Tras el consejo extraordinario de seguridad que tuvo lugar en la tarde de este jueves 5 de mayo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que hasta el momento van 18 vehículos y 6 motos incinerados en vías del departamento y 30 municipios afectados por cierres de comercio, bloqueo de vías, hostigamientos a las autoridades y suspensión de algunas actividades por las acciones del Clan del Golfo en medio del paro armado que declaró en respuesta a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Gaviria reiteró su calificación de “terrorismo” a las acciones que en la jornada de este jueves han cometido los hombres del Clan del Golfo y dijo que se han cometido flagrantes violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entre los hechos que resaltó el gobernador está la restricción a mujeres embarazadas para ser trasladadas a centros de salud.
Tres maternas no pudieron ser trasladadas desde El Bagre hacia Caucasia (Bajo Cauca), lo cual constituye también una vulneración a la misión médica, mientras que otras dos tuvieron que ser transbordadas en San Juan de Urabá cuando iban a ser trasladadas hacia Montería. Estos hechos serán denunciados ante instancias internacionales como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), indicó el mandatario departamental.
Asimismo, se tiene la mayor afectación de movilidad en la vía que lleva de Yarumal (Norte) a Caucasia (Bajo Cauca) y se han registrado amenazas y amedrentamiento a medios de comunicación locales en los diferentes municipios. En este punto, el gobernador dio claridad de que no todas las localidades presentan las mismas afectaciones, algunas son solo en zonas rurales, en otras se enfoca en la movilidad, pero en unas más también ha causado suspensión de clases.
Por estas acciones violentas ya van seis capturas en el departamento, según informó el coronel Daniel Mazo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien anotó que se avanza en los procesos de judicialización. De ser hallados responsables, estas personas deberían responder por delitos como terrorismo, que contempla penas de hasta 22 años; daño en bien ajeno, obstrucción a vías y constreñimiento ilegal. Entre tanto, también fue incautada un arma de fuego, una granada y más de 10 aerosoles.
Las medidas para atender la situación
Entre las acciones que se anunciaron tras el consejo de seguridad están recompensas de hasta $10 millones por información que permita capturar y judicializar a los responsables de estos hechos o a integrantes del Clan del Golfo que estén promoviendo el terror en las comunidades.
Específicamente, las autoridades han puesto un foco especial en alias Richard, señalado de delinquir en el Occidente del departamento; “Chirimolla”, en el Bajo Cauca; “Gabino”, en el Norte; y alias 07, en el Nordeste.
Asimismo, el coronel Juan Fernando Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Séptima División del Ejército, informó que se harán patrullajes y caravanas en los ejes viales para garantizar la movilidad y que se reforzará con 500 hombres, especialmente en la vía a la Costa.
En la sede del Departamento de Policía Antioquia se mantendrá activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) hasta nueva orden, desde donde se tomarán acciones pertinentes para atender los hechos y las denuncias que se presenten. Trabajarán en articulación la Gobernación, mandatarios municipales y entidades como el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría, entre otras.
Para este viernes 6 de mayo, se contempla otro consejo de seguridad en el Urabá antioqueño y, si es necesario, las autoridades departamentales se dirigirán hacia otros territorios afectados.
Zozobra, pueblos desolados y camiones quemados: así avanza el “paro armado” del Clan del Golfo
En los inicios del paro armado, el Bloque Central Juan de Dios Úsuga David de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) emitió un comunicado en el que expresaron: “El comandante Otoniel se encontraba honrando sus compromisos con la verdad ante las instancias correspondientes. El presentarlo como un gran criminal para justificar su extradición, en nada beneficia la reconciliación, que es el gran sueño del pueblo colombiano”.
El paro armado fue decretado por la organización armada ilegal entre este jueves 5 y el martes 10 de mayo.