Francisco Barbosa cierra su estadía en la Fiscalía General de la misma forma que llegó, rodeado de controversia y en el centro de la discusión nacional. En 2020, recién nombrado fiscal —”el segundo cargo más importante” del país, según advirtió él mismo— causó ruido su extrema cercanía con el entonces presidente Iván Duque, el mejor amigo de sus años universitarios, por las dudas sobre su capacidad para actuar de forma independiente. Y ahora, en su salida, le llueven señalamientos por politizar la institución, cuando él mismo ha declarado que ha hecho “la mejor fiscalía de la historia”. La mayoría de colombianos lo recordarán, para bien o mal, por su gestión en estos últimos cuatro años. El encasillamiento no funciona con él. Era uno antes de ser fiscal, otro en la primera parte de su mandato y uno más en la etapa final. Es imposible predecir si esa mutabilidad va a persistir, especialmente cuando no ha desmentido los rumores de sus aspiraciones presidenciales.

La Corte Suprema de Justicia, en enero de 2020, lo eligió tras varias rondas de votación. No fue sorpresa. Desde días atrás tomaba fuerza su nombre, pese a ser el menos reconocido de la terna que, dos meses antes, el entonces presidente había enviado a ese tribunal. Se impuso sobre abogados más experimentados y que ocupaban mejores puestos en el Gobierno. María Clara González era la secretaria jurídica de Presidencia y Camilo Gómez dirigía la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No sumaron un solo voto. Barbosa, nombrado por Duque en 2018 como su alto consejero para los Derechos Humanos, obtuvo el apoyo de los 16 magistrados que conformaban la Corte en esa época. El día de su posesión, dos semanas más tarde, se encargó de recordarlo. “Asumo el cargo de fiscal general de la Nación como un desafío, no solo por ser el fiscal general más joven de la historia del país, sino por haber sido elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia”, afirmó minutos después de tomar juramento.

A lo largo de su mandato dejaría claro lo mucho que valoraba su imagen. Le auguró a Semana, a los pocos meses de ocupar el cargo, que ya estaba liderando “la mejor fiscalía en la historia”; justificó su elección ante Caracol Noticias diciendo que contaba con la “mayor formación” entre sus contemporáneos; dejó placas conmemorativas a su nombre en sedes de la entidad por todo el país; y hace unas semanas mandó a imprimir 5.500 libros que detallan su paso por el organismo. Y no fue solo cuestión de proyectar su imagen omnipotente: usó su cuerpo de escoltas para pasear a sus mascotas y llevó a su hija a viajes institucionales cuando el país se encontraba confinado, en los primeros meses de pandemia.

Cuando se posesionó, su principal carta de presentación era su trayectoria académica. Luego de coincidir con Duque en la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, estudió una especialización, dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Nantes, en Francia. Posteriormente compaginó su trabajo como asesor jurídico de organizaciones públicas y privadas con la docencia e investigación, dictando cátedras en la Universidad Externado y la Universidad de Los Andes, dos de los centros educativos más prestigiosos en Colombia. El abogado Ramiro Bejarano, profesor emérito del Externado, recuerda que Barbosa intentó ganarse el aprecio de Fernando Hinestrosa, el todopoderoso rector de la universidad hasta su fallecimiento en 2012, para que le designara una plaza como maestro. “No era un profesor de aquellos que los estudiantes destacaran, pero sí muy propenso a tratar de hacerse amigo de todo el mundo”, comenta a EL PAÍS. Desde su columna dominical en El Espectador, Bejarano ha sido muy crítico de la labor de Barbosa en la Fiscalía, incluyendo la más reciente, en la que denuncia haber sido blanco de seguimientos por parte de subalternos del fiscal “sin que se sepa por qué y sin ser notificado”.

Barbosa fue profesor del Externado de 2010 a 2018, cuando Duque asumió la jefatura de Estado y lo incorporó a su Administración. Aquel octenio, cuando empezó a hacerse visible como académico y opinador, es la fase más paradójica y ambivalente de su vida pública. Inicialmente fue un fiel defensor de la negociación con las FARC, asunto polémico del que Duque y su partido, el uribista Centro Democrático, eran opositores. Sus columnas en El Tiempo son prueba de lo que pensaba el Francisco Barbosa de entonces. “Los opositores de la paz deben entender que no es el sometimiento la fórmula para lograrla. La única alternativa para ponerle fin a esta escabrosa guerra es entender de una vez por todas que, más allá de las pugnas políticas, la paz y la justicia prospectiva deben ir de la mano permitiendo la reconciliación. Es el único camino”, escribió en octubre de 2015, colocando las bases al contrasentido que protagonizaría tres años y medio más tarde.

Y es que en 2018 aceptó el puesto de consejero de Iván Duque, un mandatario que fundamentó su narrativa en reprobar lo pactado con la guerrilla. De hecho, en marzo de 2019, fue designado vocero de las objeciones que el mismo Duque presentó al Congreso en contra de la ley que reglamentaba la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que nació con el Acuerdo de Paz. Era el mayor ataque legal a la implementación del Acuerdo. Las objeciones no prosperaron pero la discordancia de Barbosa salió a flote. Además de sus publicaciones —incluyendo un libro titulado ¿Justicia transicional o impunidad?, cuyo prólogo fue escrito por Humberto De La Calle, el jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz— se recordó su fallida postulación para ser magistrado de la JEP. Se confirmó así que había nacido un nuevo Barbosa.

