Desde que en febrero de 2022 Rusia decidiera invadir Ucrania, las cosas no solo se han puesto feas en este último país, sino también en el de los invasores. El régimen de Vladimir Putin ha incrementado la represión para luchar contra toda disidencia.
Tal y como recoge el Mirror en un reportaje publicado este domingo, Putin ha introducido varias leyes para reprimir la disidencia. Estas leyes afectan a derechos básicos, incluida la libertad de expresión.
Por ejemplo, la ley que se utiliza ampliamente contra quienes critican la guerra en Ucrania tipifica como delito la difusión de “información deliberadamente falsa” sobre el ejército ruso, con 15 años de cárcel para los condenados.
La Duma esbozó una escala de castigos para cualquiera que haya desacreditado a las fuerzas armadas, con penas más severas para aquellos que difundieran intencionalmente información falsa o llamaran a acciones públicas no autorizadas.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirma que la ley era “urgente debido a la guerra de información absolutamente sin precedentes que se libra contra nuestro país”. Desde entonces, más de 300 personas han sido acusadas o condenadas en virtud de la nueva ley, según el grupo ruso de derechos humanos OVD-Info.
Sin embargo, la ley se ha utilizado contra quienes denuncian los crímenes bien documentados cometidos por Rusia contra Ucrania. Ilya Yashin, exjefe de un consejo de distrito de Moscú, fue condenado a ocho años y medio de cárcel por una transmisión en vivo en YouTube en la que instó a una investigación sobre el asesinato de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha.
Además de eso, el activista opositor Vladimir Kara-Murza fue condnado a 25 años de cárcel por traición y por difundir “información falsa” sobre el ejército ruso, en parte por un discurso que pronunció en el que acusó a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra.
Otra ley castiga a quienes desacrediten al ejército ruso mediante su apoyo a Ucrania o sus críticas a la guerra. Entre las acciones que pueden causar problemas a los críticos se encuentran vestir ropa azul y amarilla (los colores de la bandera de Ucrania), escuchar música ucraniana, escribir lemas contra la guerra en pasteles o exhibir carteles contra la guerra.
Rusia también ha tomado medidas enérgicas contra quienes critican las políticas gubernamentales y son sospechosos de estar “bajo influencia extranjera”, lo que podría significar algo tan simple como recibir dinero de un pariente en otro país. Estos “agentes extranjeros” están siendo borrados de la sociedad rusa, y sus libros han desaparecido de las tiendas y bibliotecas.
Varias organizaciones internacionales también han sido prohibidas en Rusia por ser “indeseables”. Entre ellas se encuentran Greenpeace, varios medios de comunicación rusos y el think tank londinense Chatham House.
Natalia Prilutskaya, de Amnistía Internacional, dice que el Kremlin utiliza las leyes para “legitimar la represión” aprovechando al máximo la vaguedad de la redacción presente en algunas leyes rusas. “Esta vaguedad permite a las estructuras encargadas de hacer cumplir la ley calificar básicamente cualquier actividad como actividad prohibida, o al menos lo hace más fácil”, afirmó.
