Aunque el candidato Pedro Castillo ya se perfiló como el presidente electo de Perú, la Justicia electoral de ese país todavía debe resolver denuncias de presuntas irregularidades en el proceso. La mayoría de recursos han sido interpuestos por la candidata Keiko Fujimori, que argumenta, sin pruebas, un “fraude en mesa”. Mientras el discurso sigue escalando, al eventual nuevo mandato se lo avizora débil y acorralado por la oposición.
En Perú se están viviendo dos realidades políticas a la vez. La primera, de una victoria clara en el conteo oficial de los comicios presidenciales del 6 de junio: al 100% de actas, Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, figura como el vencedor. La diferencia con su contrincante, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, es de poco más de 44.000 votos. Sin embargo, aún no se puede oficializar qué candidato presidencial ganó el respaldo ciudadano mayoritario.
La otra realidad es la que impide que se defina la primera: ambos partidos, pero mucho más el de Fujimori, impugnaron una cantidad importante de actas electorales. Fuerza Popular alega un “fraude” masivo en las mesas de votación por parte de personas a favor de Perú Libre. Por ello, solicita eliminar más de 200.000 votos. Pero hasta el momento ningún recurso ha sido acogido en primera instancia por falta de fundamento o por trámite extemporáneo. Mientras las eventuales apelaciones no se resuelvan de manera irreversible ante el Jurado Nacional de Elecciones, los resultados no serán proclamados.
No obstante, a estas alturas, parece contrafáctica una resta significativa en los resultados finales que permita la remontada de Fujimori.
El tiempo que toma la definición ha dado margen a una escalada de reclamos, principalmente, desde la orilla en desventaja. La semana pasada, cientos de simpatizantes de Fuerza Popular protestaron en Lima bajo el eslogan ‘Respeta mi voto’, en alusión a la teoría de actos fraudulentos sistemáticos. Adicionalmente, un congresista electo del partido Renovación Popular, afín a la candidatura de Fujimori, publicó en sus redes sociales un pedido para que se anulen las elecciones, advirtiendo que el nuevo gobierno adolecería de legitimidad.
En la semana, inclusive el conductor de un canal de TV sugirió “tomar Palacio de Gobierno”, destituyendo al actual mandatario Francisco Sagasti antes del constitucional cambio de mando.
Además, se reportó que grupos de seguidores del fujimorismo han protestado por varias noches frente a las casas de autoridades electorales, como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y el jefe de la Oficina de Procesos Electorales, Piero Corvetto.
Un nuevo gobierno que se pronostica débil
Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia, la eventual administración del presidente electo partirá indefectiblemente desde una posición vulnerable y debilitada. Primero, cabe recordar que Castillo no es una figura de liderazgo dentro del partido Perú Libre, que lo invitó a postular a la Presidencia. Y, por otro lado, los temores hacia su candidatura —sobre todo, por sus proyectos económicos iniciales en la campaña— llevaron a una intensa polarización, en la cual la mitad del país, encabezada por Lima y las élites, sigue prefiriendo a Keiko Fujimori.
Más probable que tener un régimen autoritario con Castillo es tener mucho más desgobierno que en los últimos cinco años
“Castillo no se presenta como un presidente electo fuerte. Tiene desventajas marcadas como el no tener control de su partido y, además, una oposición importante encima suyo. Uno de los grandes temores que se difundió durante la campaña era que Castillo ‘es una opción comunista’, que en la realidad es casi un imposible porque el comunismo, por lo general, se ha originado de revoluciones sociales y no de elecciones. Pero, digamos, se mantiene ese temor de parte de un sector de la ciudadanía de que Castillo impulse además un ‘proyecto chavista’, ‘bolivariano’, ‘que reproduzca lo visto en Venezuela’. Sin embargo, por sus debilidades conocidas, yo creo que más probable que tener un régimen autoritario con Castillo es tener mucho más desgobierno que en los últimos cinco años, que ya de por sí fueron bastante caóticos”, explicó Sosa a France 24.
A nivel de gestión, la también politóloga Kathy Zegarra Díaz apunta a un posible escenario de ensayo-error y contramarchas; algo parecido al comportamiento de Castillo como candidato, por su falta de experiencia política. Además, están las aparentes pugnas al interior de su partido, fundado y dirigido por Vladimir Cerrón, un exgobernador de la región Junín con una sentencia por corrupción.
“Creo que hay muy pocas certezas sobre cómo sería un gobierno de Pedro Castillo debido a que, en campaña, se lo vio contradictorio en varios momentos. Incluso, hay que decir que tuvo algunos comentarios desatinados o hasta antidemocráticos y luego se retractó sobre ellos. También es válido tomar en cuenta que él es un miembro relativamente nuevo en el partido de Vladimir Cerrón y que este es quien inicialmente impulsó el proyecto partidario hacia la presidencia. Creo que, una vez asumida la presidencia, será fundamental saber si Castillo verdaderamente mantendrá una hoja de ruta (un plan moderado, distinto al ideario original de Perú Libre) y también si tendrá a un equipo que inspire confianza desde un eventual gabinete de ministros”, estima Zegarra.
