La oposición presentó una acusación para destituir al presidente de Chile por la polémica venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal. Expertos chilenos explican a El Comercio los alcances del histórico proceso
A este punto, es claro que Sebastián Piñera no saldrá del palacio de la Moneda por la puerta grande. Los últimos meses que le quedan a su gobierno -ya complicado por los rezagos del estallido social, la pandemia, una profunda crisis institucional y recientes fracasos electorales- se verán sacudidos por un histórico pedido de destitución en su contra, el segundo que el presidente de Chile enfrenta en su gestión.
Diputados de todos los partidos de la oposición presentaron este miércoles una acusación constitucional para destituir al presidente de derecha por la polémica venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. Específicamente, el mandatario fue acusado de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.
La iniciativa busca aclarar el papel del mandatario en la venta a un empresario amigo del proyecto minero y portuario Dominga, firmado en Islas Vírgenes Británicas en diciembre del 2010, a nueve meses de iniciar su segundo mandato presidencial (2010-2014).
“Esta acusación se interpone en un momento muy complejo para Piñera, quien ya estaba en problemas por este caso”, dice a El Comercio Paulina Astroza, abogada chilena y profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, quien enfatiza que la acusación para destituir al mandatario se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios en la misma operación financiera.
Aunque el proceso que busca la destitución de Piñera recién ha iniciado en la Cámara de Diputados, Astroza considera que la acusación tiene buenas posibilidades de avanzar.
Una comisión evaluadora integrada por 5 de los 155 diputados, que ya se eligió este miércoles, redactará un informe sobre los hechos y emitirá una resolución no vinculante. Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición.
Javier Sajuria, académico chileno y profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de la fundación Espacio Público, explica que, a diferencia de la primera acusación constitucional contra Piñera -donde se le sindicó por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos después del estallido social de octubre del 2019-, esta vez la decisión de la oposición en la Cámara de Diputados es clara.
“Toda la oposición ha presentado de forma bastante unida esta acusación entonces es poco probable que esa acusación se caiga en la Cámara de Diputados. Con ello se acusa oficialmente al mandatario ante el Senado”, seña a este Diario.
Con la luz verde de la Cámara de Diputados, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.
El factor electoral
Debido a la conformación del Senado, para que la destitución del presidente sea aprobada sería necesario contar con votos de al menos cuatro senadores del oficialismo. “La única forma en que esto prospere al punto de que Sebastián Piñera tenga que salir del poder es que sean sus propios aliados los que lo terminen abandonado y eso es bastante poco probable, aunque no imposible”, dice Sajuria.
Al evaluar los posibles escenarios en el Senado, los expertos apuntan al peso que tendrá en el proceso el periodo electoral en curso. A menos de dos meses de los comicios presidenciales en Chile las estrategias podrían ir en rumbos opuestos si se privilegia el éxito personal o colectivo. La reciente acusación de presunta financiación irregular de su campaña al candidato de la derecha, Sebastián Sichel, que debilita aún más a la derecha, también podría influir.
“Como están las cosas hoy día, muchos de los rostros del oficialismo están criticando a Piñera, algunos de los cuales quieren la reelección como senadores. Por lo tanto, si se percibe que Piñera puede no seguir en el poder y que el candidato de la derecha está muy tocado y que la derecha no va a ganar, eso abre un espacio para que algunos senadores oficialistas, buscando asegurar su puesto en el Parlamento, estén evaluando votar a favor de esta acusación contra el presidente”, considera Astroza.
Por su parte, Sajuria apunta que, si bien Sebastián Piñera ha ido perdiendo apoyo dentro de su sector y eso puede jugarle en contra, su caída significaría también la caída de todo el gobierno, lo que también afectaría gravemente a su sector en las elecciones.
“Más allá de toda la rabia que puede haber en ciertos sectores de la derecha hacia Piñera, yo creo que pueden primar factores más estratégicos respecto a cuánto daño le va a hacer al sector una acusación que termine con la destitución del presidente”, indica.
“Golpe final”
Los analistas coinciden en que el de Sebastián Piñera es un gobierno absolutamente debilitado, al que la acusación constitucional le da la estocada final.
“Esto es el cierre de un muy mal gobierno, que no la ha tenido fácil tampoco porque le tocó el estallido social, la pandemia, el aumento de la violencia en la Araucanía, la derrota de la derecha en las elecciones de los convencionales constituyentes, el fracaso del oficialismo en las elecciones de gobernadores, el oficialismo perdió muchas alcaldías y concejalías. A su sector político le ha ido muy mal y algunos lo atribuyen al mal desempeño del gobierno”, dice Astroza.
Agrega que los propios partidarios de Piñera afirman que lo ha hecho mal. “Las encuestas son muy malas para él, Piñera llegó a tener un 6% de aprobación, las últimas encuestas le dan un 14% o 15%, que sigue siendo bajísimo. Piñera está muy debilitado políticamente”, señala.
Sajuria agrega que, aunque el presidente recuperó cierto liderazgo durante la pandemia y eso le dio una especie de segundo aire, “por lo menos desde el plebiscito de octubre del 2020 el de Piñera ha sido una especie de gobierno zombie, donde solamente han administrado los pocos espacios de poder que le queda ante un Congreso que está muy envalentonado”.
“Es la peor pesadilla del presidencialismo. Yo creo que la acusación constitucional es una piedra final, un golpe final. No creo que haya un antes y un después en el sentido de que, si bien la acusación es por hechos que no se conocían, al final del día no es algo que cause sorpresa en la gente. Esto simplemente refuerza la noción de que su gobierno en la práctica terminó hace tiempo y que él solo se encuentra flotando en un espacio gris hasta que sean las elecciones”, concluye.