones y servicios financieros.
La secuencia de este proceso en diferentes gobiernos fue detallado por el investigador de FLACSO Julie Tibocha:
Ernesto Samper, privatización de la generación de energía en 1995.
A partir de 1999, con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a impulsar un amplio programa de privatizaciones.
En 2001, Andrés Pastrana vendió Carbones de Colombia (Carbocol).
En el primer Gobierno de Álvaro Uribe se vendieron la mitad de las acciones de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (Telecom), Ecogas y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB).
En el segundo Gobierno de Uribe se dio inicio al proceso de privatización de Ecopetrol, vendiendo el 11% de la participación estatal.
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos terminó el proceso de privatización del sector energético con la enajenación de Isagen —empresa estatal de transmisión de energía—, en 2016.
Tibocha afirma que “estas privatizaciones reforzaron la tendencia de extranjerización de la estructura de propiedad de las grandes empresas en el país lo cual, sumado a otras políticas de desregulación y liberalización, ha complejizado la tributación y propiciado la fuga de capitales”.
Actividad agropecuaria
Uno de los impactos más notables del modelo neoliberal colombiano es el debilitamiento de la producción agropecuaria a lo largo de las últimas décadas.
Era una actividad inherente a la realidad rural colombiana y donde las políticas económicas han tendido a desproteger la producción y, el consiguiente, consumo de bienes nacionales.
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El documento Racionalización del estado y precarización de la economía campesina, de la Universidad de Antioquia, advierte que la apertura económica y los tratados de libre comercio han estimulado que resulte más barato comprar productos importados que locales, lo cual genera así dificultades para el desarrollo de un mercado de alimentos proveniente de los campesinos, que dinamice las economías familiares y aporte al mejoramiento de la calidad de vida en el campo.
A través de la firma de tratados de libre comercio con diferentes naciones del mundo, como parte de la liberalización e internacionalización de la economía, Colombia puso en competencia una producción agropecuaria poco tecnificada y competitiva, frente a industrias extranjeras globales que producen masivamente a muy bajos costos.
Industria y desigualdad
En Colombia se inició un proceso de apertura a las importaciones en el Gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), quien fuera director ejecutivo del Banco Mundial y embajador en los Estados Unidos.
Dentro de sus políticas fijó la gradualidad en la reducción y eliminación de los aranceles a la importación de bienes industriales, políticas que seguiría César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien profundizó aún más las reformas económicas dando entierro definitivo al modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones.
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El economista John Jairo Martínez-Álvarez escribió en Impacto de las reformas económicas neoliberales en Colombia desde 1990 que las reformas desarrolladas por el Estado, además de un acelerado proceso de desindustrialización, generaron condiciones de privatización, tercerización, informalización, precarización y flexibilización de los trabajadores colombianos.
En el análisis realizado por ocho universidades y centros de estudios de América Latina de los que participa el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes y en base al informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (IDERE-Latam), de 182 territorios analizados en América Latina, concluye que Colombia es el país con las mayores desigualdades territoriales.
El informe incluye 25 variables en ocho dimensiones: educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género.
El modelo neoliberal colombiano explotó por esa base material de deterioro económico y social de las últimas tres décadas, que el Gobierno de Duque pretendió profundizar en el marco de la peor crisis global de los últimos 100 años.
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Con una profunda recesión, tasas de desempleo en alza, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales y jóvenes desencantados por la ausencia de perspectivas, resultó una agresión insoportable para la población la propuesta de una reforma tributaria regresiva.
Al mismo tiempo, se informó la decisión del Gobierno de renovar su flota de aviones militares con la compra de 24 unidades de guerra por un monto de 4000 millones de dólares.
Esta desconexión del Gobierno de Duque con la realidad crítica que vive la mayoría de la población fue el disparador para inmensas movilizaciones populares que están poniendo en jaque al modelo neoliberal colombiano.
