Qué efectos económicos está teniendo realmente en El Salvador la “guerra” de Bukele contra las pandillas

Moisés Bazán acaba de aterrizar en el aeropuerto de San Salvador, procedente de la ciudad californiana, y está pletórico.

Faltan tres días para las elecciones en las que Nayib Bukele saldrá reelecto, y este hombre con gorra y barba que tuvo que dejar su oriunda Quezaltepeque por la guerra y huir a los 10 años solo al país del norte no tiene reparo en dejar claro a quién llegó a apoyar y por qué.

“Antes se decía que el voto era secreto, pero yo le voy a mi presidente”, dice señalando la camiseta negra con la foto de su candidato y la bandera cian del partido oficialista Nuevas Ideas que porta y tras la que posa para la foto.

“Lo hago porque hace seis años este era literalmente el país más peligroso, al que uno solo podía volver por pura necesidad o deportado, y ahora ya se puede venir sin miedo y además hacer negocios”, explica, alabando la “guerra contra las pandillas” que hizo que El Salvador registre hoy su índice más bajo de homicidios de las últimas tres décadas y que impulsó a Bukele a un segundo mandato.

Dándose cuenta de que su familia lo espera, me da rápido un folleto en el que publicita tres propiedades en playa a las que decidió llamar Brisas del Mar, Dulce Vita y Coconut Breeze. “Las compré y las fui acondicionando, y ahora las rento por AirBnB”, explica Bazán, quien desde hace 27 años regenta en Los Ángeles un negocio de autos usados.

No es el único. Dice conocer a al menos 20 “hermanos lejanos” —como se les llama en El Salvador a los compatriotas que viven en Estados Unidos— que como él se han involucrado en el negocio inmobiliario para alquiler, “ahora que, aunque los precios estén subiendo como la espuma, todavía se puede comprar para poder ganar”.

A falta de que los grandes grupos empresariales y cadenas hoteleras pongan el ojo y el dinero en el país centroamericano, esa es la inversión turística que por el momento está respondiendo a la tan publicitada mejora en materia de seguridad.

Aunque ese no es el único efecto económico de las políticas antipandillas de Bukele que, al mismo tiempo que una popularidad sin precedentes para un líder latinoamericano, le han valido duras acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones locales e internacionales.

La consecuencia más clara de su Plan Control Territorial —el nombre oficial del programa antipandillas— es un boom turístico que a su vez está generando focos de gentrificación, mientras la economía general sigue estancada, sin reformas estructurales, altamente endeuda y con una gran dependencia de las remesas.

A ello hay que sumar una brecha social cada vez más amplia que para la mayoría de los salvadoreños se hace sostenible por el autoempleo informal.

El ‘boom’ del turismo

Para hablar de lo primero, del auge en la llegada de visitantes extranjeros por la reducción de la criminalidad y del tipo de inversión está atrayendo, la ministra de Turismo salvadoreña, Morena Valdez, nos cita en el bar de un hotel frente al mar, a 40 kilómetros al suroeste de la capital.

“La diáspora es la primera en llegar, pero estamos buscando inversión directa que venga de sitios en los que han desarrollado el sector turístico, tratando de traer lo mejor, y estamos teniendo bastante interés de Colombia, España, República Dominicana”, explica en este rincón de El Tunco.

Esta playa, que le debe el nombre a una inmensa roca semisumergida que en alguna época remota sugería la forma de un “tunco”, como se conoce a los cerdos en El Salvador, siempre fue la meca del surf en el país.

Y hoy es parte de lo que el gobierno de Bukele rebautizó como Surf City, un corredor costero de 21 kilómetros que conforma su principal estrategia para dinamizar la economía y ya está dando los primeros frutos.

“Las olas las tuvimos siempre, izquierdas y derechas, beach breaks y point breaks, con fondos de arena o piedra, pero los surfers no venían por la inseguridad”, cuenta la ministra, quien se jacta de practicar el deporte y destaca la versatilidad de las playas salvadoreñas para ello.

