MIAMI — Para la hondureña Betty Mejía los presidentes Joe Biden y Donald Trump son lo mismo. Los dos la han deportado. En el último año ella ha tratado de cruzar ilegalmente cinco veces de México a Estados Unidos. Y las cinco veces ha sido detenida y deportada a México, junto con su hijo y su hija. Para ella, y muchos otros inmigrantes, nada ha cambiado en la frontera.
En junio de 2020, cuando Trump todavía era presidente, “me tiré tres veces porque me decían que ‘sí están pasando’. Y yo entraba, y nada”, le dijo Mejía a Univision en Roma, Texas, poco después de intentar el cruce ilegal una vez más.
En un video aparece su hija pequeña con los pies enlodados y sin zapatos, que perdió en el peligroso cruce por balsa en el río Bravo.
Una de las políticas de deportación más injustas y arbitrarias que existieron durante el gobierno de Trump, la llamada Título 42, sigue hoy vigente en la frontera sur (aunque con modificaciones con las que se permite la permanencia de menores no acompañados). Esa orden, invocada por Trump por la pandemia, posibilita a los agentes fronterizos estadounidenses a expulsar inmediatamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Se reportó que el Departamento de Seguridad Interna ha expulsado a casi 550.000 migrantes en este año fiscal. Pero ya es hora de que el presidente Biden termine con la herencia de Trump en la frontera.
En Estados Unidos más de 169 millones de personas —o el 63 por ciento de la población adulta— han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y el objetivo del presidente Biden es llegar al 70 por ciento de los adultos para el 4 de julio. Por lo tanto, ya no existe la emergencia sanitaria que dio lugar a las políticas de deportación extremas impuestas por Trump.
Hay que eliminar inmediatamente el Título 42 y normalizar el paso por la frontera entre México y Estados Unidos. Y si Estados Unidos dona millones de vacunas a las comunidades fronterizas en México, la apertura total de la frontera entre los dos países podría lograrse en poco tiempo.
Si la política de Trump hacia los inmigrantes se definió por su crueldad, el presidente Biden tiene la obligación moral de, por lo menos, escuchar las peticiones de inmigrantes como Betty Mejía.
Su plan de inversión de 4000 millones de dólares en Centroamérica, para atacar el origen de la migración hacia el norte, tomará tiempo en dar resultados. Lo que urge es un sistema humanitario que pueda atender a quienes están huyendo de la pobreza extrema, de la violencia y de las pandillas. Esa es la responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia y cómo el líder económico indiscutible del continente americano.
También es urgente legalizar a millones de indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
Esta es una promesa pendiente desde la amnistía otorgada por Ronald Reagan en 1986, que hizo elegibles de legalización a los inmigrantes que arribaron a Estados Unidos antes de 1982. Y la excusa, desde entonces, es la de siempre: los republicanos no quieren considerar ninguna propuesta de legalización a menos que se asegure la frontera con México. Pero eso es prácticamente imposible con una línea divisoria de 3175 kilómetros y donde solo en abril la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 178.000 personas en su intento de entrar al país sin autorización. Esa frontera por naturaleza y por historia es porosa.
Cuando le preguntaron recientemente al senador demócrata Richard Durbin por qué no había progreso con los republicanos en sus negociaciones sobre inmigración, dijo sencillamente: “La frontera sur”. Y parece que eso no va a cambiar. Es muy posible que los republicanos retomen el tema de la frontera —y la llegada de miles de refugiados y niños no acompañados— para tratar de recuperar el control del Congreso en las elecciones de 2022. Así que el presidente Biden y los demócratas tienen una sola opción para cambiar las leyes migratorias: o lo hacen solos o no va a pasar nada.
No dudo de las buenas intenciones del presidente Biden. Creo que si el Congreso le enviara una reforma migratoria para legalizar a 10 millones de personas, la firmaría inmediatamente. Pero el tiempo no está de su lado. Esperar es peligroso.
Hace años, el entonces presidente estadounidense George W. Bush alargó sus conversaciones migratorias con el presidente mexicano Vicente Fox, y los ataques inesperados del 9/11 diluyeron la posibilidad de un acuerdo. Después, con Barack Obama en la presidencia, no se presentó una propuesta de reforma migratoria en 2009, cuando su partido controlaba ambas cámaras del Congreso y el país enfrentaba una grave crisis financiera. El problema es que durante el resto de su mandato no consiguió los votos necesarios para aprobarla. El presidente Biden no debe correr esos riesgos. Tiene que apurarse.
Para demostrar su interés en el tema, Biden se reunió hace poco en la Casa Blanca con seis dreamers. La reunión en sí misma fue extraordinaria. Se trata de jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera no autorizada, con sus papás, y que están protegidos de una deportación gracias al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Una reunión así en la era de Trump habría sido impensable.
Estados Unidos “es mi hogar”, me dijo María Praeli, quien participó en la reunión con Biden. Ahora tiene 28 años y llegó de Perú a los cinco años. Para ella es muy difícil “no saber si mi futuro va a estar aquí” pese a que se siente estadounidense. “Ojalá este sea el año que algo pase”, agregó.
Una de las primeras acciones que tomó Biden como presidente fue enviar al Congreso una propuesta migratoria integral. La mayoría de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para los indocumentados, según una encuesta de Quinnipiac University. Pero esa propuesta y varias más están atoradas en el Capitolio.
La única salida es ponerle fin a la práctica conocida en inglés como filibuster —una regla que requiere 60 votos en el Senado— o aprobar legislaciones muy concretas para beneficiar a los dreamers y a trabajadores del campo a través de una maniobra conocida como “conciliación presupuestaria”. Ambas opciones son agresivas y generarían una enorme oposición de los republicanos. Pero ya es hora de tomar decisiones radicales para proteger la vida de millones de inmigrantes como María.
Presidente Biden, el tiempo se acaba. No espere más. Por favor, no cometamos el mismo error otra vez.
Jorge Ramos (@jorgeramosnews) es periodista, conductor de los programas Noticiero Univisión y Al punto, y autor del libro Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump.
