Marruecos es el país más reciente en una larga lista de países en los que ha quedado de manifiesto la indignación de la población por los elevados precios de los combustibles.

Las manifestaciones en Marruecos coinciden con el 11er aniversario de la ola de protestas conocidas como el Movimiento 20 de Febrero, inspirado en los levantamientos prodemocráticos de la Primavera Árabe en la región durante 2011.

En la capital, Rabat, la protesta se llevó a cabo frente al Parlamento. Sosteniendo pancartas, los manifestantes gritaron consignas en contra del gobierno por no controlar la desenfrenada alza de precios, que ha llevado a más personas a caer en la pobreza.

Agentes de policía fueron desplegados alrededor del lugar de la manifestación.

Manifestaciones de menor dimensión se llevaron a cabo en otras ciudades del país, donde los manifestantes exigieron una intervención inmediata del gobierno para mejorar el poder adquisitivo de la población.

El ministro delegado a cargo de presupuesto, Fouzi Lekjaa, destacó que el gobierno ha implementado múltiples medidas para aligerar la carga de las familias marroquíes, pero reconoció que siguen siendo “insuficientes”.

El gobierno atribuyó el aumento en los precios de los productos básicos a una combinación de la recuperación económica global postpandemia y al incremento en los precios de granos e hidrocarburos en los mercados internacionales.

El país también resiente las consecuencias de su peor sequía en varias décadas.

El promedio nacional de precipitaciones en su temporada de lluvias es de apenas 7,5 centímetros (3 pulgadas) hasta el momento, es decir un 64% menor a un año normal, según un comunicado del palacio real. Añadió que se han destinado 10.000 millones de dírhams (1.000 millones de dólares) para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrícola y en la economía en general.

El impacto de los altos precios de los combustibles y la inflación se resiente en todo el mundo, acumulando una carga financiera sobre gobiernos, comercios y familias. Los países buscan soluciones a los elevados precios de los servicios públicos y alimentos. Por su parte, agricultores y supermercados le transfieren el incremento de costos a los consumidores, muchos de los cuales enfrentan una crisis en el costo de la vida.