Integrantes del batallón Azov, unidad militar de extrema derecha de voluntarios neonazis en Ucrania.
lía General de Rusia anuncia que tiene evidencias de los atroces crímenes del batallón nacionalista ucraniano Azov contra civiles en Donetsk y Lugansk.
“En el proceso participaron defensores de derechos, periodistas y activistas que durante años han seguido la actividad de Azov. Ellos presentaron vídeos y audios, incluidas declaraciones de los testigos, que evidencian las torturas y los asesinatos de civiles, entre ellos niños”, ha señalado este lunes el fiscal general ruso, Igor Krasnov, en una entrevista con el periódico Kommersant.
Krasnov ha asegurado que se habían hallado pruebas de los ataques premeditados del referido regimiento, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra las instalaciones civiles y la colocación de artefactos explosivos en lugares concurridos de Donetsk y Lugansk (este de Ucrania).
Además, ha argumentado que los indicios ponen de relieve el carácter terrorista de los actos, así como el uso de armas y métodos prohibidos de guerra.
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Rusia reitera que no es amenaza para los ucranianos y denuncia que son los radicales que toman como rehenes a los civiles y les utilizan como “escudos humanos”.
Los investigadores, ha consignado el alto cargo, han llegado a la conclusión inequívoca de que Azov actuaba como una formación nazi, cuyos miembros se aferran a la ideología del fascismo, incluidos sus símbolos y consignas.
Asimismo, ha resaltado que los crímenes de los integrantes de Azov podrían compararse, por la crueldad, con los actos de los invasores fascistas alemanes y sus cómplices en los años de la Segunda Guerra Mundial.
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El máximo tribunal de Rusia reconoció el 2 de agosto al batallón Azov como una organización terrorista a petición de la Fiscalía General. El fallo emitido implica la prohibición de las actividades del aludido regimiento en el territorio de Rusia y prevé de cinco a diez años de cárcel y multas de hasta 500 000 rublos (unos 8280 dólares) para los integrantes del grupo.
Ya se han abierto causas penales contra varios miembros de Azov en Rusia en virtud de leyes contra actividades extremistas, mercenarias y otras similares. Ahora, ellos pueden ser procesados como cómplices, participantes y organizadores de una organización terrorista con penas graves.
