Los diputados brasileños podrían votar este martes un polémico proyecto de ley contra la desinformación que propone regular las redes sociales, que serán responsabilizadas y penalizadas por los contenidos ilícitos.
Bautizado como “PL de las fake news”, el texto está en trámite en el Congreso brasileño desde 2020, pero ganó fuerza después que el pasado 8 de enero bolsonaristas radicales, presuntamente coordinados a través de grupos en plataformas digitales con consignas golpistas, invadieran salvajemente el presidencial Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). El asunto es especialmente polémico en Brasil, un país donde tres cuartas partes de sus más de 210 millones de habitantes usa las redes sociales y hay una fuerte polarización en torno al derecho a expresarse. El oficialismo sostiene que el texto fortalecerá la libertad de expresión, mientras que la oposición, especialmente el bolsonarismo, dice que será un instrumento para la censura.
También las plataformas, como Google, Twitter o TikTok han protestado contra el proyecto de ley, que si es aprobado les impactará de lleno, pues desde entonces serán responsabilizadas legalmente por los contenidos publicados por terceros, cosa que en la actualidad no pasa. Entre otras cosas deberán eliminar contenidos ilícitos en un plazo de 24 horas si el juez así lo determina, so pena de multa de entre 50.000 reales y un millón de reales (entre 10.000 y 200.000 dólares) por hora de incumplimiento.
También serán penalizadas por la divulgación de noticias falsas desde cuentas automatizadas, muy usadas en época electoral, y responsabilizadas por los eventuales daños que causen los contenidos pagados que fomenten, por ejemplo, el discurso del odio. Además, serán obligadas a hacer campañas contra la desinformación, a remunerar a los medios de comunicación por los contenidos o adoptar medidas para proteger a niños y adolescentes redes. El proyecto ya fue aprobado por el Senado y llevaba tres años estancado en la Cámara desde hace tres años. Como sufrió modificaciones por parte de los diputados, si es aprobado ahora, deberá volver a ser votado por los senadores.
El debate entre los diputados será previsiblemente acalorado. El caso de Telegram de la semana pasada puede dar una idea de lo que se oirá en la Cámara. La plataforma quedó suspendida unos días porque, según las autoridades, se negó a dar datos de los integrantes de grupos neonazis que supuestamente estarían alentando a los adolescentes a cometer actos de terrorismo contra la escuelas, como el reciente ataque en dos escuelas en el municipio de Aracruz, que dejó cuatro muertos y varios heridos.
El oficialismo aplaudió la medida, mientras que la oposición bolsonarista la tachó de aberración.
El proyecto de ley “combate las ‘fake news’ y regula las actividades de las plataformas, cualificando el ambiente de las redes sociales. Contrariamente a lo que dice la extrema derecha, lo que el gobierno y nosotros queremos con este asunto es garantía de verdad y democracia”, escribió diputada Maria do Rosario, del Partido de los Trabajadores (PT), la formación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La oposición manifiesta sus temores de que el texto pueda propiciar la injerencia estatal en los relativo a la información. Pese a que el autor del texto, el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), retiró la creación de un ente supervisor creado por el Estado, no aclaró quién ejercerá ese papel.
“En la última versión del PL Fakenews/Censura, la ‘entidad de control autónoma’ fue reemplazado por un sujeto oculto e indefinido, ambos a ser definidos por el Gobierno con el fin de decidir lo que es verdadero o falso en las redes sociales“, escribió el senador y exjuez Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. “El riesgo para la democracia es enorme”, agregó.
Google está desde hace semanas en campaña contra el proyecto de ley. El lunes mostró en su página de inicio un enlace a un artículo titulado “El proyecto de ley de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”.
El texto está firmado por Marcelo Lacerda, Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de la empresa en Brasil, quien afirma que el PL tiene que ser hecho “de una manera colaborativa y constructiva”
“Una de las consecuencias no deseadas, por ejemplo, es que el PL termina protegiendo a quienes producen desinformación, lo que resulta en la creación de más desinformación”, advirtió.