En los últimos años atrajeron campeonatos internacionales de primer nivel, pero no solo eso.

“En 2023 logramos que llegaran 3,4 millones de visitantes, una cifra récord”, dice Valdez, señalando a una pareja de extranjeros que caminan por el nuevo malecón de madera con tablas de surf bajo el brazo.

“Es el equivalente a más de US$3.700 millones de ingresos en divisas, lo que hizo que el sector turístico, que en 2019 era el 5% del PIB, represente hoy el 11%”, explica, al tiempo que asegura que se han generado con ello 300.000 empleos, entre directos e indirectos.

Ese aumento de visitantes lo respaldan asimismo las cifras de la Organización Mundial del Turismo, según las cuales El Salvador es el quinto destino del mundo cuyo turismo más creció desde 2019 (40%).

Los empresarios hoteleros y dueños de restaurantes de la zona están notando este aumento.

Aunque también critican el hecho de que se haya invertido más en la publicidad que en el desarrollo de infraestructura básica para dar respuesta a la afluencia de visitantes, como por ejemplo el suministro constante y confiable de agua potable.

Aseguran, además, que el costo y la organización de muchos de los servicios, desde la seguridad a la limpieza, la asume la propia comunidad con el US$1 que se les cobra a los autos por ingresar a la zona —en días laborales llegan unos 400, los sábados entre 800 y 1.000—, o que infraestructuras como las plantas de tratamiento de aguas residuales se construyeron con préstamos aprobados en gobiernos anteriores.

En ese sentido, tachan a Surf City de ser un mero eslogan, “un cascarón”.

“Si tú me preguntabas hace cinco años, ¿cuál era el problema de los (empresarios) privados? No vienen los visitantes”, responde a las críticas Valdez, quien antes de ser ministra trabajó para el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) y fungió como directora nacional de Marca País.

“Ahora que llegaron, y lo hicieron superando las expectativas de los empresarios y las nuestras, el reto es lograr consolidar el crecimiento y que sea sostenible”, subraya.

Y asegura estar trabajando de la mano con otras entidades así como con los gobiernos municipales para mejorar la distribución de agua, el suministro eléctrico o el manejo de desechos, y también en la formación de profesionales para el sector, iniciativas para las que no pone fecha pero aclara que no van a ocurrir “de la noche a la mañana”.

Gentrificación y amenaza de desalojos

Para quien no visitó El Tunco en años, los cambios son evidentes.

Una nueva carretera que se empezó a construir durante la anterior administración — encabezada por el FMLN, el partido histórico de izquierda— agiliza la conexión del litoral con San Salvador, se han mejorado los accesos a las playas, asfaltado calles y construido paradas de autobús y un malecón de madera de cinco metros de ancho donado por el gobierno de Marruecos.

En una esquina de esta pasarela Vanessa y Óscar ofrecen artesanías, bisutería, juguetes de playa y adornos varios a los visitantes.

“Los turistas no dejan dinero aquí. Vienen a comer, beber y surfear”, se lamenta ella, mientras cuida el puesto y amamanta a su hijo de 2 años.

Él asiente y, al tiempo que diseña una pulsera con hilo, cuenta que la mayoría de los vendedores ambulantes pronto tendrá que dejar la zona, por el “reordenamiento” que se va a llevar a cabo.

No son los únicos que temen ser desalojados.

Es lo que también creen que les espera algunos de los vecinos de El Zonte, otra de las playas que conforman Surf City y que también se conoce como Bitcoin Beach, ya que allí empezó a circular la criptomoneda antes de que se volviera de curso legal en septiembre de 2021.

Son 25 familias que habitan terrenos pertenecientes al municipio de Chiltiupán, en su día baldíos, que ocuparon, acondicionaron y en los que durante décadas han ido levantando sus casas y pequeños negocios.

Las tierras son parte del proyecto Bitcoin Beach Club de Playa, un ejemplo de la infraestructura turística pública que el gobierno también quiere impulsar en la zona, en la línea de Sunset Park, un parque de atracciones para un turismo más local y popular desarrollado con donaciones del gobierno chino en el cercano puerto de La Libertad.

