El colectivo, que integra a organizaciones como WOLA, recomendó la aplicación de medidas de política exterior para cambiar la “precaria implementación” de los acuerdos por parte del Gobierno de Iván Duque.
Organizaciones civiles de EE.UU. advirtieron al presidente Joe Biden que los acuerdos de paz en Colombia están en peligro histórico, debido a la “precaria implementación” por parte del Gobierno de Iván Duque.
Mediante una misiva, las organizaciones firmantes resaltaron el alto número de exguerrilleros de las FARC que han sido asesinados en los últimos años, así como las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Por causa de su precaria implementación, está en peligro el histórico acuerdo de paz de 2016, uno de los principales legados de la administración Obama-Biden, por su innovador apoyo a las negociaciones. A enero de 2021, 252 excombatientes de las FARC han sido asesinados después de haber dejado las armas”, apunta la carta.
El documento fue firmado por organizaciones como Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective, entre otras.
El colectivo destacó que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ser defensor de los derechos humanos, de acuerdo con el Análisis Global 2020 de Frontline Defenders.
“Los líderes comunitarios colombianos están en peligro, precisamente porque están construyendo la paz sobre el terreno, mientras que el Gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto”, señalaron las organizaciones.
Recomiendan medidas de presión
La carta también solicita a Biden implementar una serie de medidas de política exterior para contribuir a solucionar la crisis de violencia en la nación sudamericana.
Entre esas recomendaciones, proponen “excluir a las FARC desmovilizadas (su partido político, hoy llamado Partido Comunes) de la lista de organizaciones terroristas”, en vista de que la mayoría de los excombatientes “han sido fieles a sus compromisos de abandonar las armas y reintegrarse a la vida civil”.
La propuesta también plantea que, para impedir la violencia selectiva contra los defensores de los derechos humanos, EE.UU. le exija al Gobierno colombiano desmantelar las redes sucesoras de los paramilitares y acelere el cumplimiento de las demandas de tierras y reformas agrarias en favor de los campesinos.
“Exhortamos a su administración a que presione para que se cumplan en su totalidad y oportunamente las reformas rurales del acuerdo, prestando atención a la aceleración de la entrega de títulos de propiedad a los campesinos, en especial a las mujeres”, señala la carta.
Reducir asistencia militar
Las organizaciones también consideraron que la administración Biden “debería ejercer presión para lograr reformas serias y duraderas de los sistemas militar y de inteligencia colombianos”, para lo cual, recomiendan utilizar “todos los mecanismos disponibles para lograr esto”.
En ese sentido, las organizaciones consideran que Washington “debería reducir el paquete de asistencia militar” a Colombia, estimada en unos 250 millones de dólares anuales, “e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil”. La medida de presión, indican los integrantes del colectivo, serviría para que el Gobierno colombiano “responsabilice a los funcionarios de alto nivel implicados en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales“, certificadas recientemente por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Las organizaciones sociales, además, recomendaron terminar con el programa de fumigación aérea e implementar una estrategia de cambio climático para el país sudamericano.
De acuerdo datos de la organización Indepaz, en 2020 se registraron 91 masacres en el 2020, con un saldo de 381 personas. En lo que va de 2021, se han documentado 15 masacres con 59 víctimas, al corte del 25 de febrero.
En febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó que, entre 2002 y 2008, se documentaron 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado y registrados como “bajas en combate”, lo que ha recibido el nombre de “falsos positivos”.
