La promotora, propiedad del grupo español Keralty, tiene 5,7 millones de usuarios. La Superintendencia de Salud busca administrar la entidad por un año, cambiar al gerente y a la junta directiva y nombrar a un interventor
El Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido en la tarde de este martes a la EPS Sanitas, la entidad promotora de salud es la segunda más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. La decisión de la Superintendencia de Salud se da en medio de una profunda crisis en el Senado, que tiene a la reforma del presidente al borde del hundimiento. Desde que llegó al poder, Petro ha buscado transformar de raíz el sistema de salud y eliminar las EPS privadas, que según él han convertido la salud en un negocio y no en un derecho. El objetivo de su reforma, que hoy sufrió una gran derrota en la Comisión Séptima del Senado y que se votará en la mañana del miércoles, es eliminar la intermediación de las promotoras para que el dinero pase directamente del Estado a las clínicas y hospitales.
Petro justificó la decisión en su cuenta de X: “El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.
Esta intervención ha generado una enorme controversia en el país. Muchos sectores políticos y empresariales se resisten a cambiar un sistema de salud semipúblico porque creen que el modelo ha funcionado bien desde los años 90 -con sus imperfecciones- y que es superior al de otros países de la región. Sus defensores argumentan que resistió el embate de la pandemia y no colapsó en un momento de máxima exigencia. La decisión, además, ha generado preocupación entre los millones de afiliados de Sanitas que esperan que la continuidad de los tratamientos no se vaya a perder y puedan seguir accediendo a los servicios.
Por ahora, el Gobierno no busca liquidar la entidad, sino administrarla, lo que implica cambiar al gerente y a la junta directiva y nombrar a un interventor independiente. En teoría, no habrá un cambio significativo en la prestación del servicio para los pacientes. La intervención ocurrió en la sede principal de Sanitas, en la calle 109 con autopista, al norte de Bogotá.
El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, confirmó la intervención a través de un video publicado en la cuenta de X de la entidad: “La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a esta EPS por un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación”. De acuerdo con Leal, no se alterarán los servicios para los usuarios. “Las funciones de las EPS van a continuar. Los afiliados no deben incurrir en ningún trámite administrativo. Se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios. La medida se toma con el ánimo de proteger la salud de la población”.
Minutos después de conocerse la intervención, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también dio un parte de tranquilidad para los ciudadanos: “El Gobierno y el Ministerio de Salud quieren transmitirle a todos los ciudadanos, a los más de cinco millones de personas que hoy están afiliadas a Sanitas, que pueden estar tranquilos”. Insistió en que los servicios de la EPS seguirán con normalidad: “Aquí los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se van a continuar prestando sin ningún inconveniente. Esto para que ustedes puedan tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”.
La EPS Sanitas es propiedad del grupo español Keralty, que tiene empresas relacionadas con el sector salud en Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana. De acuerdo con el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, esta es una de las EPS que más dinero recibe por concepto de UPC, una tarifa que el Gobierno le paga por cada afiliado. Entre 2019 y 2023, la nación le giró más de 31 billones de pesos (8,3 millones de dólares). “Siguen insistiendo en que no tienen dinero”, ha dicho Jaramillo en varios escenarios. El ministro ha denunciado que la empresa no cumple con las reservas técnicas ni con el patrimonio mínimo que debería tener para prestar un servicio adecuado. Una comisión de auditoría a los recursos de las EPS liderada por la exministra Corolina Corcho anunció este martes que Sanitas tendría un desfalco de 3.06 billones de pesos. En los últimos cuatro años se han intervenido y luego liquidado 13 EPS en Colombia, lo que ocasionó que 6,4 millones de pacientes hayan tenido que cambiar de EPS.
La decisión ha generado una avalancha de críticas en sectores independientes y opositores al Gobierno. El representante a la cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, que fue el primero en alertar sobre la intervención, denunció en su cuenta de X: “El gobierno pretende intervenir a Sanitas de forma inminente. Tras la asfixia financiera viene el despojo. No aprendieron de lo ocurrido con las EPS intervenidas, que empeoraron indicadores tras la intervención. Claramente, los pacientes no son prioridad”. Miguel Uribe, senador uribista, también cuestionó la decisión: “¿Comienza el principio del fin de la democracia? ¿Será una represalia por haber agendado la discusión de la reforma a la salud?”
Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Santos y de educación de Petro fue más allá y alertó que la decisión podría generar millones de muertos: “La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”. José Antonio Ocampo, el exministro de hacienda de Petro, que salió del gobierno por su desacuerdo con la reforma, reforzó los argumentos de Gaviria: “La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el Gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas. El Gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”, escribió en X.
Andrés Vecino, académico experto en sistemas de salud de la Universidad Jonh Hopkins, se expresó en el mismo sentido: “Con la intervención de Sanitas viene la fuga de afiliados sanos que contribuyen solidariamente con su UPC al manejo de los enfermos. Los hospitales empezarán a negar servicios. ¿Quiénes terminan afectados? Los afiliados enfermos que no pueden trasladarse. El gobierno de la vida”. El analista político Héctor Riveros se sumó a las voces de rechazo: “Las intervenciones de las superintendencias se han convertido en verdaderas expropiaciones indirectas. Todas las entidades, de salud, de servicios públicos que han sido intervenidas han sido saqueadas y liquidadas. No se sanean y devuelven a sus dueños como debería ser”.
Ahora, la palabra la tienen los senadores de la Comisión Séptima que este miércoles definirán el destino de la reforma. Si los nueve parlamentarios que firmaron la ponencia de archivo mantienen su voto negativo, el proyecto de ley más importante del Gobierno de Petro se hundirá definitivamente.
