El fiscal del Estado impide a los agentes federales el acceso a Shelby Park ordenado por el Supremo. Estados Unidos registró 300.000 cruces ilegales en diciembre, la mayor cifra en la historia
“Ya no hay nadie cruzando aquí, señor presidente. Hemos resuelto el problema. Puede llevarse a la Patrulla Fronteriza a otro lugar”. Estas han sido las desafiantes palabras de Dan Patrick el número dos del Gobierno de Texas, en Shelby Park, un parque público en el condado de Eagle Pass que lleva días en el centro de la disputa entre las autoridades locales y la Administración de Joe Biden. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este lunes la razón a Washington y ordenó a la Guardia Nacional retirar el alambre de púas y permitir la entrada de los agentes federales para reforzar la vigilancia de la frontera. Esto no ha sucedido cuatro días después y no parece que vaya a suceder pronto.
Patrick, el vicegobernador del bastión republicano, ha afirmado este viernes que si los agentes de la Patrulla Fronteriza quitan el alambre, los soldados de la Guardia Nacional volverán a colocar la barrera durante la noche. Washington ha enviado a la zona, que está junto al río Bravo, maquinaria pesada para retirar la concertina y fijó este viernes como plazo para recibir una respuesta de parte de Abbott.
El Gobierno federal solicitó el martes a las autoridades de Texas permitir el paso a los agentes de la Patrulla Fronteriza al parque, que tiene presencia de la Guardia Nacional desde el 10 de enero. “El Estado solo ha permitido el ingreso a Shelby Park al público que visita un memorial, la prensa y gente que va al campo de golf aledaño, mientras restringe el paso de los empleados federales”, indicó el texto del Departamento de Seguridad Interior.
“La petición ha sido negada”, ha respondido esta tarde Ken Paxton, el fiscal general de Texas. En una carta dirigida al abogado general de Seguridad Interior, el funcionario afirma que la Patrulla Fronteriza se retiró voluntariamente de Shelby Park en 2023, lo que “redujo deliberadamente su habilidad de responder a emergencias médicas” en la zona.
Paxton asegura que el lugar donde está instalada la Guardia Nacional es propiedad de la ciudad de Eagle Pass y no es zona federal, por lo que no hay motivo para retirar a los soldados. “Sugiero de manera respetuosa que el tiempo utilizado para demandar a Texas sea dirigido para reforzar las leyes migratorias ya existentes”, señala Paxton.
El presidente Biden ha lanzado un envite al ala dura republicana. El mandatario se dice dispuesto a cerrar la frontera con México el día que el Congreso apruebe una ley que se está negociando en el Senado. Esta permitiría al Ejecutivo suspender los cruces cuando la zona “se sature”. El acuerdo, que necesita el voto de los republicanos, también proveería a la zona con 1.300 agentes de la Patrulla Fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1.600 oficiales especializados en asilo y 100 máquinas de vigilancia. Donald Trump, sin embargo, ha exigido a los legisladores de su partido no aprobar el pacto para evitar a Biden un triunfo en la materia en un año electoral.
El gobernador Abbott, quien se encuentra de gira en India, había elevado la tensión horas antes. Desde el programa de Tucker Carlson, uno de los faros periodísticos de la derecha dura estadounidense, aseguró que está preparado “para continuar construyendo estas barreras, con alambre u otros objetos”.
Abbott usó el mismo tono en un duro comunicado publicado el miércoles. “En lugar de perseguir a los inmigrantes por los delitos federales que cometen al llegar ilegalmente, el presidente Biden ha enviado a sus abogados a los tribunales a demandar a Texas por tomar acciones para proteger la frontera”, escribió el gobernador. Abbott asegura que más de seis millones de personas han entrado ilegalmente al país en tres años de la Administración Biden. “Eso es más que la población de 33 Estados”, escribió el mandatario, quien asegura, sin probarlo, que el presidente ha instruido al Gobierno federal a no detener a los migrantes.
Las autoridades de Texas han declarado una invasión y han invocado las leyes en la Constitución local para que la entidad “se defienda y proteja a sí misma”. “Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para defender a Texas”, ha dicho Abbott este viernes. El republicano, uno de los más duros simpatizantes de las políticas anti migrantes de Trump, señala que otros 10 Estados han enviado guardias nacionales a la zona para combatir los cruces ilegales. De acuerdo a la cadena Fox, 25 gobernadores (todos republicanos) respaldan a Abbott en su enfrentamiento con Washington. Una de ellas, Kristi Noem, de Dakota del Sur, una región a casi 2.000 kilómetros de la frontera, estuvo en Eagle Pass este viernes.
Algunas voces demócratas han pedido a Biden usar sus poderes para hacer de la Guardia Nacional de Texas una fuerza federal. Existen antecedentes de esto. Uno ocurrió en 1957, cuando el presidente Dwight Eisenhower hizo federales a los agentes de Arkansas. Esto, ante la creciente tensión racial que provocó la desegregación de una escuela en Little Rock. El gobernador del Estado, el demócrata Orval Faubus, se había negado a actuar para no tensar más las cosas, pero Washington intervino para hacer cumplir la ley que indicaba que negros y blancos podían acudir a las mismas aulas.
Récord de cruces ilegales
En medio del duelo entre Texas y Washington, el Gobierno de Biden ha dado a conocer el número de cruces ilegales para diciembre. Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicaron que se registraron 302.034 encuentros (detenciones) en la frontera con México. Es la cifra más alta registrada en un solo mes en la historia.
La agencia federal asegura que en lo que va de 2024 se ha registrado una baja de 50% en los cruces ilegales, de acuerdo a cifras preliminares. Para desincentivar el flujo migratorio, el Gobierno de Biden ha reactivado la deportación de los inmigrantes irregulares. En el segundo semestre de 2023 unas 472.000 personas fueron devueltas a sus países de origen. Entre estas se encontraban 78.000 migrantes que habían cruzado en familia. “La mayoría de las personas encontradas en la frontera sur en los últimos tres años han sido devueltas, retornadas o expulsadas”, asegura que Gobierno. El número de deportaciones registradas en los últimos seis meses de 2023 supera el total anual de repatriaciones desde 2015.
