SAN JUAN, Puerto Rico — En Puerto Rico, el salario base de los maestros de escuelas públicas es de 1750 dólares mensuales — una cifra que no ha aumentado en 13 años y que ha obligado a Jessica Colón Cartagena, maestra de educación especial, a dar clases particulares y a tener un negocio de banquetes con su marido para llegar a fin de mes.

“No nos valorizan”, dijo. “No significamos nada para los políticos”.

Así que el miércoles, Colón, de 40 años, no fue a trabajar a su escuela en Cayey, un pueblo de montaña en el centro de Puerto Rico. En lugar de ir al plantel, fue a San Juan, la capital, y se unió a miles de otros maestros, bomberos e integrantes de sindicatos que exigen mejores salarios para los trabajadores al servicio del Estado, mientras Puerto Rico trata de salir de la enorme bancarrota que ha dificultado la vida cotidiana en la isla.

Frustrados por años de bajos salarios y altas tarifas de servicios públicos, y ahora también por el aumento de los precios al consumidor y los costos de la vivienda, los empleados del gobierno, con los maestros a la cabeza, han presionado al gobernador Pedro Pierluisi para que encuentre la forma de sortear el presupuesto anual que fija una junta fiscal designada por el gobierno federal, la cual ha supervisado las finanzas de Puerto Rico desde 2016.

“Estamos aquí por justicia salarial”, dijo Colón. “Yo estoy en una escuela donde se trabaja mucho. Hay un montón de maestras yéndose”.

El creciente descontento surge apenas unas semanas después de que un juez federal aprobó el plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, con el cual se espera que la isla pueda pagar a sus acreedores a una tasa de descuento y hacer crecer la economía. Pero los críticos temen que un futuro sufrimiento financiero sea inevitable. La junta de supervisión aprobó aumentos salariales modestos para varios trabajadores públicos, como los maestros, los bomberos, los funcionarios de prisiones y los agentes de policía, pero ha dicho que el gobierno debe aumentar los impuestos o buscar la manera de ahorrar en otras partidas del presupuesto para poder acomodar aumentos salariales mayores

La situación para los trabajadores públicos se ha dificultado a lo largo de la década de crisis económica y reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Alrededor del 23 por ciento de la fuerza laboral no agrícola está empleada en el sector público, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Al igual que los empleados públicos de otros lugares, los trabajadores habían aceptado salarios más bajos a cambio de mayores prestaciones. Pero muchas de esas prestaciones disminuyeron o se perdieron ante las turbulencias financieras, lo cual dejó a los trabajadores con pocas esperanzas de que no tendrían que aceptar más recortes cuando los acreedores de Wall Street empiecen a cobrar de nuevo. El plan de reestructuración de la deuda redujo aún más las prestaciones de jubilación de los docentes.

“Se sacan 7000 millones de dólares para los bonistas”, dijo José Tirado, presidente del sindicato de bomberos. “Mientras los empleados públicos que son de primera respuesta viven en la pobreza”.

Los bomberos ganan un salario base de 1500 dólares al mes, una cifra que no ha cambiado en 22 años, dijo Tirado, lo que hace que sea un reto reclutar y retener a los empleados. Muchos bomberos trabajan en condiciones precarias en estaciones con daños serios ocasionados por el huracán María en 2017 y una serie de terremotos en diciembre de 2019 y enero de 2020.

Tantos bomberos han dejado la profesión —o se mudaron al continente, donde los salarios son mucho mejores— que el departamento de bomberos de Puerto Rico tiene más de 400 vacantes, comentó Tirado, en la que debería ser una fuerza laboral de 1400 personas. Los agentes de policía y los trabajadores sanitarios también emigraron en masa. La población de la isla disminuyó un 11,8 por ciento de 2010 a 2020 y ahora ronda los 3,3 millones de habitantes

El teniente Víctor Lasalle Acevedo, bombero del municipio de Aguadilla, dice que le gustaría jubilarse dentro de cinco años, cuando tenga 55, tras 33 años de servicio. Pero quizás no podrá permitírselo.

