Irán pide ante la CIJ la liberación de sus fondos congelados por EE.UU., al que acusa de crear una “industria de litigios” contra el país persa.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos) ha celebrado este lunes, 19 de septiembre, la primera audiencia pública en el caso de la denuncia de Irán sobre sus activos congelados en EE.UU. Sesiones similares se realizarán hasta el 23 de septiembre.
Irán fundamenta su denuncia, llevada ante la justicia en 2016, en el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, firmado por ambos países en 1955, y reclama a la CIJ que ordene a Washington desbloquear los fondos.
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La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado el decomiso de 2000 millones de dólares de los fondos iraníes para lo que dio en llamar “la indemnización de las víctimas del terrorismo”.
El representante de Irán, Tavakol Habibzade, ha declarado este lunes ante la corte que “al hacerlo [bloqueo de fondos], Estados Unidos creó una verdadera industria de litigios contra Irán y las empresas iraníes”.
Irán ha denunciado las medidas hostiles del Gobierno de Estados Unidos para piratear los activos de la nación persa en medio de la lucha contra el coronavirus.
Por su parte Vaughan Lowe, otro abogado de Irán, ha ratificado la postura de Teherán, subrayando que el país persa “niega ser responsable de las lesiones sufridas por las víctimas” de ataques terroristas.
“La legislación de Estados Unidos no se ocupa de las pruebas, la atribución, ni la responsabilidad”, ha dicho Lowe.
Ya en 2019 y rechazando los argumentos presentados por Washington, los jueces del tribunal dictaminaron que Teherán puede seguir tramitando su reclamación y exigir el desbloqueo de sus fondos.
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De hecho, el más alto tribunal de las Naciones Unidas se declaró competente para juzgar la reclamación por Irán de 2000 millones de dólares en fondos retenidos por EE.UU.
No fue la primera vez que el país norteamericano se enfrentó con un revés de estas dimensiones y vio sus argumentos refutados por la CIJ.
Después de que EE.UU. se retirara de manera unilateral del acuerdo nuclear en 2018, la corte internacional ordenó a la Administración estadounidense, entonces presidida por Donald Trump, poner fin a nuevas sanciones contra Irán teniendo como objetivo los bienes para usarlos con fines humanitarios.