Y aunque en un principio a los colonos se les habló de la posibilidad quedarse el área, en unas construcciones que combinaran vivienda y negocio, la opción que ahora se les ofrece es una casa en una colonia que se está construyendo a 3 kilómetros junto a una planta de tratamiento de aguas residuales.

“Mis seis hijos han nacido aquí y viven aquí, y ahora quieren sacarnos a todos”, le dice a BBC Mundo Paula del Carmen Álvarez, mientras muestra las tres casas en las que vive la familia al completo y la tienda que fueron construyendo en un estrecho terreno entre la carretera y el río desde que llegó al lugar hace 40 años.

“Nos quieren meter a todos en una casita y quitarnos también el sustento, porque aquí, aunque sea unas pupusas, vendemos. Pero ¿quién va a subir allá a comprarnos nada?”, se lamenta.

Son víctimas de la gentrificación, un fenómeno del que también hablan a gritos los carteles que anuncian las nuevas construcciones del litoral: torres de apartamentos y residenciales de lujo.

Apartamentos de lujo como inversión

“Estás más cerca de tu mejor inversión en el corazón de Mizata”, se lee en la valla publicitaria de Ocean Breeze, un proyecto de cuatro torres con 64 apartamentos en otra de las playas de Surf City.

Los apartamentos de Ocean View, un proyecto de seis bloques aún en construcción, se promocionan a un precio de entre US$250.000 y US$$350.000.

Con la mejora de la seguridad, “se está dando un auge de este tipo de viviendas de lujo. Es lo que ahorita se está construyendo en el país”, le cuenta a BBC Mundo Alejandro José Martínez, de la inmobiliaria Bienes Raíces de El Salvador.

Los datos van en consonancia con la realidad que mostró un informe publicado el año pasado por la Superintendencia de Competencia sobre otra de las zonas más codiciadas por las constructoras: que el 88% de la oferta de vivienda nueva en el área metropolitana de San Salvador está dirigida a clientes con ingresos superiores a US$1.500 mensuales.

Se trata de sueldos muy alejados de la media de los salarios en el país. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, a cargo del Banco Central de Reserva, el ingreso promedio del 90% de los hogares salvadoreños es de US$453 al mes.

“Y muchos de los apartamentos se están comprando sobre plano y como inversión por particulares, con frecuencia del exterior”, apunta Martínez, el agente inmobiliario.

“El de la vivienda es un problema estructural en El Salvador, el del déficit, la precariedad y el hacinamiento”, dice la economista Julia Evelin Martínez, quien desde 1998 y hasta el año pasado fue catedrática e investigadora en el departamento de economía de Universidad José Simeón Cañas (UCA).

“Así que no nació con este gobierno, pero se ha ido recrudeciendo con esta política de dejar hacer, dejar pasar, de que el mercado se encargue”, añade.

Ya en enero, durante una charla en la red social X en la que contestó preguntas de la audiencia, Bukele dejó claro que su gobierno no tiene ninguna intención de impulsar medidas para regular el mercado de bienes raíces.

Como “El Salvador es cien por ciento seguro en cualquier lugar”, el precio de las viviendas que “antes estaban en zonas de riesgo” ha empezado a aumentar, lo que ha provocado una “burbuja inmobiliaria”, le explicó el ahora reelecto mandatario a una compatriota residente en EE.UU. que le planteó que las familias en El Salvador no pueden asumir dichos precios.

La demanda se ha multiplicado por el aumento de turismo y la migración inversa, prosiguió, y añadió que “la solución es generar más oferta de vivienda para que la presión no sea del lado de la demanda”.

“Lo que nosotros estamos fomentando ahorita es la construcción de nuevas viviendas”, dijo.

Economía poco dinámica y altamente endeudada

Para la economista Martínez lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario no es más que otra señal de la ampliación de la brecha social y económica en el país.

