El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo el viernes que “se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes presuntamente del entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

Rodríguez Pérez era integrante del 27.º Batallón de Infantería cuando sucedió la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, situada en el estado sureño de Guerrero, la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, del mismo estado mexicano.

Encinas afirmó que en las desapariciones y muertes participaron integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal.

“En todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, indicó.

Las declaraciones de Encinas ratifican el informe de la Comisión de la Verdad, presentado la semana pasada, pero sin mencionar nombres de los responsables. Días después de la publicación del documento, las autoridades detuvieron al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y acciones contra la administración de justicia.

Es la primera vez que se señala la participación activa de militares en la desaparición de los estudiantes, tras la negativa del anterior gobierno presidido por Enrique Peña Nieto de incluirlos en las investigaciones, pese a las insistentes denuncias de familiares de los jóvenes y activistas sobre la implicación de elementos el Ejército en los hechos.

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Los nuevos hallazgos del caso, calificado recientemente como “crimen de Estado”, echaron por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” que presentó el gobierno de Peña Nieto sobre ese crimen.

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