Paro en Colombia: el bolsillo antes que la mascarilla

Las manifestaciones, que se dan en el marco del denominado Gran Paro Nacional, también desafían en Bogotá un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro) emitido en la tarde del martes 27, el cual ordena aplazar las concentraciones “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación”.

Las protestas comenzaron a las 08:00 hora local (13:00 GMT) en plazas y calles de las ciudades capitales, y a media jornada la situación se tornó caótica en algunas de ellas, principalmente en Cali (suroeste), que debió militarizar sus calles y decretar toque de queda tras actos de vandalismo que dejaron un ómnibus incinerado y varios almacenes de cadena saqueados.

“Ante hechos de vandalismo presentados en Cali, di instrucción de enviar cuatro unidades más del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). No vamos a tolerar actos violentos en ningún punto del país. La intervención de la Fuerza Pública se hace bajo los protocolos y garantizando la seguridad”, dice el mensaje publicado por el ministro de Defensa, Diego Molano, en su cuenta de Twitter.

En esa ciudad, más temprano, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) derribó una estatua del fundador de Cali, el español Sebastián de Belalcázar, “en memoria” del cacique Petecuy, “quien luchó contra la corona española (…) para cambiar este sistema de Gobierno criminal que no respeta los derechos de la madre Tierra”, indica en redes ese colectivo.

La situación también es difícil en Bogotá, donde hacia el mediodía (17:00 GMT) los manifestantes mantenían bloqueadas varias vías del sistema de transporte público Transmilenio, lo cual obligó a cerrar 20 estaciones de dicho sistema, mientras que en el noroeste de la ciudad otros más se enfrentaban con la Policía.

“Hundir la reforma tributaria es cerrarle el paso a la reforma pensional y a la laboral y rescatar la soberanía contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, dice un tuit del sindicalista Diógenes Orjuela, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), que integra el Comité Nacional del Paro (CNE), convocante de la protesta.

Aunque la jornada también ha servido para reivindicar la muerte de líderes sociales y excombatientes de FARC, así como para rechazar el proyecto de retoma de fumigación aérea de cultivos ilícitos —el cual es calificado de lesivo contra la salud humana y el medioambiente—, entre otros asuntos, la médula de la protesta es la reforma tributaria.

Pese al caldeo de ánimos desde días atrás por ese proyecto, el Gobierno aseguró que seguirá su trámite en el Congreso y que no la retirará ante las presiones, aunque parezca una iniciativa que nació muerta.

El partido oficialista Centro Democrático (derecha), liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha señalado que no aprueba la reforma tal y como está esbozada, mientras que otros colectivos, como Cambio Radical y el Partido Liberal (centro) sostienen que sus representantes en el Congreso no la votarán.

La pandemia de COVID-19, que durante meses contuvo las protestas contra el Gobierno, que fueron particularmente álgidas, violentas y multitudinarias a finales de 2019 y comienzos de 2020, no fue suficiente para frenar este miércoles a los manifestantes, pese a los llamados que hizo el propio Ejecutivo.

“Las aglomeraciones que tengamos hoy serán las unidades de cuidado intensivo que estaremos solicitando dos semanas adelante”, dijo el martes 27 el presidente Iván Duque, al tiempo que aseguró que su Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero que también se debe “proteger la vida, que es un derecho sagrado”.

Días antes, el excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, quien respalda el paro nacional, sentenció en redes: “¿Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces es fácil: retiren la reforma tributaria”.

El Gobierno colombiano sostiene que la reforma, que regirá desde enero de 2022, es necesaria para pagar las deudas adquiridas para el manejo de la pandemia, reducir el déficit fiscal y mantener el grado de inversión.

Con la iniciativa, el Ejecutivo espera recaudar 23,4 billones de pesos (6.400 millones de dólares), para lo cual impone fuertes tributos a la clase media que se reflejan en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a varios productos de consumo masivo y servicios públicos.

Asimismo, los salarios desde 2,5 millones de pesos (unos 695 dólares) tendrán que declarar renta, mientras que las pensiones superiores a 7 millones de pesos (1.945 dólares) mensuales también serán gravadas a partir de 2022.

De a poco, las voces en contra del proyecto han empezado a hacer mella, pues en las últimas horas representantes del Gobierno han dejado ver la intención de modificar la reforma en puntos clave como no gravar los servicios públicos y modificar otros puntos sensibles relacionados con la canasta básica familiar.

Sin embargo, un nuevo round queda por batirse en las próximas semanas, y ese será, sin duda, el que enfrentará al Gobierno y las centrales obreras sobre quién tendrá la responsabilidad por los contagios y muertes de COVID-19 que deriven de la jornada de este miércoles 28.

El Gobierno se ha establecido como meta alcanzar los ocho millones de vacunas aplicadas al finalizar el mes de mayo, así como vacunar a 35 millones de personas al cierre de 2021, lo que representa el 70% de la población y con lo cual espera lograr la inmunidad de rebaño.

Mientras tanto, Colombia afronta el tercer pico de COVID-19, el más fuerte de una pandemia en la que se han contagiado 2.804.881 personas en el país, de las que han muerto 72.135, cifras en constante crecimiento.