Y afirma que, para que las mejoras en seguridad se traduzcan en avances en el ámbito económico, son necesarias reformas estructurales, la restauración de la seguridad jurídica, una mayor transparencia en los gastos y contrataciones de los ministerios y otras entidades públicas —mucha de la información fue declarada bajo reserva—, y un plan “claro y coherente” que vaya más allá de la adopción del bitcoin.

Y es que, dos años después de que se volviera de curso legal, el uso de la criptomoneda es anecdótico, a pesar de que los analistas y autoridades concuerdan que ha servido como reclamo sobre todo turístico.

“La cuestión es que seguimos siendo la misma economía de los últimos 20 años, cuyo dinamismo o cuya estabilidad macroeconómica depende de las remesas, porque son estas las que permiten que la economía salvadoreña siga funcionando”, explica, a tiempo que empieza a desgranar indicadores.

Por una parte, la de El Salvador ha sido por quinto año consecutivo la economía que menos ha crecido de la región. Mientras la de Costa Rica crece entre 4,5 y 5%, según datos del Banco Central de Reserva, la de El Salvador creció en 2023 un 2,2%.

Asimismo, se importa más que se exporta —lo que se vende al exterior, sobre todo a EE.UU., son artículos textiles producidos en empresas maquiladoras— , lo que le llevó al país el año pasado a tener un déficit de la balanza comercial de más de US$8.000 millones.

Y eso, tal como indica Martínez, se compensa con las transferencias que reciben los salvadoreños de sus familiares en el exterior. En 2023 las remesas alcanzaron un monto de US$1.181 millones.

“Es dinero que, cuando entra al circuito de la economía salvadoreña a través de quienes lo reciben, empieza a dinamizar el consumo, que genera posteriormente la demanda de las empresas”, explica la especialista.

La salvadoreña es además una economía altamente endeudada, a pesar de que en enero de 2023 Bukele celebró haber saldado un vencimiento de deuda por US$800 millones y cargó en la red social X contra los analistas que habían advertido de un potencial escenario de impago.

Lo logró, de acuerdo a los expertos, con una reforma de pensiones y la renegociación de la deuda, lo que llevó a su vez a un mayor endeudamiento.

Con ello, El Salvador no pagará intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027, pero ese año deberá saldar otro vencimiento de la deuda total del país, esta vez por cerca de US$2.035 millones.

Según datos hasta septiembre de 2023 del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda, la deuda pública asciende a US$19.612,42 millones, a lo que hay que sumar un saldo de la deuda de pensiones de US$9.010 millones.

Así, las dudas sobre la estabilidad financiera son otra de las razones por la cual, según Martínez, la inversión extranjera directa no termina de llegar al país.

Es también lo que refleja el más reciente informe sobre el clima de negocios en el país elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU., publicado en enero, en el que se que afirma que “la deuda pública está en un camino insostenible y crea incertidumbre sobre la capacidad de El Salvador para cumplir con sus compromisos futuros”.

El Salvador ha entablado negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo acuerdo de préstamo, pero hasta la fecha están estancadas.

Y también existe la duda de cómo el gobierno podrá seguir haciendo frente al mantenimiento del gasto en seguridad, cuyo monto se desconoce por haber sido declarada bajo reserva la información relacionada con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) —la megacárcel para pandilleros de “alto rango”—, la compra de armamento y otros materiales, y la contratación de más personal.

El florecer de la “microeconomía” informal

Martínez y otros analistas reconocen que los resultados del Plan de Control Territorial de Bukele sí han tenido efecto en algo que no necesariamente se ve reflejado en los índices macroeconómicos.

“Empresas de distinto tamaño han visto mejorada la situación porque ya no tienen que pagar a los pandilleros la extorsión, algo que antes incluso tenían que incorporar a sus costos de operación”, concede la economista.

Pero lo que señala sobre todo es el florecimiento de la “microeconomía informal”.

“Lo que se llama microempresa pero en realidad son trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, pequeños comerciantes autoempleados, quienes eran los que más pagaban la ‘renta’ de estas organizaciones criminales”, aclara.

No es un grupo menor, teniendo en cuenta que más del 65% de la fuerza laboral está en el sector informal.