Sus posturas iban acomodándose a la par con los aires de cambio que soplaban en las altas esferas del poder. Otro profesor del Externado, quien pidió no revelar su identidad, le reconoce un talento para adaptarse y abrirse un lugar en espacios sociales cerrados, como los círculos académicos y políticos. “Lee bien el panorama nacional e identifica con claridad qué es lo que le gente quiere oír, así sean cosas polémicas”, manifiesta.

Ya empapado por la tesis del uribismo, su amigo y jefe, el presidente, lo candidatizó para ser fiscal general. Nadie pronosticaba entonces lo que se avecinaba con su elección, cuando llegó a ocupar una situación privilegiada ante el caso judicial más emblemático de las últimas dos décadas. En agosto de 2020, el expresidente Álvaro Uribe, jefe político de Duque, renunció a su curul en el Senado, en medio de la investigación que la Corte Suprema de Justicia adelantaba en su contra por soborno a testigos y fraude procesal. Tras la dimisión, el proceso pasó a manos de la Fiscalía. En su primer semestre en el cargo, los ojos del país se volcaron hacia Barbosa.

El expediente duró poco en su escritorio. Lo asignó rápidamente a Gabriel Ramón Jaimes, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quien procedió a pedir la preclusión del caso, por considerar que no existía mérito suficiente para atribuirle una conducta delictiva a Uribe. Una jueza de Bogotá negó la solicitud. Jaimes se apartó del caso y, desde entonces, Barbosa ha encomendado la tarea a otros cuatro fiscales. La justicia, en tres ocasiones, se ha negado a acceder a la petición de preclusión. El manejo del proceso ha despertado críticas con el fiscal general saliente, al que acusan de favorecer a sus amigos. “Tuvo una Fiscalía con agenda para perseguir a la gente que no era de su agrado, gente que era incómoda para el Gobierno. Además, también se hizo el de la vista gorda con muchos asuntos que debió haber tramitado”, afirma Ramiro Bejarano. Una de las determinaciones que más se le cuestiona a Barbosa fue el archivo del escándalo conocido como la ñeñepolítica, sobre la supuesta compra de votos en favor de Iván Duque durante la elección presidencial de 2018.

Desde la derecha, en cambio, ven su gestión con otros ojos. Para María del Rosario Guerra, exsenadora del Centro Democrático, el trabajo de Barbosa se caracterizó por ser “decente”. “Fue una Fiscalía que buscó darle celeridad a muchos procesos difíciles e importantes, como el que actualmente está en curso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro”, dice en referencia a la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, primogénito del actual primer mandatario, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las pesquisas también giran alrededor de presuntos aportes de dinero por parte de narcotraficantes a la campaña presidencial de 2022.

Dependiendo de la orilla a la que se le pregunte, cambiará la valoración de Barbosa. Según cifras de la propia Fiscalía, en este cuatrienio se capturaron y judicializaron 6.689 miembros de estructuras criminales; se apresó a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo; y se obtuvieron 3.579 condenas por hechos relacionados con corrupción. Otros recuerdan, sin embargo, que no se concretaron grandes avances en casos hito, como Odebrecht. Para el abogado penalista y exfiscal Camilo Burbano hay un asunto adicional que trasciende la capacidad de influencia de cualquier fiscal general y que debe ser tenido en cuenta al evaluar su rendimiento. “Hay una problemática estructural, de varios años, ligada a la congestión judicial y la ineficacia. Habría que ver si, desde su posición, un fiscal puede mejorar eso. Es evidente que falta todavía mucho”, agrega.

Bejarano, Guerra y Burbano están de acuerdo en una cosa: Barbosa dejó que su temperamento lo perjudicara. “Fue prepotente en algunos momentos”, admite la excongresista. La última muestra de este rasgo tuvo lugar el pasado 5 de febrero. En una sede de la Fiscalía en Tunja, Boyacá, se realizó el mantenimiento y arreglo de los baños. Una placa metálica reconociéndole la minúscula obra fue atornillada a la pared del lugar. “Durante la administración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y adecuó esta sede”, señala la lámina.

El resumen de la etapa de Barbosa en la Fiscalía estaría incompleto sin hacer mención a sus frecuentes choques con el presidente Gustavo Petro, de quien convirtió en un claro crítico, y no solo en un contrapeso institucional. Aunque sería injusto achacar todos los enfrentamientos al saliente fiscal —el presidente lo ha responsabilizado de estar buscando un golpe de Estado—, sí ha sido abiertamente confrontacional. Si bien en algunas oportunidades empleó las vías institucionales para expresar su disentimiento con Petro, como cuando expuso sus reproches a la ley de Paz Total, también rebajó el debate a niveles sin precedentes. Comparó al primer mandatario con Pablo Escobar y lo calificó como “dictador”, entre otras declaraciones. Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, ve una maniobra calculada en esa actitud de disputa. “Es un posicionamiento de su figura, su nombre, como parte de la oposición. Eso no está bien en una democracia. El fiscal no desaprovechó ocasiones para salir en titulares, para hablar de lo que es y debe hacer un presidente, cuando muchos podrían decir que antes de Petro no tuvo esas mismas actitudes”.

Barbosa no niega, pero tampoco confirma que tenga aspiraciones electorales. “Cada vez que yo hablo dicen que estoy en una campaña política cuando lo que me interesa es cumplir con mi función de fiscal y lo haré hasta el 13 de febrero”, fue la respuesta que dio a Caracol Radio. Si decide ser candidato, sus acciones en la Fiscalía serán un factor determinante cuando los colombianos lo evalúen. Su capacidad de adaptarse a las circunstancias saldrá a relucir, otra vez.