Paulo Vilca Arpasi, también politólogo, sostiene que, en general, la extensión de la polarización política puede llevar a un deterioro muy rápido del Poder Ejecutivo en turno. Además, cuestiona la poca apertura que ambos partidos han mostrado para integrarse en proyección con otros actores políticos, más allá de las alianzas o los endoses de segunda vuelta.
“Sea Castillo o incluso Fujimori, a mí me queda claro que el gobierno que surja será débil. No solo porque la victoria se da por un escaso margen de votos, sino también por todas estas circunstancias de crispación. Por otro lado, también está el hecho de que ninguno de los contendientes —especialmente, Castillo— ha construido puentes políticos. Para ganar ser requiere votos, pero para gobernar es fundamental hacer política. Genera mucha preocupación porque un gobierno de Pedro Castillo solamente con su círculo o solo con la izquierda tiene pocas posibilidades de salir adelante. Se entendería que ahora mismo la atención está en que se resuelva la fase electoral, pero también ha sido y sigue siendo importante el ejercicio político. Finalmente, la legitimidad también se gana con esto último”, anota Vilca.
La relación con el Congreso, un problema latente
En los últimos cinco años Perú llegó a tener cuatro presidentes y dos Congresos distintos. Esto, luego de graves crisis políticas, principalmente enmarcadas por la tirantez y la confrontación entre ambos poderes. El Congreso que fue electo en las elecciones del último 11 de abril se presenta fragmentado. De los 120 congresistas, 37 pertenecen a Perú Libre, el partido de Castillo, y 24 son de la agrupación fujimorista Fuerza Popular. Sin embargo, por coincidencia en la derecha, varios otros grupos se perfilan como aliados de este último partido.
El politólogo Paolo Sosa considera que la eventual interacción entre un gobierno de Castillo y el Congreso está marcada por algo que no ocurrió en las elecciones del 2016, y es que la corriente de deslegitimación contra el poder entrante ha empezado sin siquiera cerrarse el proceso electoral.
“El cuestionamiento a la capacidad presidencial de Castillo ha iniciado antes de que asuma el poder. Esa es una diferencia muy importante porque con Pedro Pablo Kuczynski (que venció a Fujimori por un estrecho margen de 41.000 votos), por ejemplo, la confrontación desde el Congreso de mayoría fujimorista surgió y fue creciendo conforme pasaron los meses en el gobierno. En el caso actual, el escenario ya es adverso para Castillo sin siquiera habérsele declarado presidente. Eso puede dar cuenta del grado de temor que se ha esbozado sobre Castillo desde cierto sector porque Kuczynski era, a fin de cuentas, un candidato de derecha y, por ello, no tan incómodo para la élite política, empresarial ni para la mayoría de medios de comunicación”, señala Sosa.
Para la politóloga Kathy Zegarra, no se pueden descartar nuevas crisis políticas tan o más complejas que las vividas en el reciente quinquenio. Advierte que, de no haber voluntad conjunta desde el Congreso, la práctica de control político extrema como la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (que fue interpretada contra Martín Vizcarra el 2020 para destituirlo) seguirá a la mano.
Las actitudes antidemocráticas son malas seña
“Considero que Castillo tendrá un Parlamento bastante difícil para dialogar o llegar a consensos. Ya hemos visto lo que sucede cuando un presidente no tiene mayoría en el Parlamento o cuando no tiene popularidad como activo político. No pinta bien. En estos días, hemos escuchado a líderes políticos sugiriendo cuestiones ilegales para rebobinar la elección a solo unas semanas de un cambio de mando. Las actitudes antidemocráticas son malas señales. En realidad, creo que la estabilidad va a depender mucho más de la voluntad política de los nuevos congresistas que de los esfuerzos que pueda hacer Castillo. Pero, volviendo a algo más medular, la propia debilidad institucional de los partidos políticos en el Perú pone difícil ese camino integrado”, explica Zegarra.
El también politólogo Paulo Vilca indica que la relación entre el eventual gobierno y el nuevo Congreso estará determinada por tres hitos importantes: la elección interna del presidente del Parlamento; la selección desde el Ejecutivo de su primer gabinete y la negociación para el voto de confianza; y, finalmente, qué ocurrirá con el ofrecimiento de campaña de Castillo sobre una nueva Constitución. “Creo que esos tres momentos, dependiendo de cómo se enfoquen o negocien, podrían redondear una proyección sobre cómo será el Congreso con el Ejecutivo y viceversa”, expresó.
Además de afrontar un ambiente político hostil, la próxima gestión presidencial deberá enfocarse en una agenda ya prioritaria: el manejo de la pandemia, la continuidad de la vacunación y la salida a la crisis económica.
Otros temas de especial atención son el reforzamiento de la educación, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la respuesta a los conflictos sociales en diferentes regiones del país. La nueva asunción de gobernante está reservada, constitucionalmente, para el 28 de julio, fecha de aniversario de la independencia de Perú. Precisamente este 2021, la república sudamericana llega a su bicentenario.