Y lo que comenta se hace evidente al recorrer las calles del país, caminar por las colonias o visitar mercados y comedores locales.

“Antes del régimen de excepción cada mes nos venía a cobrar un muchacho, y yo acordé con él que no le iba a dar más que US$15”, le cuenta a BBC Mundo María de la Luz Paniagua, quien regenta un ultramarinos en un pasaje junto al mercado de Colón en Santa Ana, la segunda ciudad más grande del país, situada a 64 kilómetros al noroeste de la capital.

¿Y si no le pagaba?

“Lo amenazaban a uno, pero no así nomás, sino con cuchillo. A él por aquí lo tumbaron una vez y se lo pusieron al cuello”, dice, señalando al hombre que pesa las legumbres que vende a granel.

Ahora, ese gasto que era fijo lo reinvierte en el negocio.

En la terminal de autobuses de la ciudad una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato y vende tickets para una línea que lleva a Ahuachapán, un municipio del departamento homónimo a 44km hacia el oeste, también asegura que la desaparición de los pandilleros de las calles ha traído ventajas laborales a su sector.

“Antes uno pasaba verdadero miedo en este quiosco y había conductores que no podían hacer todas las rutas”, explica, por vivir en una ciudad o un barrio controlado por una de las pandillas y tener que cruzar durante el trayecto territorio dominado por la contraria.

“Un compañero que se llevaron (detenido) equivocado hace unos días dice que va a votar por Bukele porque ahora puede meterse aquí, no tiene restricción. Antes a algunos había que hacerles una ruta casi que a la medida”, señala.

Otra de las profesiones que más se ha beneficiado de la eliminación de esas líneas imaginarias que dividieron durante años prácticamente todo el territorio nacional es la de los repartidores a domicilio.

Durante la pandemia empezaron a surgir con fuerza las empresas que basan su modelo en aplicaciones de entrega de comida a domicilio, y desde entonces han expandido de forma exponencial sus operaciones en el país.

Varias motos de empleados autónomos de una de las más grandes, la multinacional Pedidos Ya —que llegó al país en 2021 y según le dijo a El Diario de Hoy opera ya en 12 de los 14 departamentos y tiene 3.000 negocios adheridos—, están aparcadas en fila afuera del centro comercial Metrocentro de Santa Ana.

Sus conductores esperan a la sombra que se les asigne algún pedido.

Orlando Galicia, el más joven de todos, apenas lleva un mes dedicado a ello y a la pregunta de si hubiera considerado ser repartidos antes de la “guerra contra las pandillas”, contesta con un rotundo “ni loco”.

Para Matías Ruiz es su cuarto año y cuenta que esa misma semana consiguió ingresar por primera vez al mercado Colón. “Antes a la entrada te preguntaban de dónde venías, y si no podías entrar, te quitaban el reloj y la cartera”.

“A otras colonias, si entrabas, salías en bolsa”, dice por su parte Ezequiel Flores.

Aún así, todos se quejan de la precariedad.

— ¿Más allá de la situación de la seguridad, ha mejorado la economía?

— No, eso va a ser mucho pedir. Suerte que yo no tengo esposa ni hijos que mantener, porque con el salario mínimo no alcanza— contesta rápido Ruiz.

— ¿Y cuánto es el sueldo mínimo?

— Quitando todo, le quedan a uno US$170 a la quincena.

Los dejamos conversando sobre el tema, discutiendo hasta qué punto es un problema local o global — “en todos los países hay inflación”, “es por la guerra en Ucrania”…— y cuánto tiene que ver con las decisiones tomadas en el país.

“Por supuesto existe un vínculo entre seguridad y un mejor desempeño económico”, apunta a modo de conclusión la economista Martínez.

“Pero no es una condición suficiente; es una condición necesaria pero no suficiente. Se necesita que esto vaya acompañado por otras medidas, de una forma coherente y confiable de gestión económica y, sobre todo, que genere confianza en lugar de preocupación en las empresas nacionales y en las extranjeras. Ese es el panorama de El Salvador”.