El decreto no señala los motivos para adoptar la medida, adoptada después del refuerzo de las tropas rusas con el reclutamiento de voluntarios y la movilización forzosa en Donbás
Cumplidos seis meses de lo que el 24 de febrero denominó “operación militar especial” sobre Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado este jueves que su ejército sea reforzado con más de 130.000 nuevos militares y que se asigne “el presupuesto que sea necesario” para ampliar su maquinaria de guerra.
El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y establece que el personal total de las Fuerzas Armadas rusas, incluido el no combatiente, se elevará hasta 2,03 millones de personas. Sin embargo, los refuerzos llegarán por el lado de aquellos que empuñan las armas: el Ministerio de Defensa deberá alistar más de 130.000 nuevos combatientes y sumar en total una fuerza teórica de 1.150.628 militares, en torno a un 13% más que el límite fijado hasta ahora.
El decreto de Putin no explica los motivos para adoptar esta medida. Hasta ahora, el ejército ruso había sido reforzado en Ucrania con el reclutamiento de voluntarios a través de empresas de seguridad privadas y con la movilización forzosa de varones en los territorios controlados, especialmente en las provincias de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucrania de Donbás. Estos combatientes, sin embargo, no han sido reconocidos de momento como parte de las Fuerzas Armadas rusas.
El anuncio del refuerzo del ejército ruso ha llegado un día después de que se cumpliera medio año de ofensiva en el país vecino, en la que Rusia, a pesar de su manifiesta superioridad, no ha sido capaz de lograr ninguno de los que Occidente consideraba sus principales objetivos — la ocupación de todo Donbás y el derrocamiento del Gobierno presidido por Volodímir Zelenski—. Además, los recientes ataques del ejército ucranio sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la posibilidad de que Ucrania lance una contraofensiva para recuperar terreno en el sur del país han generado preocupación en Moscú.
La última vez que Putin alteró el tamaño de su ejército fue en noviembre de 2017. El mandatario no había aumentado su tamaño desde entonces, pese a que su preparación para la ofensiva incluyó otras reformas legales. Entre ellas, una norma de finales del pasado año que establecía las dimensiones que debían tener las fosas comunes a partir de febrero, el mes que comenzó la guerra.
“Decreto que el Gobierno de la Federación de Rusia prevea para el Ministerio de Defensa la asignación del presupuesto federal que sea necesaria para realizar esta orden”, recoge el mandato presidencial firmado por Putin. En cualquier caso, esta información no será accesible a los rusos: la mayor parte de las partidas del gasto público han sido ocultadas por el Kremlin desde que comenzó la guerra.
Aversión a ser reclutado
El servicio militar es obligatorio en Rusia, pero sus Fuerzas Armadas están constituidas legalmente como un ejército profesional y teóricamente solo aquellos que han firmado un contrato de trabajo pueden participar en guerras fuera de sus fronteras. Sin embargo, el propio Ministerio de Defensa ha reconocido estos meses que varias personas que solo hacían la mili fueron enviadas al frente ilegalmente. “Se están tomando medidas para evitar el envío de reclutas a las zonas de combate”, aseguró en marzo el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov.
Las autoridades han lanzado en los últimos meses numerosas campañas de reclutamiento, especialmente en las regiones menos pudientes, de donde proceden la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas porque en ellas encuentran un trabajo estable y facilidades para adquirir un piso pasados los años.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente, y el Kremlin ha aprobado varias reformas en los últimos meses para potenciar el alistamiento. Una de ellas fue suprimir el límite de edad, fijado de 18 a 40 años para los rusos y hasta 30 años para los extranjeros.
Asimismo, Putin anunció a principios de marzo un pago de siete millones de rublos (unos 115.000 euros, según el cambio oficial, alterado por las dificultades para cambiar divisas extranjeras) a las familias de los combatientes muertos en Ucrania, y otro de tres millones de rublos a los heridos. Como comparación, el salario medio en el país euroasiático rondó los 62.457 rublos en mayo, según la agencia de estadísticas rusa Rosstat.
Sin embargo, el miedo a ser enviado a la guerra es visible y este temor afectó a la última campaña del servicio militar obligatorio. Cada año hay dos rondas de reclutamiento, a las que pueden alistarse los hombres de entre 18 y 27 años que todavía tengan pendiente cumplir con su obligación. La de esta primavera, que estuvo abierta desde el 1 de abril hasta el 15 de julio, ha mostrado indicios de haber sido un fracaso. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, anunció el 11 de julio que unos 89.000 reclutas habían sido enviados a las Fuerzas Armadas, cuando la cifra total esperada rondaba los 135.000 miembros.
“Teniendo en cuenta la información disponible, apenas entre una quinta y una tercera parte de los reclutas previstos fueron enviados con las tropas a mitad de junio, cuando normalmente al menos la mitad ya están allí por esa época”, escribe Pável Luzin, especialista en las Fuerzas Armadas rusas, en la web del centro de análisis Riddle, declarado agente extranjero por las autoridades del país eslavo.
“Bajo estas circunstancias, uno puede asumir que la campaña de otoño, que arranca el 1 de octubre y acaba el 31 de diciembre, será más estricta y tapará los pocos agujeros legales para aquellos que tratan de evitar el servicio militar”, agrega el experto, quien considera que con las bajas ya sufridas en Ucrania, el ejército ruso tiene disponibles varios cientos de miles de combatientes menos que su fuerza nominal de un millón de hombres, “lo que lleva cada vez más inevitablemente a un agravamiento de sus problemas de organización”.