“Me iría con una menos de 700 dólares de retiro al mes”, dijo. “Eso en ningún sitio da para vivir”.

Para asegurarse una pensión mensual de 2000 dólares, tendría que trabajar hasta los 66 años, añadió.

Por ahora, Pierluisi encontró una solución temporal: el lunes les ofreció a los profesores aumentos de hasta 1000 dólares al mes, a partir del 1 de julio, con cargo a fondos federales que se extienden hasta 2024. Dijo que le gustaría encontrar la manera de que los aumentos fueran permanentes. El jueves, Pierluisi ofreció a los bomberos un aumento de 500 dólares mensuales, también a partir del 1 de julio, financiado con fondos federales que expirarían en 2026.

Sin embargo, la promesa de aumentos temporales para los profesores a principios de la semana no sirvió para calmar el creciente descontento. Parte de la frustración empezó a aumentar después de que un profesor llamado Pablo Mas Oquendo murió el 1 de febrero en un accidente de tránsito cuando salía de su trabajo nocturno como guardia de seguridad. Se cree que se quedó dormido por el cansancio de tener tres trabajos.

El anuncio de Pierluisi vino seguido de una ola de ausentismo —una “gripe roja”— de maestros que abandonaron las aulas en protesta. Otros trabajadores públicos, como los bomberos, siguieron su ejemplo. Corría el rumor de que los agentes de policía se les unirían.

Ante la posibilidad de quedarse sin personal de seguridad debido a una huelga generalizada, Pierluisi declaró el lunes que nadie estaba “obligado” a ser policía o bombero y debería considerar otros empleos si no estaba contento.

Esos comentarios no fueron del agrado de muchos puertorriqueños, que los tomaron como un insulto a los trabajadores crónicamente mal pagados. Cuando se le preguntó el martes si se arrepentía de su comentario, Pierluisi dijo que no.

“El que falta al trabajo está faltando al deber, a menos que realmente esté enfermo”, dijo. “Eso no está bien. No existe justificación, uno puede protestar y marchar fuera de las horas laborables”.

Para el miércoles, el día de las mayores protestas hasta ahora, solo el 18 por ciento de los maestros se presentó a trabajar, según el Departamento de Educación de Puerto Rico. Cuarenta y dos de las 96 estaciones de bomberos de la isla cerraron en protesta, afirmó Tirado. Algunos profesores tenían la intención de no presentarse a trabajar el jueves. Se contempla que haya un paro nacional el 18 de febrero.

Pierluisi amplió los aumentos temporales para incluir también a los directores de escuela, superintendentes regionales y otros administradores. El jueves se reunió con los líderes sindicales y dijo que iba a aprobar un aumento de la mitad del salario base de los maestros, para llegar a los 2700 dólares mensuales, y a reintroducir una escala salarial que ofrezca sueldos más altos a los profesores con títulos de posgrado. Los sindicatos de profesores han estado buscando un salario base de 3500 dólares mensuales.

Pierluisi había propuesto un aumento salarial de 1000 dólares para los docentes. No obstante, la junta de supervisión lo rechazó y aprobó un aumento salarial menor, de cerca de 470 dólares mensuales. La mitad del aumento solo aplicaría si el Departamento de Educación mejora su sistema de nóminas y asistencia y los registros de asistencia de los alumnos, cambios que la junta de supervisión ha impulsado para mejorar la gobernanza.

Los trabajadores piensan mantener la presión sobre el gobierno, al ver que ha dado algunos resultados. Pero les preocupa que sus condiciones de trabajo sean insostenibles a largo plazo.

“Yo quiero quedarme en mi país”, dijo Mónica Pérez Santiago, una maestra de primaria de 26 años de Guaynabo. “Triste será el caso en 30 años si las cosas siguen igual”.